Telecomunicaciones: deciden mantener la intervención de los estados
Contra la opinión del presidente de la Federal Communications Comission, los demás miembros del ente acordaron ayer permitir a los estados decidir si fomentan o no la competencia regional entre las cuatro Bell regionales y sus rivales.
La Federal Communications Comission (FCC, máximo ente regulador
de las telecomunicaciones en EE.UU.) aprobó ayer la más amplia
revisión de la regulación telefónica del país en
más de seis años. La resolución pone punto final a una
feroz campaña de cabildeos por todas las partes interesadas – las grandes
telcos, las start-up y los proveedores de larga distancia – y otorga a la vez
una victoria y una derrota a las cuatro grandes Bell regionales.
El ente decidió eximirlas de la obligación de dar a sus rivales
acceso barato a elementos fundamentales de sus nuevos equipos y redes de alta
velocidad para Internet. Ésa es una victoria para las cuatro grandes.
Pero la comisión, profundamente dividida, también rechazó
los esfuerzos de las Bell por eliminar el requerimiento que las obliga a ofrecer
a sus competidoras, a bajo precio, otros elementos de sus costosas redes telefónicas
locales.
La comisión decidió, además, dejar que cada estado decida
si su mercado local tiene suficiente competencia como para permitir que las
telcos establecidas cobren tarifas más altas a sus rivales. Esto significa
una derrota para las Bell y para Michael K. Powell (presidente de la FCC), quien
las apoyaba. Es, en cambio, una victoria para las pequeñas compañías
competitivas que se crearon como resultado de la Ley de Telecomunicaciones de
1996 y para los proveedores de servicios de larga distancia, especialmente AT&T
y WorldCom, que procuran entrar a los mercados telefónicos.
Las nuevas medidas reglamentan los precios mayoristas que las cuatro Bell regionales
– Verizon, SBC Communications, Qwest y Bell South – cobran a sus rivales, y
no sobre los precios minoristas que se cobran a los consumidores, que por lo
general son supervisados por organismos estaduales.
El derrotado Powell publicó el mismo día de ayer una declaración
separada donde manifiesta su disenso y advierte que la decisión de dar
a los estados autoridad sobre las reglas telefónicas “puede tener
consecuencias perjudiciales para los consumidores”.
La Federal Communications Comission (FCC, máximo ente regulador
de las telecomunicaciones en EE.UU.) aprobó ayer la más amplia
revisión de la regulación telefónica del país en
más de seis años. La resolución pone punto final a una
feroz campaña de cabildeos por todas las partes interesadas – las grandes
telcos, las start-up y los proveedores de larga distancia – y otorga a la vez
una victoria y una derrota a las cuatro grandes Bell regionales.
El ente decidió eximirlas de la obligación de dar a sus rivales
acceso barato a elementos fundamentales de sus nuevos equipos y redes de alta
velocidad para Internet. Ésa es una victoria para las cuatro grandes.
Pero la comisión, profundamente dividida, también rechazó
los esfuerzos de las Bell por eliminar el requerimiento que las obliga a ofrecer
a sus competidoras, a bajo precio, otros elementos de sus costosas redes telefónicas
locales.
La comisión decidió, además, dejar que cada estado decida
si su mercado local tiene suficiente competencia como para permitir que las
telcos establecidas cobren tarifas más altas a sus rivales. Esto significa
una derrota para las Bell y para Michael K. Powell (presidente de la FCC), quien
las apoyaba. Es, en cambio, una victoria para las pequeñas compañías
competitivas que se crearon como resultado de la Ley de Telecomunicaciones de
1996 y para los proveedores de servicios de larga distancia, especialmente AT&T
y WorldCom, que procuran entrar a los mercados telefónicos.
Las nuevas medidas reglamentan los precios mayoristas que las cuatro Bell regionales
– Verizon, SBC Communications, Qwest y Bell South – cobran a sus rivales, y
no sobre los precios minoristas que se cobran a los consumidores, que por lo
general son supervisados por organismos estaduales.
El derrotado Powell publicó el mismo día de ayer una declaración
separada donde manifiesta su disenso y advierte que la decisión de dar
a los estados autoridad sobre las reglas telefónicas “puede tener
consecuencias perjudiciales para los consumidores”.
