Por otra parte, la próxima elección presidencial en Chile reactivas viejos debates en torno del sistema. En esencia, “algunos cuestionan su capacidad de impdewir que los pasivos se conviertan en pobres”, apunta Olivia Mitchell, directora de investigaciones sobre esquemas de pensión en la escuelka de negocios Wharton.
“Muchos analistas salen a proclamar lo bein que funciona y la excelente cibertira del sistema chileno. Algunos de sus rasgos se publicitan en medios norteamericanos simplementye porque la reforma de la seguridad social es tema candente”. Pero ciertocolumnistas y altos funcionarios, inclusive Alan Greesnpan (a punto de jubilarse en la Reserva Federal), tienden a exagerar.
Chile puso en marcha su sistema de caoitalización en 1981, arguyendo –como lo hace ahora la Casa Blanca- el colapso del régimen estatal de reparto. Su clave no era barata, pues exigía a los trabajadores aportar 10% de sus inbgresos nominales vía cuentas de ahorro privadas. Once países latinoamericanos tomarían luego elementos del esquema, cuyo objeto era sunstituir cajas jubilatorias estatales (técnicamente en bancarrota) por cuentas individuales.
“Este modelo de reforma se exportó y se toma como ejemplo, pues ha deparado a sus adherentes 10% de retorno desde su incepción. Sin embargo –señala Mitchell-, no está claro que este buen desempeño persista en el futuro ni que ouyeda imitar en otras economías. Mucho menos, en tan avanzadas co o la estadounidense o la alemana”.
En dicimebre de 2004, el Banco Mundial sacó un informe fuertemente segado en favor del sistema chileno, hecho por analistas financieros de esa nacionalidad. Se lo definía como la forma de seguridad social perfecta para cualquier economía de mercado (la mayoría de las líderes no lo es).
Para aportar al debate, Mitchell y dos investigadores de la universidad de Pennsilvania se dedicaron a revisar bases de datos chilenas. Una de sus procupaciones hacía a la “densidad de aportes”, o sea patrón de contribuciones en la vida activa. Si la gente no paga lo bastante, no acumulará fondos suficientes para gozar de pensiones o jubilaciones adecuadas.
En el país trasandino, todos los empleados en relación de dependencia deben aportar al sistema. Los autónomos y cuentapropistas, a diferencia de EE.UU., no tienen esa obligación, pero puden adheris voluntariamente. Mitchell descubrió que, de acuerdo con resultados preliminares, el empleado promedio ha aportado la mitad de su vida útil. “Esto sugiere que debiera haber acumulado los fondos suficientes para percibir algún tipo de beneficio jubilatorio”.
Pero la situaci´pon cambia cuandio se trata de grupos familiares, dado que hasta tres cuartos de la mano de obra femenina no ha aportado regularmente. Ese grupo no sobrará jubilaciones o pensiones suificientes para afrontar emergencias o tratamientos médicos por más de seis meses.Mucho menos, terapias de alta complejidad. Curiosamente, “las situación de su equivalente norteamericano es más severa´y podrían hacerse crptica si Washington pasase a un modelo como el chileno”.
En el plano social, Chile muestra una notable desventaja: a diferencia del trabajador estadounidense, el chile es una “semialfabeto financiero”. O sea, muy pocos conocen su sistema jubilatorio y la mayoría se expone a sopresas desagradables. Por ejemplo, 90% de una vasta muestra consultada enm área urbanas no tiene idea de las comisiones y otrsop cargos que les debita el sistema.
La primera ola de jubilados con no menos de veinte años en el sistema chileno empieza a cobrar este año o el próximo. “Resulta interesante notar –apunta Mitchell- el npumero relkativamente alto de nuevos pensionados que optan por convertir las jubilaciones en seguros de renta vitalicia”. Ocurre que, en ese país, no existe cobertura de seguridad social y la gente debe arrglárselas por su cuenta. Esos apecto poco mencionasdos del sistema chileno salen a lua al caloir de la campaña electoral.
Por otra parte, la próxima elección presidencial en Chile reactivas viejos debates en torno del sistema. En esencia, “algunos cuestionan su capacidad de impdewir que los pasivos se conviertan en pobres”, apunta Olivia Mitchell, directora de investigaciones sobre esquemas de pensión en la escuelka de negocios Wharton.
“Muchos analistas salen a proclamar lo bein que funciona y la excelente cibertira del sistema chileno. Algunos de sus rasgos se publicitan en medios norteamericanos simplementye porque la reforma de la seguridad social es tema candente”. Pero ciertocolumnistas y altos funcionarios, inclusive Alan Greesnpan (a punto de jubilarse en la Reserva Federal), tienden a exagerar.
Chile puso en marcha su sistema de caoitalización en 1981, arguyendo –como lo hace ahora la Casa Blanca- el colapso del régimen estatal de reparto. Su clave no era barata, pues exigía a los trabajadores aportar 10% de sus inbgresos nominales vía cuentas de ahorro privadas. Once países latinoamericanos tomarían luego elementos del esquema, cuyo objeto era sunstituir cajas jubilatorias estatales (técnicamente en bancarrota) por cuentas individuales.
“Este modelo de reforma se exportó y se toma como ejemplo, pues ha deparado a sus adherentes 10% de retorno desde su incepción. Sin embargo –señala Mitchell-, no está claro que este buen desempeño persista en el futuro ni que ouyeda imitar en otras economías. Mucho menos, en tan avanzadas co o la estadounidense o la alemana”.
En dicimebre de 2004, el Banco Mundial sacó un informe fuertemente segado en favor del sistema chileno, hecho por analistas financieros de esa nacionalidad. Se lo definía como la forma de seguridad social perfecta para cualquier economía de mercado (la mayoría de las líderes no lo es).
Para aportar al debate, Mitchell y dos investigadores de la universidad de Pennsilvania se dedicaron a revisar bases de datos chilenas. Una de sus procupaciones hacía a la “densidad de aportes”, o sea patrón de contribuciones en la vida activa. Si la gente no paga lo bastante, no acumulará fondos suficientes para gozar de pensiones o jubilaciones adecuadas.
En el país trasandino, todos los empleados en relación de dependencia deben aportar al sistema. Los autónomos y cuentapropistas, a diferencia de EE.UU., no tienen esa obligación, pero puden adheris voluntariamente. Mitchell descubrió que, de acuerdo con resultados preliminares, el empleado promedio ha aportado la mitad de su vida útil. “Esto sugiere que debiera haber acumulado los fondos suficientes para percibir algún tipo de beneficio jubilatorio”.
Pero la situaci´pon cambia cuandio se trata de grupos familiares, dado que hasta tres cuartos de la mano de obra femenina no ha aportado regularmente. Ese grupo no sobrará jubilaciones o pensiones suificientes para afrontar emergencias o tratamientos médicos por más de seis meses.Mucho menos, terapias de alta complejidad. Curiosamente, “las situación de su equivalente norteamericano es más severa´y podrían hacerse crptica si Washington pasase a un modelo como el chileno”.
En el plano social, Chile muestra una notable desventaja: a diferencia del trabajador estadounidense, el chile es una “semialfabeto financiero”. O sea, muy pocos conocen su sistema jubilatorio y la mayoría se expone a sopresas desagradables. Por ejemplo, 90% de una vasta muestra consultada enm área urbanas no tiene idea de las comisiones y otrsop cargos que les debita el sistema.
La primera ola de jubilados con no menos de veinte años en el sistema chileno empieza a cobrar este año o el próximo. “Resulta interesante notar –apunta Mitchell- el npumero relkativamente alto de nuevos pensionados que optan por convertir las jubilaciones en seguros de renta vitalicia”. Ocurre que, en ese país, no existe cobertura de seguridad social y la gente debe arrglárselas por su cuenta. Esos apecto poco mencionasdos del sistema chileno salen a lua al caloir de la campaña electoral.
