La modificación se aprobó tras una acalorada sesión del Congreso bicameral, en la que el oficialismo atribuyó en buena medida la delicada situación fiscal al impacto de “la crisis global” y la oposición denunció la “irresponsabilidad” del gobierno de Dilma Rousseff.
La decisión parlamentaria constituyó un triunfo para las autoridades federales, ya que, si no lograba modificarse la meta de déficit fiscal, Rousseff se iba a ver en problemas para afrontar diversos compromisos, entre ellos viajar a la Argentina el 10 de diciembre a la asunción del mandatario electo Mauricio Macri, quien la visitará pasado mañana en Brasilia.
A principios de año, los presupuestos presentados por el gobierno calculaban para el ejercicio 2015 un superávit de 1% del PIB, pero esa meta fue progresivamente revisada a la baja a medida que pasaron los meses y la crisis económica del país se fue acentuando.
En junio pasado, la previsión de superávit bajó al 0,15% del PIB y dos meses después fue corregida nuevamente, pero para convertirse en un déficit de casi el1 %, que finalmente fue revisado otra vez y llegó a cerca de 2%.
Según sostiene el gobierno, la revisión de la meta responde al agravamiento de la crisis que atraviesa el país, cuya economía, de acuerdo a datos oficiales divulgados este martes, cayó un 1,7 % en el tercer trimestre de 2015 respecto a los tres meses precedentes y un 4,5% en relación al mismo período de 2014.
De acuerdo con esos datos, entre enero y septiembre pasados el Producto Interno Bruto (PIB) se encogió un 3,2%, sumó su tercer trimestre consecutivo en rojo y alcanzó ya la tasa de contracción que los analistas del mercado financiero prevén para todo 2015.
La nueva previsión de déficit aprobada hoy incluye unas deudas calculadas en 57.000 millones de reales (unos 14.805 millones de dólares) que el gobierno mantiene con la banca pública, que hasta ahora no habían sido contabilizadas en los balances oficiales.
Esas deudas son consecuencia de que el gobierno dejó de depositar en la banca pública, usada como agente de pagos, parte de los montos previstos para seguros de desempleo, subsidios a las familias más pobres y créditos para campesinos, entre otras obligaciones.
El Tribunal de Cuentas, organismo de contraloría del Estado, ha considerado que el gobierno ha incurrido en “irregularidades graves” al dejar acumular esas deudas y valerse de los recursos de la banca pública para garantizar el pago de sus compromisos legales.
Según la oposición, se trata de un “delito de responsabilidad fiscal”, que la Constitución contempla como una de las causas que pueden llevar a la destitución de un mandatario.
