El diputado demócrata Bernard Frank –preside la comisión de servicios financieros- celebrará audiencias este mes y el próximo. Su objeto es afinar y mejorar controles sobre las firmas de valores, un negocio que especula con US$ 325.000 millones en títulos. Frank busca imponer a esas entidades exigencias sobre liquidez y capital similares a las de los bancos comerciales.
Eventualmente, el resultado será una ley como la que, en 1991, creó la agencia federal de garantías a depósitos (FDCIA es la sigla norteamericana). El mecanismo obligará a que los reguladores intervengan si esas firmas –disfrazadas a menudo como “bancas de inversión”- dejan de cumplir con requisitos sobre capital.
Sea como fuere, la Reserva Federal deberá exigir, aunque no quiera, más transparencia en los estados contables de esos intermediarios financieros, poco dados a divulgar sobre sus operaciones. Tarde o temprano, lo mismo alcanzará a fondos de cobertura (derivados) y extrabursátiles (compras apalancadas, hoy en decadencia). Obviamente, un sistema de esas características reducirá utilidades de esas firmas y las escandalosas bonificaciones a sus ejecutivos.
Por ejemplo, esa eventual legislación hará que aumenten las garantías colaterales sobre derivados, futuros y opciones. Igual sucederá con operaciones hipotecarias o paquetes de bonos resultantes. En cuanto a salvatajes, Frank y su comisión desean evitar abusos como los US$ 29.000 millones autorizados por la RF para que JP Morgan Chase sacase de la bancarrota y comprara Bear Stearns.
