La solución pasa por un ordenamiento integral del Estado que permita erradicar la inflación y mejorar la calidad de la administración pública, propone un análisis de la consultora IDESA.
El mercado cambiario está muy convulsionado. En agosto el Banco Central tuvo que vender U$S 950 millones y en setiembre U$S 1.600 millones más. Ante la tendencia al agotamiento de las reservas se optó por endurecer las restricciones a los ahorristas y a las empresas para comprar dólares oficiales.
También se dispusieron reducciones transitorias en los impuestos a las exportaciones con la finalidad de incentivar a los exportadores a liquidar más divisas. En lo que va de octubre, el Banco Central igual perdió otros U$S 400 millones más. En tanto el dólar paralelo aceleró su escalada llegando a los $167, generando así una brecha respecto a la cotización oficial de más del 100%. Esto aumenta el temor de una inminente devaluación del dólar oficial con alto impacto en la inflación.
Ciertamente que gran parte del problema está en la desaforada emisión monetaria que se viene produciendo desde que asumió el nuevo gobierno. En los primeros meses del 2020, la emisión se justificó en la necesidad de paliar la crítica situación social heredada. A partir de abril, la justificación fue la lucha contra la pandemia. En cualquier caso, desde que comenzó la nueva gestión la cantidad de pesos en manos de público se duplicó, mientras que las reservas del Banco Central se mantuvieron prácticamente constantes.
Más allá de estos factores coyunturales, cabe preguntarse por qué la inestabilidad del dólar es un tema recurrente en la Argentina. Una forma de acercar respuestas es comparando las exportaciones de la región. En este sentido, según datos de los bancos centrales y del INDEC para la Argentina, se observa que en el año 2019:
- Las exportaciones per cápita de Argentina alcanzaron a U$S 1.500 por persona.
- Las exportaciones per cápita de Uruguay fueron de U$S 2.600 por persona.
- Las exportaciones per cápita en Chile ascendieron a U$S 3.700 por persona.
Estos datos muestran que el aparato productivo argentino tiene una muy baja capacidad exportadora. Uruguay exporta en términos relativos un 70% más y Chile más que duplica el nivel de exportaciones per cápita de la Argentina. Este es uno de los factores centrales que explica la restricción externa.
El relativamente bajo nivel de exportaciones de Argentina lleva a que no se generen todos los dólares necesarios para financiar las importaciones de máquinas, insumos y repuestos, que se necesitan para expandir las exportaciones y así obtener más divisas.
Además, los argentinos demandan más dólares que los chilenos y uruguayos. Debido a que el Estado argentino tiene un desequilibrio fiscal crónico y estructural, la alta inflación es endémica. Esto lleva a que los argentinos desprecien su moneda nacional y apelen al dólar como refugio ante la inflación. Así, se agrava la escasez de divisas ya que, a la insuficiencia en la capacidad de producir dólares de su sector productivo, se suma la sobredemanda de dólares de su población para resguardar sus ahorros frente a la inflación.
Ante este contexto, las medidas cambiarias y financieras pueden aportar paliativos ante la crítica situación. Pero no alcanzan para impulsar un despliegue de inversiones productivas con alta capacidad exportadora, ni para romper con la arraigada cultura de los argentinos a ahorrar en dólares. Por eso, más allá de las necesarias medidas urgentes y de corto plazo, es imprescindible explicitar y poner en ejecución un plan de ordenamiento integral del Estado para recuperar la sostenibilidad fiscal y elevar la calidad de la administración pública.
Son cuatro los pilares de este ordenamiento: el previsional, el impositivo, el funcional y el del régimen federal.
En el tema previsional es clave eliminar los tratamientos especiales y la doble cobertura. En el impositivo unificar tributos para simplificar y recaudar más con menos presión impositiva.
El ordenamiento funcional implica eliminar organismos superpuestos, en especial, los programas y estructuras burocráticas del Estado nacional que interfieren en funciones provinciales. En el federalismo hay que eliminar la coparticipación y tender a que las provincias generen sus propios recursos.
Se trata de cambios disruptivos que colisionan con muchas inercias e intereses. Por eso, es clave que se tome conciencia que planteos que eluden avanzar en estos temas son meras expresiones de deseo sin capacidad de aportar soluciones de largo plazo.
