Se multiplican acciones por fraude en precios farmacéuticos
Meses antes de que una nueva ley eleve el gasto federal en drogas, fiscales de varias jurisdicciones investigan 150 casos de fraude con precios. Se acusa a grandes farmoquímicas, que afrontan un total de multas superior a mil millones.
Los casos forman parte de crecientes indagaciones sobre maniobras con precios farmacéutics en todo Estados Unidos. En general se trata de compañías que estafan a programas federales y estaduales de medicina social, cobrando a mayoristas y minoristas precios mucho más bajos que al gobierno o poniendo en plaza compuestos para usos no aprobados por la Food & Drug Administration.
Media docena de grandes farmoquímicas ya ha pagado cuantiosas multas para arregelar demandas en los últimos dos años. En 2005, por lo menos otras tres (Serono, Abbott Laboratories, King Pharmaceuticals) afrontarán acusaciones de similar tenor.
Los fiscales podrían también obligar a esas empresas a aceptar “compromisos de integridad”. Éstos prescriben estricta supervisión federal sobre sus métodos para fijar precios y hacer marketing de medicinas incluidas en programas médicos financiados por el gobierno.
Todo eso refleja un creciente escrutinio sobre políticas de precios y un fuerte aumento de procesos por fraudes en escala federal y estadual. Dado que las especialidades bajo receta constituyen una parte cada día mayor del presupuesto para medicina social, el gobierno se apresta a una violenta alza de gastos, cuando la nueva ley de atención médica (“medicare”) entre en vigencia en enero.
Las futuras normas cubrirán por vez primera compuestos bajo receta para más de 40 millones de norteamericanos y costará alrededor de US$ 720.000 millones en el decenio 2006-15. Con semejante expansión del gasto en ciernes, el senador Charles Grassley (republicano por Iowa) presiona para que el departamento de Justicia active acciones contra el fraude en precios.
Peter Keisler, que dirige la unidad para fraudes civiles de esa repartición, señala que “los sumarios más frecuentes se relacionan con medicina social. El sector tiene hoy la parte del león, tanto en cantidad de casos como en montos involucrados. Y ambos factores tienden a multiplicarse”. Hasta mayo, el número de sumarios civiles y penales en curso oscicla en 150 y casi 500 especialidades. “Nos hemos centrado en fármacos desde 2004 y coordinamos esfuezos con otras agencias federales y los estados”.
Esos esfuerzos interjurisdiccionales ya les han costado multas por US$ 2.400 millones a laboratorios como Bayer, Pfizer, Schering-Plough, etc. Pero son apenas la punta del témpano. “Estamos investigando muchas más compañías que las identificadas públicamente”, admite Patrick O’Connell (fiscalía general de Tejas). Un colega de Massachusetts, Nicholas Messuri, señala que “2005 parece ya un año récord en cuanto a fraudes contra la medicina social”.
Así, la filial norteamericana de la suiza Serono, una de las mayores farmoquímicas europeas, ha reservado US$ 275 millones para cubrir eventuales multas. King Pharmaceuticals ha apartado US$ 130 millones. Pero, sin dudas, a Abbott le saldrá más caro: le cotizó al programa de atención médica de California US$ 55 por dosis de cierta especialidad. Pero a las droguerías les cobra apenas 6,30…
Desde abrirse ese caso en 2003, los investigadores fiscales y la FDA detectaron un patrón común a otros compuesto y compañías. Por consiguiente, se esperan próximamente ampliaciones de demandas contra esa firma y varias más, que también se convertirán en casos federales.
Básicamente, esta ofensiva judicial a varias puntas ha podido ser gracias a la ley contra falsas pretensiones, firmada por Abraham Lincoln durante la guerra de Secesión (y copiada por sus enemigos confederados). Su objeto era impedir abusos relacionados con el esfuerzo bélico y la posterior reconstrucción. Hoy vendría de perilla castigar a Halliburton por sus abusos en otra guerra, la de Irak, y la reconstrucción consiguiente.
Ese visionario precedente, mejorado en 1986, permite al estado exigir el triple de lo normal en daños y perjuicios, si se demuestra que una empresa ha estafado a los contribuyentes. Directa o indirectamente. El año pasado, la ley Lincoln obligó a Pfizer a pagar US$ 430 millones en causas vinculadas al marketing incorrecto de Neurontin, una droga antiepiléptica. Por algo similar, Schering-Plough debió abonar US$ 372 millones (había inflado el precio de un antihistamínico, Claritin, y de un inhalante para asmáticos). A su vez, a Bayer le pusieron una multa de US$ 257 millones por ocultar datos sobre composición de precios. Estas cosas no tienen difusión en Latinoamérica, vaya a saberse por qué.
Los casos forman parte de crecientes indagaciones sobre maniobras con precios farmacéutics en todo Estados Unidos. En general se trata de compañías que estafan a programas federales y estaduales de medicina social, cobrando a mayoristas y minoristas precios mucho más bajos que al gobierno o poniendo en plaza compuestos para usos no aprobados por la Food & Drug Administration.
Media docena de grandes farmoquímicas ya ha pagado cuantiosas multas para arregelar demandas en los últimos dos años. En 2005, por lo menos otras tres (Serono, Abbott Laboratories, King Pharmaceuticals) afrontarán acusaciones de similar tenor.
Los fiscales podrían también obligar a esas empresas a aceptar “compromisos de integridad”. Éstos prescriben estricta supervisión federal sobre sus métodos para fijar precios y hacer marketing de medicinas incluidas en programas médicos financiados por el gobierno.
Todo eso refleja un creciente escrutinio sobre políticas de precios y un fuerte aumento de procesos por fraudes en escala federal y estadual. Dado que las especialidades bajo receta constituyen una parte cada día mayor del presupuesto para medicina social, el gobierno se apresta a una violenta alza de gastos, cuando la nueva ley de atención médica (“medicare”) entre en vigencia en enero.
Las futuras normas cubrirán por vez primera compuestos bajo receta para más de 40 millones de norteamericanos y costará alrededor de US$ 720.000 millones en el decenio 2006-15. Con semejante expansión del gasto en ciernes, el senador Charles Grassley (republicano por Iowa) presiona para que el departamento de Justicia active acciones contra el fraude en precios.
Peter Keisler, que dirige la unidad para fraudes civiles de esa repartición, señala que “los sumarios más frecuentes se relacionan con medicina social. El sector tiene hoy la parte del león, tanto en cantidad de casos como en montos involucrados. Y ambos factores tienden a multiplicarse”. Hasta mayo, el número de sumarios civiles y penales en curso oscicla en 150 y casi 500 especialidades. “Nos hemos centrado en fármacos desde 2004 y coordinamos esfuezos con otras agencias federales y los estados”.
Esos esfuerzos interjurisdiccionales ya les han costado multas por US$ 2.400 millones a laboratorios como Bayer, Pfizer, Schering-Plough, etc. Pero son apenas la punta del témpano. “Estamos investigando muchas más compañías que las identificadas públicamente”, admite Patrick O’Connell (fiscalía general de Tejas). Un colega de Massachusetts, Nicholas Messuri, señala que “2005 parece ya un año récord en cuanto a fraudes contra la medicina social”.
Así, la filial norteamericana de la suiza Serono, una de las mayores farmoquímicas europeas, ha reservado US$ 275 millones para cubrir eventuales multas. King Pharmaceuticals ha apartado US$ 130 millones. Pero, sin dudas, a Abbott le saldrá más caro: le cotizó al programa de atención médica de California US$ 55 por dosis de cierta especialidad. Pero a las droguerías les cobra apenas 6,30…
Desde abrirse ese caso en 2003, los investigadores fiscales y la FDA detectaron un patrón común a otros compuesto y compañías. Por consiguiente, se esperan próximamente ampliaciones de demandas contra esa firma y varias más, que también se convertirán en casos federales.
Básicamente, esta ofensiva judicial a varias puntas ha podido ser gracias a la ley contra falsas pretensiones, firmada por Abraham Lincoln durante la guerra de Secesión (y copiada por sus enemigos confederados). Su objeto era impedir abusos relacionados con el esfuerzo bélico y la posterior reconstrucción. Hoy vendría de perilla castigar a Halliburton por sus abusos en otra guerra, la de Irak, y la reconstrucción consiguiente.
Ese visionario precedente, mejorado en 1986, permite al estado exigir el triple de lo normal en daños y perjuicios, si se demuestra que una empresa ha estafado a los contribuyentes. Directa o indirectamente. El año pasado, la ley Lincoln obligó a Pfizer a pagar US$ 430 millones en causas vinculadas al marketing incorrecto de Neurontin, una droga antiepiléptica. Por algo similar, Schering-Plough debió abonar US$ 372 millones (había inflado el precio de un antihistamínico, Claritin, y de un inhalante para asmáticos). A su vez, a Bayer le pusieron una multa de US$ 257 millones por ocultar datos sobre composición de precios. Estas cosas no tienen difusión en Latinoamérica, vaya a saberse por qué.
