Esa instancia apelatoria dejó sin efecto el veredicto favorable de un tribunal inferior, en cuanto a cargos penales por haber infringido la ley otorgando cuantiosas bonificaciones a sí y a ejecutivos superiores de Mannesmann, una compañía de telecomunicación. Ello sucedió durante una batalla con la británica Vodafone, años atrás, por la toma de la firma germana.
Por entonces, Ackermann integraba la junta de Mannesmann. Otros cuatro miembros y el ex director ejecutivo, Klaus Esser, también volverán a ser procesados.
Calificando de “error liso y llano” el veredicto de la instancia inferior (local), el tribunal de federal (Karlsruhe) presume que esos pagos –efectuados luego de que Mannesmann aceptase bajo presión la oferta de Vodafone- pueden haber constituido un delito contra los intereses de la empresa. El duro lenguaje empleado en el dictamen da a entender que Ackerman afrontará un vapuleo judicial.
A cinco años de que Vodafone –firma de lejano origen alemán- absorbiera Mannesmann, el caso se ha convertido en símbolo de la antipatía social que despiertan en Alemania los ejecutivos codiciosos y autoritarios, dos rasgos del suizo Ackermann. El asunto lo ha perseguido en sus tres años y medio de gestión al frente de Deutsche Bank, la mayor entidad financiera privada de la Unión Europea. Justamente, la imagen del banquero conspira contra su objetivo “político” clave: imponer el estilo anglosajón de management. Algo que tampoco cuaja en el país, como lo ha aprendido el ex canciller Gerhard Schröder y lo advertirá su sucesora, Angela Merkel.
Cuando salió libre de cargos, hace año y medio, Ackermnna contaba con la total confianza del consejo supervisor del DB, en mucho por los buenos balances. Este grado de apoyo ya no parece factible, pues la entidad no podría ser conducida por un procesado. En privado, varios altos funcionarios y vocales del consejo se muestran escépticos. De hecho, el presidente de junta, Rolf Breuer, baraja varios nombres para suceder a Ackermann, cuyo contrato expira en octubre. Como el nuevo juicio se abrirá en julio de 2006, el banco deberá decidir sobre el futuro de su jefe mientras lo procesan.
Por de pronto, un grupo de accionistas le pidió renunciar a Ackermann y ahorrarle al DB meses de incertidumbre. Por el contrario, algunos abogados creen que el caso se basa en “jurisprudencia poco clara”. Sea como fuere, hay en juego € 57 millones en bonificaciones que Ackermann y otros directores de Mannesmann recibieron en febrero de 2000. Eso ocurrió poco después de que abandonaran su oposición a la toma por parte de Vodafone, una operación por US$ 183.000 millones, la mayor en la historia europea. Fue un escándalo.
Los fiscales argüían que los pagos eran un “quid pro quo”, o sea una especie de soborno. Los abogados de Ackermann, por el contrario, sostenían que eran premios legítimos “por haber aumentado el valor de las acciones al momento de la venta”, un planteo bastante endeble. Tras seis meses, un tribunal local (Düsseldorf), admitió que las bonificaciones inflingían la ley, al no atender los intereses de Mannesmann, pero no constituían delito penal porque “los acusados no sabían que su conducta era ilícita”. Tan poco creíble argumentación causó otro escándalo -en julio de 2004- y condujo al veredicto de esta semana.
¿Por qué? Porque Alemania no es Estados Unidos y allá los fiscales pueden apelar “motu proprio”. Así pues, el tribunal federal hizo lugar a la apelación. Privado de los argumentos esgrimidos y aceptados en Düsseldorf, Ackerman no podrá armar una defensa tan sólida en el nuevo proceso, que también se ventilará en esa ciudad, pero con otros jueces Una condena implicará hasta cinco años de cárcel, aunque es probable que sean substituidos por una fortísima multa y la inhibición de ejercer cargos ejecutivos en la UE durante un lustro. Seguramente, el banquero se retirará a su nativa Suiza.
Esa instancia apelatoria dejó sin efecto el veredicto favorable de un tribunal inferior, en cuanto a cargos penales por haber infringido la ley otorgando cuantiosas bonificaciones a sí y a ejecutivos superiores de Mannesmann, una compañía de telecomunicación. Ello sucedió durante una batalla con la británica Vodafone, años atrás, por la toma de la firma germana.
Por entonces, Ackermann integraba la junta de Mannesmann. Otros cuatro miembros y el ex director ejecutivo, Klaus Esser, también volverán a ser procesados.
Calificando de “error liso y llano” el veredicto de la instancia inferior (local), el tribunal de federal (Karlsruhe) presume que esos pagos –efectuados luego de que Mannesmann aceptase bajo presión la oferta de Vodafone- pueden haber constituido un delito contra los intereses de la empresa. El duro lenguaje empleado en el dictamen da a entender que Ackerman afrontará un vapuleo judicial.
A cinco años de que Vodafone –firma de lejano origen alemán- absorbiera Mannesmann, el caso se ha convertido en símbolo de la antipatía social que despiertan en Alemania los ejecutivos codiciosos y autoritarios, dos rasgos del suizo Ackermann. El asunto lo ha perseguido en sus tres años y medio de gestión al frente de Deutsche Bank, la mayor entidad financiera privada de la Unión Europea. Justamente, la imagen del banquero conspira contra su objetivo “político” clave: imponer el estilo anglosajón de management. Algo que tampoco cuaja en el país, como lo ha aprendido el ex canciller Gerhard Schröder y lo advertirá su sucesora, Angela Merkel.
Cuando salió libre de cargos, hace año y medio, Ackermnna contaba con la total confianza del consejo supervisor del DB, en mucho por los buenos balances. Este grado de apoyo ya no parece factible, pues la entidad no podría ser conducida por un procesado. En privado, varios altos funcionarios y vocales del consejo se muestran escépticos. De hecho, el presidente de junta, Rolf Breuer, baraja varios nombres para suceder a Ackermann, cuyo contrato expira en octubre. Como el nuevo juicio se abrirá en julio de 2006, el banco deberá decidir sobre el futuro de su jefe mientras lo procesan.
Por de pronto, un grupo de accionistas le pidió renunciar a Ackermann y ahorrarle al DB meses de incertidumbre. Por el contrario, algunos abogados creen que el caso se basa en “jurisprudencia poco clara”. Sea como fuere, hay en juego € 57 millones en bonificaciones que Ackermann y otros directores de Mannesmann recibieron en febrero de 2000. Eso ocurrió poco después de que abandonaran su oposición a la toma por parte de Vodafone, una operación por US$ 183.000 millones, la mayor en la historia europea. Fue un escándalo.
Los fiscales argüían que los pagos eran un “quid pro quo”, o sea una especie de soborno. Los abogados de Ackermann, por el contrario, sostenían que eran premios legítimos “por haber aumentado el valor de las acciones al momento de la venta”, un planteo bastante endeble. Tras seis meses, un tribunal local (Düsseldorf), admitió que las bonificaciones inflingían la ley, al no atender los intereses de Mannesmann, pero no constituían delito penal porque “los acusados no sabían que su conducta era ilícita”. Tan poco creíble argumentación causó otro escándalo -en julio de 2004- y condujo al veredicto de esta semana.
¿Por qué? Porque Alemania no es Estados Unidos y allá los fiscales pueden apelar “motu proprio”. Así pues, el tribunal federal hizo lugar a la apelación. Privado de los argumentos esgrimidos y aceptados en Düsseldorf, Ackerman no podrá armar una defensa tan sólida en el nuevo proceso, que también se ventilará en esa ciudad, pero con otros jueces Una condena implicará hasta cinco años de cárcel, aunque es probable que sean substituidos por una fortísima multa y la inhibición de ejercer cargos ejecutivos en la UE durante un lustro. Seguramente, el banquero se retirará a su nativa Suiza.
