En el último año, la generación Z —nacida entre mediados de los noventa y comienzos de los dos mil— irrumpió en la política mundial con una energía que pocos gobiernos anticiparon. En Nepal, jóvenes sin partido derrocaron a un primer ministro; en Madagascar, forzaron la disolución de un gabinete; en Marruecos, convocaron marchas digitales para exigir derechos básicos. Desde Asia hasta América Latina, la juventud tradujo en acción una frustración que combina desigualdad, desempleo y desconfianza hacia las élites.
En ese espejo global se inscriben las recientes manifestaciones universitarias en Argentina. Aunque su causa inmediata es presupuestaria, su trasfondo es generacional: una disputa por el sentido de lo público, la movilidad social y el acceso al conocimiento.
Un idioma común: la protesta digital
Las movilizaciones de la generación Z no se organizan en sindicatos ni en partidos, sino en redes. Los canales son Discord, TikTok o Telegram; las consignas, breves y replicables. No hay manifiestos, hay hashtags. No hay líderes visibles, hay algoritmos que amplifican. Lo que comenzó en campus de Yakarta o Katmandú encontró eco en Lima y Asunción, y llegó, con su propia gramática, a Buenos Aires.
La Marcha Federal Universitaria de abril de 2024 —y su reedición en octubre, cuando el Senado rechazó el veto a la ley de financiamiento universitario— condensó ese espíritu. La convocatoria no partió de un solo actor: surgió de centros de estudiantes, redes docentes y plataformas abiertas que coordinaron simultáneamente en todo el país. En pocas horas, la consigna #LaUniversidadMarcha se multiplicó en X e Instagram.
Como en los casos asiáticos, la estética fue híbrida: pancartas tradicionales junto a símbolos pop, frases irónicas y memes convertidos en emblemas. La protesta universitaria argentina, como la ola Gen Z global, se mueve entre la indignación y la creatividad.
El presupuesto como metáfora
Detrás de las consignas hay una discusión de fondo: qué lugar ocupa el conocimiento en una economía que busca equilibrio fiscal a cualquier costo.
El sistema universitario argentino —con 57 universidades nacionales y más de dos millones de estudiantes— sufre una tensión que no es solo financiera. Las partidas de funcionamiento y los salarios docentes perdieron entre 20% y 30% de poder adquisitivo real desde 2023; las tarifas energéticas multiplicaron sus costos y las becas, indexadas con rezago, se volvieron insuficientes.
Los rectores, reunidos en el Consejo Interuniversitario Nacional, advierten que sin previsibilidad no hay planificación académica posible. Pero el reclamo excede lo contable. Las universidades públicas encarnan un contrato social forjado en la Reforma de 1918: el acceso al saber como herramienta de movilidad. Esa promesa se erosiona cuando la austeridad se impone sin criterios de sostenibilidad.
El Gobierno, por su parte, argumenta que la eficiencia del gasto y la transparencia deben ser la nueva regla. Es una discusión legítima: el sistema debe rendir cuentas. Pero eficiencia y previsibilidad no son conceptos antagónicos. En países donde el financiamiento universitario se ordenó con metas verificables y contratos de desempeño, el gasto público mejoró su impacto sin sacrificar equidad.
La raíz generacional
Las marchas universitarias no son solo expresión gremial; son síntoma de una generación que percibe quebrada la promesa del mérito. La inflación, la precariedad laboral y el encarecimiento del alquiler golpean especialmente a los menores de 30 años. Muchos estudian y trabajan en simultáneo, sin garantía de inserción profesional.
Cuando el horizonte se acorta, la educación deja de ser escalera y se convierte en deuda: de tiempo, de esfuerzo y de esperanza. De ahí la masividad de la reacción: la defensa de la universidad es, para la generación Z argentina, una forma de defender la idea de futuro.
En ese sentido, la protesta local dialoga con la ola global. En Nepal pedían transparencia; en Marruecos, oportunidades; en Perú, seguridad económica; en Kenia, fin a la corrupción. Cambian las consignas, no el impulso: una misma generación que exige responsabilidad a quienes gobiernan.
Política y señales
Las marchas universitarias no deberían leerse como un problema de orden público, sino como una advertencia institucional. Cuando los jóvenes salen a la calle, no es para impugnar la política, sino para reclamar que funcione.
En un país con larga tradición de debate universitario, el conflicto puede ser una oportunidad para rediseñar reglas. Un fondo de estabilización de gastos, contratos plurianuales y tableros públicos de ejecución presupuestaria serían pasos concretos para combinar transparencia con previsibilidad.
El desafío para el Gobierno es distinguir entre gasto y inversión. El de las universidades, entre autonomía y rendición de cuentas. Ambos requieren un lenguaje común que traduzca la protesta en política pública.
La protesta como espejo
Hay quienes reducen las marchas a “ruido estudiantil”. Pero la historia argentina enseña que las universidades fueron muchas veces el termómetro del país: en 1918 anticiparon la modernización; en los años sesenta, la resistencia cultural; en 1983, la reconstrucción democrática.
Hoy, la defensa de la educación pública vuelve a funcionar como espejo social. Lo que se juega no es solo el presupuesto de un ministerio, sino el modelo de ciudadanía que se quiere preservar.
En el plano global, la generación Z interpela a los Estados por su falta de visión. En el plano local, esa interpelación adopta forma universitaria. En ambos casos, la pregunta es la misma: ¿quién define el futuro y con qué criterios?
La generación Z ha demostrado que no es apática. Que puede pasar del meme a la movilización, del aula a la calle, de la red social a la plaza pública. Su protesta no es un capricho: es una demanda de coherencia.
En un tiempo donde la política parece hablar otro idioma, esta generación traduce el malestar en acción. No busca destruir instituciones, sino hacerlas responsables.
Argentina, con su tradición universitaria, tiene la oportunidad de transformar el conflicto en reforma. Si lo logra, la consigna “defender la universidad” dejará de ser un grito defensivo para convertirse en el punto de partida de un nuevo pacto generacional.
