Dos fantasmas aterrorizaban a las clases medias y bajas de las economías desarrolladas – en especial de Estados Unidos y de Europa- y también a las de los países emergentes: la globalización llevada a sus extremos (con un exceso de pactos comerciales internacionales) y la robotización actual o inminente que haría perder millones de trabajos.
Después apareció un tercer fantasma: los secretos que ocultan los paraísos offshore donde las empresas (gigantes, medias y hasta pequeñas) ocultan sus riquezas y evaden impuestos, como se hizo patente para la opinión pública mundial después de las revelaciones de los llamados Panamá Papers.
Por lo menos –es la mejor estimación- 8% del total de la riqueza global (algo así como US$ 7,6 billones (millones de millones) están disimulados y ocultos en cuentas offshore en numerosos paraísos fiscales.
En el ranking de paraísos fiscales, los tres primeros lugares son para Suiza, Hong Kong y EE.UU (en especial el estado de Delaware). Luego siguen las Islas Caimán y Singapur. Panamá recién aparece en el puesto 13°.
Además de los expertos en lavado de dinero y de crónicos evasores de impuestos, hay empresarios que instalan esas empresas para contraer deuda en mercados internacionales, invertir e incluso pagar menos impuestos. Todas actividades legales. Pero la guadaña del escándalo no perdona y la reputación de muchas firmas y personas puede quedar comprometida definitivamente.
En ese gran conglomerado habrá seguramente muchos argentinos. Si es cierto, como se estima, que hay US$ 400 mil millones de personas físicas y jurídicas locales que están depositados en el exterior, no es extraño que buena parte de esa suma esté en Panamá.
La reacción que puede venir
El tema pendiente es cómo serán en el futuro los paraísos fiscales, si los Estados –todos o aquellos donde operan físicamente- aumentarán sus regulaciones y condiciones para operar a intermediarios y a depositantes.
El gran público exige correcciones de inmediato, y justicia para los culpables. Lo que sigue después de que se agoten las revelaciones periodísticas –y queda mucho por dar a conocer- es el accionar previsible de gobiernos, jueces y organismos reguladores en todo el mundo. Pensando En todos los paraísos fiscales.
Es cierto que la banca offshore, en sí misma, no es una actividad ilegal. Pero queda demostrado que el sistema, con sus secretos y recovecos, es una atracción irresistible para los evasores de impuestos y para los que tienen fortunas mal habidas. Pero en los últimos lustros la situación se ha complicado mucho más. Ahora involucra también a los narcotraficantes y a los terroristas internacionales.
Los expertos recomiendan un rol protagónico del G20, que facilite el intercambio multilateral y sin restricciones de la información. Si hay bancos o países que se niegan a participar deberán ser castigados, quedando al margen del sistema global. Además se demanda que las empresas multinacionales hagan públicas sus cuentas en todos los países en donde actúan, y que se cree un registro público donde figuren los verdaderos dueños de las empresas offshore.
Según las directivas de Bruselas –si entran en vigencia- todas las empresas con base en la Unión Europea y las subsidiarias, cuyo monto de facturación anual supere los € 750 millones, deben publicar anualmente balances, país por país, con ventas, utilidades, número de empleados y los impuestos que paga. La idea es que, expresamente, aparezcan las cifras ocultas en los paraísos fiscales.
Dos modos de reaccionar
Entre la dirigencia política y empresarial, ha habido dos clases de respuesta, de alguna manera compartidas por un segmento del público general.
La primera, reacciona con indiferencia. En definitiva –argumentan- los ricos y poderosos siempre se salen con la suya.
La segunda, le da la bienvenida a lo que parece ser el comienzo de un ciclo de transparencia. La filtración de los documentos ha producido ya temblores en las jerarquías de varios países, cuyos dirigentes no imaginaban que podían ser tocados en este terreno.
El otro debate que comienza a surgir es en estos términos: ¿hay derecho a divulgar todo lo que contienen estos documentos, o hay un límite que concierne a la privacidad de los individuos (no exactamente la misma reciente controversia entre Apple y el FBI, pero con algunos matices comunes, entre el interés privado y el público).
Es paradojal, por otro lado, que muchos de los que saludan alborozados la filtración, demandan un derecho total y absoluto en materia de seguridad en la data de sus propios archivos. Es decir, utilizando los argumentos de Apple, la gente de Mossack-Fonseca podría defenderse en la misma dirección.
Si triunfa esta tendencia, es el mundo entero el que puede cambiar, y también la forma en que hasta ahora se entiende y practica el capitalismo. En todo el mundo hay amenazas de erigir barreras, físicas y virtuales.
(Una versión más extensa se publicó originalmente en la versión impresa de Mercado.)
