En realidad, según quienes manejan la larga campaña contra el canje, dos o tres altos funcionarios del Fondo Monetario Internacional recomendaron a megaespeculadores como Charles Dallara, Kenneth Dart o Elliot Associates (vía NML Capital) lograr embargos preventivos. Por ejemplo, éste por US$ 7.000 millones sobre los bonos nuevos.
En una actitud equívoca, típica de su estilo, el juez federal de circuito (Manhattan sur) Thomas Griesa dispuso congelar títulos por esa suma. Pese a que el estudio que representa al gobierno argentino (Cleary, Gottlied, Steen & Hamilton) confiaba en revertir esa medida vía el alegato del próximo martes, el cuadro se ha complicado. Máxime porque ciertos dirigentes argentinos –algunos vinculados al régimen de 1989/99- están tratando de estirar el asunto hasta cerca de las elecciones legislativas, a fin de poner en problemas al gobierno.
Por supuesto, hay un punto débil en la decisión de Griesa: los bonos embargados –cuya tenencia ejerce el Bank of New York- ya han sido asignados a quienes adhirieron al canje. Por otro conducto, se sabe que las autoridades del FMI hacen “lobby” propio y ven el embargo como forma indirecta de obligar a la reapertura del canje. Aunque lo nieguen en sus contactos con medios locales, existe un objetivo clave: crear clima adverso a nuevos intentos de restructuración apoyados en “el deplorable ejemplo argentino” (calificativos de “Financial Times”, “The Economist” y medios locales).
Entretanto, un tribunal romano emitió la novena sentencia en rechazo de una demanda contra Argentina. Esta vez, por € 1.350.000 en “tangobonos”, monto que sus presuntos tenedores querían convertir en secuestro de nuevos papeles. Parte de la argumentación se parece a la aceptada, en principio, por Griesa para dictar el embargo. Pero, a diferencia de los magistrados italianos y alemanes, el neoyorquino no tiene en cuenta los métodos usados por intermediarios financieros para colocar papeles sin informar a los bonistas que eran chatarra. Llegado cierto extremo, Griesa podría exponerse a un pedido de juicio político.
En verdad, la historia de Elliot Associates muestra la voracidad clásica de los fondos de riesgo o cobertura (los buitres forman parte de la categoría). Desde el embargo contra Perú en 1996 (US$ 56 millones, por una tenencia inicial de once millones) hasta los trabados contra Panamá, Polonia, Ecuador, Costa de Marfil, Türkmenistán y Congo, la meta era cobrar cuatro a cinco veces lo invertido en bonos chatarra.
Pero nunca se llegó a los US$ 7.000 millones embargados por el oportuno Griesa. Desde hace años, por otro lado, megafinancistas como Warren Buffett o George Sörös y expertos como Jeffrey Sachs vienen recomendando a Washington medidas drásticas contra los buitres y los “off shore” que los albergan.
En realidad, según quienes manejan la larga campaña contra el canje, dos o tres altos funcionarios del Fondo Monetario Internacional recomendaron a megaespeculadores como Charles Dallara, Kenneth Dart o Elliot Associates (vía NML Capital) lograr embargos preventivos. Por ejemplo, éste por US$ 7.000 millones sobre los bonos nuevos.
En una actitud equívoca, típica de su estilo, el juez federal de circuito (Manhattan sur) Thomas Griesa dispuso congelar títulos por esa suma. Pese a que el estudio que representa al gobierno argentino (Cleary, Gottlied, Steen & Hamilton) confiaba en revertir esa medida vía el alegato del próximo martes, el cuadro se ha complicado. Máxime porque ciertos dirigentes argentinos –algunos vinculados al régimen de 1989/99- están tratando de estirar el asunto hasta cerca de las elecciones legislativas, a fin de poner en problemas al gobierno.
Por supuesto, hay un punto débil en la decisión de Griesa: los bonos embargados –cuya tenencia ejerce el Bank of New York- ya han sido asignados a quienes adhirieron al canje. Por otro conducto, se sabe que las autoridades del FMI hacen “lobby” propio y ven el embargo como forma indirecta de obligar a la reapertura del canje. Aunque lo nieguen en sus contactos con medios locales, existe un objetivo clave: crear clima adverso a nuevos intentos de restructuración apoyados en “el deplorable ejemplo argentino” (calificativos de “Financial Times”, “The Economist” y medios locales).
Entretanto, un tribunal romano emitió la novena sentencia en rechazo de una demanda contra Argentina. Esta vez, por € 1.350.000 en “tangobonos”, monto que sus presuntos tenedores querían convertir en secuestro de nuevos papeles. Parte de la argumentación se parece a la aceptada, en principio, por Griesa para dictar el embargo. Pero, a diferencia de los magistrados italianos y alemanes, el neoyorquino no tiene en cuenta los métodos usados por intermediarios financieros para colocar papeles sin informar a los bonistas que eran chatarra. Llegado cierto extremo, Griesa podría exponerse a un pedido de juicio político.
En verdad, la historia de Elliot Associates muestra la voracidad clásica de los fondos de riesgo o cobertura (los buitres forman parte de la categoría). Desde el embargo contra Perú en 1996 (US$ 56 millones, por una tenencia inicial de once millones) hasta los trabados contra Panamá, Polonia, Ecuador, Costa de Marfil, Türkmenistán y Congo, la meta era cobrar cuatro a cinco veces lo invertido en bonos chatarra.
Pero nunca se llegó a los US$ 7.000 millones embargados por el oportuno Griesa. Desde hace años, por otro lado, megafinancistas como Warren Buffett o George Sörös y expertos como Jeffrey Sachs vienen recomendando a Washington medidas drásticas contra los buitres y los “off shore” que los albergan.
