La Corte Suprema investiga a petroleras por daño ambiental
El Defensor del Pueblo, Eduardo Mondino, denunció ante la Corte Suprema a 17 compañías petroleras -entre ellas la española Repsol, la brasileña Petrobrás y la estadounidense Total- por el daño ecológico que están causando 10.000 pozos de petróleo.
Mondino exige que las empresas abonen US$ 550 millones, cifra que, según sus cálculos, habrá que gastar para reparar los daños causados por las instalaciones, muchas de ellas abandonadas y en mal estado de conservación.
Las actividades contaminantes afectan a cinco provincias argentinas: Buenos Aires, La Pampa, Mendoza, Neuquén y Río Negro con una extensión total de 900.000 kilómetros cuadrados. El área afectada se denomina “cuenca neuquina”, una de las cinco cuencas petrolíferas en las que se divide el país. Las otras cuatro son: Golfo de San Jorge, Cuyana, Austral y cuenca del Noroeste.
Según informa el diario El País de Madrid, el núcleo de la denuncia -que se suma a una realizada en el año 2003 por la Asociación de Superficiarios de la Patagonia- estriba en que las compañías petroleras en muchos casos no han realizado las obras de infraestructura necesarias para una explotación correcta de sus pozos. Muchos depósitos de residuos están mal construidos o son inexistentes; los caminos de acceso se han realizado sin ningún tipo de planificación dañando seriamente el suelo; las roturas en cañerías y conducciones nunca se arreglan con las consiguientes fugas y filtraciones e incluso los pozos de petróleo que han dejado de ser rentables no se han cerrado siguiendo medidas adecuadas para evitar la contaminación del terreno. El suelo, la flora, el ganado, los cursos de agua y la capa freática llevan años recibiendo estos contaminantes.
En 1998 Naciones Unidas elaboró un extenso informe sobre la degradación de los recursos naturales en la cuenca neuquina, el área afectada sobre la que versa la denuncia del Defensor del Pueblo. En el texto, la ONU habla de emergencia medioambiental y advierte que la explotación petrolífera tal y como se estaba haciendo -y que básicamente no ha variado en estos años como apunta el alto funcionario argentino- puede acarrear “efectos traumáticos para la satisfacción de las necesidades humanas de la actual generación y las futuras”.
Sobre esta base, Mondino, elegido para el cargo en 2002 que, al igual que en España, es independiente del Gobierno de turno, ha acudido a la más alta instancia judicial argentina, que es una mezcla de Tribunal Supremo y Constitucional, reclamando a las empresas el cese de las prácticas contaminantes y el pago de los costos para paliar los daños. La demanda, establecida por la vía civil, no hace mención al pago de indemnizaciones a los posibles afectados, ni hace referencia a las autoridades argentinas como responsables subsidiarias de los daños efectuados. En principio, son las provincias las responsables de la vigilancia y aplicación de la reglamentación medioambiental, aunque es el Ministerio Federal de Planificación el que autoriza las explotaciones.
Mondino exige que las empresas abonen US$ 550 millones, cifra que, según sus cálculos, habrá que gastar para reparar los daños causados por las instalaciones, muchas de ellas abandonadas y en mal estado de conservación.
Las actividades contaminantes afectan a cinco provincias argentinas: Buenos Aires, La Pampa, Mendoza, Neuquén y Río Negro con una extensión total de 900.000 kilómetros cuadrados. El área afectada se denomina “cuenca neuquina”, una de las cinco cuencas petrolíferas en las que se divide el país. Las otras cuatro son: Golfo de San Jorge, Cuyana, Austral y cuenca del Noroeste.
Según informa el diario El País de Madrid, el núcleo de la denuncia -que se suma a una realizada en el año 2003 por la Asociación de Superficiarios de la Patagonia- estriba en que las compañías petroleras en muchos casos no han realizado las obras de infraestructura necesarias para una explotación correcta de sus pozos. Muchos depósitos de residuos están mal construidos o son inexistentes; los caminos de acceso se han realizado sin ningún tipo de planificación dañando seriamente el suelo; las roturas en cañerías y conducciones nunca se arreglan con las consiguientes fugas y filtraciones e incluso los pozos de petróleo que han dejado de ser rentables no se han cerrado siguiendo medidas adecuadas para evitar la contaminación del terreno. El suelo, la flora, el ganado, los cursos de agua y la capa freática llevan años recibiendo estos contaminantes.
En 1998 Naciones Unidas elaboró un extenso informe sobre la degradación de los recursos naturales en la cuenca neuquina, el área afectada sobre la que versa la denuncia del Defensor del Pueblo. En el texto, la ONU habla de emergencia medioambiental y advierte que la explotación petrolífera tal y como se estaba haciendo -y que básicamente no ha variado en estos años como apunta el alto funcionario argentino- puede acarrear “efectos traumáticos para la satisfacción de las necesidades humanas de la actual generación y las futuras”.
Sobre esta base, Mondino, elegido para el cargo en 2002 que, al igual que en España, es independiente del Gobierno de turno, ha acudido a la más alta instancia judicial argentina, que es una mezcla de Tribunal Supremo y Constitucional, reclamando a las empresas el cese de las prácticas contaminantes y el pago de los costos para paliar los daños. La demanda, establecida por la vía civil, no hace mención al pago de indemnizaciones a los posibles afectados, ni hace referencia a las autoridades argentinas como responsables subsidiarias de los daños efectuados. En principio, son las provincias las responsables de la vigilancia y aplicación de la reglamentación medioambiental, aunque es el Ministerio Federal de Planificación el que autoriza las explotaciones.
