En realidad, ya antes de esta reunión los mayores bancos del mundo se preparaban
para cambios de largo alcance en las normas internacionales sobre operación
y, en particular, capitales. Como se sabe, la comisión de Basilea abarca
los principales bancos centrales y, junto con el propio BAI, son los únicos
organismos multilaterales que incluyen a Suiza. Por eso, ambas representan la
última instancia en materia de pautas sectoriales.
Por de pronto, "Basilea II" llevará a un apreciable aumento
de exigencias en lo tocante a capitales, lo cual resentirá la capacidad
o la conducta crediticia, en perjuicio de países y empresas en problemas.
Si bien el peso de las reformas tal vez no se sienta hasta 2007, un documento
consultivo -publicado al comenzar la asamblea- señala que "por lo
menos 365 entidades deberán elevar capitales contra riesgos". Esto
resultará de cierto equilibrio futuro entre menores cargas por riesgos
crediticios -excepto los soberanos- y mayores por riesgos operativos (que son
múltiples y pueden involucrar el área de seguros y reaseguros).
Aunque los mínimos regulados por el comité no se modifiquen,
es probable que cada banco central añada cargos, a su criterio, para
mantener una capitalización superior a la planteada por "Basilea
II" desde 2007. Esto quizá se haga en forma paulatina y ya desde
2004. Pero el documento pone en descubierto un detalle inquietante: virtualmente
ningún banco llega al nivel promedio. Muchas entidades especializadas
en custodia de títulos, administración de carteras y activos,
etc., se verán muy afectadas por las nuevas normas. Entretanto, los bancos
minoristas emergerán, en general, con 20% menos de exigencias; salvo
los muy comprometidos con el negocio del dinero plástico.
Una mayoría de expertos coincide en que "Basilea II" representa
una mejora cualitativa sobre "Basilea I" (rige desde 1988, pero su
cumplimiento dista de ser estricto, aun en economías líderes).
Pero una minoría sostiene que el proceso no profundiza lo suficiente
en cuanto a permitir que los bancos empleen técnicas tales como modelos
matemáticos de riesgo. También se nota cierta renuencia a encarar
el grave problema de los instrumentos derivativos y sus contratos derivados,
claves de la globalización financiera iniciada en 1973 y de un proceso
que ha ido quitándoles poder a los propios bancos centrales. El solo
hecho de que Alan Greenspan, presidente de la Reserva Federal, haya defendido
los derivativos en Basilea crea alarma y suspicacias.
En el bando contrario, que asume los interese del negocio financiero por encima
de la propia economía física, se teme que "Basilea II"
haga implosionar dos o tres sistemas bancarios en la Unión Europea. Especialmente
en Alemania, cuyos mayores bancos van de rojo en rojo. En síntesis, las
próximas reformas preocupan a los banqueros privados porque, según
afirman, cuanto más sensible al riesgo sean los cálculos, más
volátiles serán las exigencias de capital mínimo y más
duras serán las agencias calificadoras. El caso de las primas por ceses
de pagos ilustra este punto y no es buena noticia para países endeudados.
En realidad, ya antes de esta reunión los mayores bancos del mundo se preparaban
para cambios de largo alcance en las normas internacionales sobre operación
y, en particular, capitales. Como se sabe, la comisión de Basilea abarca
los principales bancos centrales y, junto con el propio BAI, son los únicos
organismos multilaterales que incluyen a Suiza. Por eso, ambas representan la
última instancia en materia de pautas sectoriales.
Por de pronto, "Basilea II" llevará a un apreciable aumento
de exigencias en lo tocante a capitales, lo cual resentirá la capacidad
o la conducta crediticia, en perjuicio de países y empresas en problemas.
Si bien el peso de las reformas tal vez no se sienta hasta 2007, un documento
consultivo -publicado al comenzar la asamblea- señala que "por lo
menos 365 entidades deberán elevar capitales contra riesgos". Esto
resultará de cierto equilibrio futuro entre menores cargas por riesgos
crediticios -excepto los soberanos- y mayores por riesgos operativos (que son
múltiples y pueden involucrar el área de seguros y reaseguros).
Aunque los mínimos regulados por el comité no se modifiquen,
es probable que cada banco central añada cargos, a su criterio, para
mantener una capitalización superior a la planteada por "Basilea
II" desde 2007. Esto quizá se haga en forma paulatina y ya desde
2004. Pero el documento pone en descubierto un detalle inquietante: virtualmente
ningún banco llega al nivel promedio. Muchas entidades especializadas
en custodia de títulos, administración de carteras y activos,
etc., se verán muy afectadas por las nuevas normas. Entretanto, los bancos
minoristas emergerán, en general, con 20% menos de exigencias; salvo
los muy comprometidos con el negocio del dinero plástico.
Una mayoría de expertos coincide en que "Basilea II" representa
una mejora cualitativa sobre "Basilea I" (rige desde 1988, pero su
cumplimiento dista de ser estricto, aun en economías líderes).
Pero una minoría sostiene que el proceso no profundiza lo suficiente
en cuanto a permitir que los bancos empleen técnicas tales como modelos
matemáticos de riesgo. También se nota cierta renuencia a encarar
el grave problema de los instrumentos derivativos y sus contratos derivados,
claves de la globalización financiera iniciada en 1973 y de un proceso
que ha ido quitándoles poder a los propios bancos centrales. El solo
hecho de que Alan Greenspan, presidente de la Reserva Federal, haya defendido
los derivativos en Basilea crea alarma y suspicacias.
En el bando contrario, que asume los interese del negocio financiero por encima
de la propia economía física, se teme que "Basilea II"
haga implosionar dos o tres sistemas bancarios en la Unión Europea. Especialmente
en Alemania, cuyos mayores bancos van de rojo en rojo. En síntesis, las
próximas reformas preocupan a los banqueros privados porque, según
afirman, cuanto más sensible al riesgo sean los cálculos, más
volátiles serán las exigencias de capital mínimo y más
duras serán las agencias calificadoras. El caso de las primas por ceses
de pagos ilustra este punto y no es buena noticia para países endeudados.
