Volver a los 70: crudos caros y combustibles alternativos

Precios firmes, Katrina y Rita imponen límites al uso de naftas. Con ese combustible rondando 80 centavos el litro, las fuentes alternativas de energía vuelven a estar en boga. Algunas pequeñas empresas especializadas viven un auge.

23 septiembre, 2005

Por el momento, empero, la ley de energía y combustibles firmada por George W. Bush no ayuda mucho. Al contrario, varias firmas del nuevo sector la tachan de ser favorable a las grandes petroleras, ligadas a la familia presidencial y al vicepresidente Richard Cheney. Por supuesto, el mayor impulso a los combustibles alternativos proviene del propio mercado.

Con los hidrocarburos en la estratósfera, los proveedores de energía originada en el sol, el viento, la biomasa y los biofluidos se hallan ante creciente demanda. Así lo señala Steven Walker, fundador y presidente de New England Wood Pellet. Su compañía entrega aserrín y briznas de madera, en forma de tacos comprimidos, para la calefacción de 600.000 viviendas (a la mitad de costo respecto de petróleo o gas. “Estamos rechazando 90% de los pedido nuevos –señala el empresario- y vamos a elevar 50% la producción”.

La ley Bush, censurada por los ambientalistas por sus generosos subsidios a la industria de combustibles fósiles (cuyas utilidades son las más altas del mundo en relación con las inversiones), aporta no obstante un conjunto de facilidades tributarias y crediticias para explotar fuentes renovables de energía. Pero involucran beneficios muy módicos y, además, recién entrarán en vigencia dentro de dos años. “Así, las grandes petroleras tendrán tiempo de comprarse productores de energía no convencionales”, señala Michael Eckhardt, presidente del American Council for Renewable Energy.

En contraste con la tibia promoción desde Washington, muchos estados de la Unión se han sumado a las fuentes no convencionales creando amplias oportunidades para las empresas. Entre los líderes, Nueva Jersey dictó en 2004 leyes que ofrecen a usuarios y compañías incentivos que reducen sustancialmente los costos iniciales de instalar sistemas para combustibles renovables.

Combinadas con descuentos impositivos federales (hasta US$ 2.000 por hogar), un sistema de electricidad solar promedio –que se vende en US$ 27.000- costará apenas 10.000. Nueva York, Vermont y Maine brindan incentivos similares, que rebajan el precio a US$ 15.000, 19.000 y 20,000, respectivamente.

Entretanto, los mayores beneficiarios de la ley Bush quizá sean los productores rurales del medio oeste y sus cooperativas. Muchas de ellas se dedican a fabricar etanol, un combustible para motores derivados del maíz, combinado con nafta en forma de “gasohol”. La nueva legislación requiere un gradual ingreso al mercado de etanol y biodiesels. Las exigencias de etanol arrancan de 15.480 millones de litros en 2006 (hoy se venden 13.500 millones) hasta 29.000 millones en 2012.

Para generadores de energía eólica, el límite de dos antes -antes de entrar en vigencia la ley- implica una mezcla de créditos impositivo y acelera depreciación de insumos, que pueden reducir los costos a la mitad hacia 2008. Las características de la tecnología fomentan la demanda de tierras. No sorprende, pues, que la actividad esté dominada por proveedores extranjeros e igual ocurra con la energía solar. Por ejemplo, ahora se importan desde EE.UU. torres fabricadas en Vietnam y la falta de competencia local mantiene altos los precios del servicio.

Por otra parte, sostienen los críticos, la nueva ley discrimina contra pequeños productores de energía y promueve la dominación por parte de un grupo de firmas mayores. Eso contrasta con el modelo europeo, muy descentralizado. Aun así, con 2.500 megavatios de eolo electricidad sumados cada año desde 2006 –ya son 6.740 de capacidad-, los operadores chicos están encontrando nichos.

Por el momento, empero, la ley de energía y combustibles firmada por George W. Bush no ayuda mucho. Al contrario, varias firmas del nuevo sector la tachan de ser favorable a las grandes petroleras, ligadas a la familia presidencial y al vicepresidente Richard Cheney. Por supuesto, el mayor impulso a los combustibles alternativos proviene del propio mercado.

Con los hidrocarburos en la estratósfera, los proveedores de energía originada en el sol, el viento, la biomasa y los biofluidos se hallan ante creciente demanda. Así lo señala Steven Walker, fundador y presidente de New England Wood Pellet. Su compañía entrega aserrín y briznas de madera, en forma de tacos comprimidos, para la calefacción de 600.000 viviendas (a la mitad de costo respecto de petróleo o gas. “Estamos rechazando 90% de los pedido nuevos –señala el empresario- y vamos a elevar 50% la producción”.

La ley Bush, censurada por los ambientalistas por sus generosos subsidios a la industria de combustibles fósiles (cuyas utilidades son las más altas del mundo en relación con las inversiones), aporta no obstante un conjunto de facilidades tributarias y crediticias para explotar fuentes renovables de energía. Pero involucran beneficios muy módicos y, además, recién entrarán en vigencia dentro de dos años. “Así, las grandes petroleras tendrán tiempo de comprarse productores de energía no convencionales”, señala Michael Eckhardt, presidente del American Council for Renewable Energy.

En contraste con la tibia promoción desde Washington, muchos estados de la Unión se han sumado a las fuentes no convencionales creando amplias oportunidades para las empresas. Entre los líderes, Nueva Jersey dictó en 2004 leyes que ofrecen a usuarios y compañías incentivos que reducen sustancialmente los costos iniciales de instalar sistemas para combustibles renovables.

Combinadas con descuentos impositivos federales (hasta US$ 2.000 por hogar), un sistema de electricidad solar promedio –que se vende en US$ 27.000- costará apenas 10.000. Nueva York, Vermont y Maine brindan incentivos similares, que rebajan el precio a US$ 15.000, 19.000 y 20,000, respectivamente.

Entretanto, los mayores beneficiarios de la ley Bush quizá sean los productores rurales del medio oeste y sus cooperativas. Muchas de ellas se dedican a fabricar etanol, un combustible para motores derivados del maíz, combinado con nafta en forma de “gasohol”. La nueva legislación requiere un gradual ingreso al mercado de etanol y biodiesels. Las exigencias de etanol arrancan de 15.480 millones de litros en 2006 (hoy se venden 13.500 millones) hasta 29.000 millones en 2012.

Para generadores de energía eólica, el límite de dos antes -antes de entrar en vigencia la ley- implica una mezcla de créditos impositivo y acelera depreciación de insumos, que pueden reducir los costos a la mitad hacia 2008. Las características de la tecnología fomentan la demanda de tierras. No sorprende, pues, que la actividad esté dominada por proveedores extranjeros e igual ocurra con la energía solar. Por ejemplo, ahora se importan desde EE.UU. torres fabricadas en Vietnam y la falta de competencia local mantiene altos los precios del servicio.

Por otra parte, sostienen los críticos, la nueva ley discrimina contra pequeños productores de energía y promueve la dominación por parte de un grupo de firmas mayores. Eso contrasta con el modelo europeo, muy descentralizado. Aun así, con 2.500 megavatios de eolo electricidad sumados cada año desde 2006 –ya son 6.740 de capacidad-, los operadores chicos están encontrando nichos.

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