Habrá nuevas inversiones en minería
Varias empresas anunciaron sus planes después de que se conoció la decisión del Gobierno argentino de modificar una ley sectorial. Muchas aun son cautelosas porque les preocupa la estabilidad fiscal.
La reciente sanción de la ley de actualización de inversiones en el sector minero generó una ola de expectativas en los empresarios, muchos de los cuales ya anunciaron nuevos proyectos que permiten estimar desembolsos que superan los US$ 80 millones.
La nueva norma sancionada por el Congreso la semana pasada sería reglamentada dentro de un mes, y supone: una reactualización de la estabilidad fiscal de 30 años (un mandato sancionado en 1993 pero que nunca se cumplió totalmente), la eximición del pago de derechos a la importación de bienes de capital y la devolución del IVA en la etapa de exploración.
La decisión gubernamental, que contó con el beneplácito de los empresarios, posibilitó que varias compañías reflotaran antiguos proyectos, postergados en virtud de la inestabilidad fiscal y los bajos precios en el sector.
Pecom Energía, por ejemplo, adelantó su interés en ampliar la capacidad del yacimiento de Cerro Vanguardia, en Santa Cruz, con un plus de inversión estimado en US$ 40 millones.
Lo propio haría Minera Aguilar que pondría en práctica un proyecto de zinc, plomo y plata en Jujuy del orden de los US$ 15 millones.
Otros US$ 40 millones desembolsaría Bajo de la Alumbrera para incrementar sus exploraciones en Catamarca.
Casi todos los empresarios felicitaron al presidente De la Rúa en el anuncio oficial de las medidas, aunque también se encargaron de recalcar que el bajo nivel de los precios de los metales preciosos retrasa proyectos que giran en torno de los US$ 4000 millones.
“La legislación es buena, pero resulta insuficiente para atraer inversiones porque la estabilidad fiscal que rige desde ahora incluye los impuestos que crearon a partir de 1993”, dijo el director financiero de Minera Aguilar, Roberto Cacciola, quien también admitió que hay una fuerte necesidad de bajar costos por parte de las empresas.
Muchos entienden que el problema está en los impuestos distorsivos a la inversión diseñados por Roque Fernández, y pretenden más bien un esquema impositivo unificado para todas las empresas.
El otro tema que preocupa es la credibilidad. Para los observadores externos la Argentina debe probar que la norma anunciada será aplicada sin más, y no que se dejará de lado como se hizo con la anterior, sancionada en 1993.
“Sería una estupidez pretender que los capitales externos decidan jugar en la Argentina bajo semejante perspectiva”, explicaron los analistas.
Otro tema pendiente, en este caso también bajo la esfera del gobierno, es la baja capacidad de transporte de energía que afecta al Noroeste argentino (Noa).
Desde hace tiempo, tanto las empresas eléctricas como las gasíferas reclaman por el inicio de las obras para construir un línea de alta tensión de 500 Kw entre Cuyo y el Noa que dispararía un caudal de inversiones más que auspicioso para la región, y que naturalmente también mejorará las expectativas para las actividades mineras.
La reciente sanción de la ley de actualización de inversiones en el sector minero generó una ola de expectativas en los empresarios, muchos de los cuales ya anunciaron nuevos proyectos que permiten estimar desembolsos que superan los US$ 80 millones.
La nueva norma sancionada por el Congreso la semana pasada sería reglamentada dentro de un mes, y supone: una reactualización de la estabilidad fiscal de 30 años (un mandato sancionado en 1993 pero que nunca se cumplió totalmente), la eximición del pago de derechos a la importación de bienes de capital y la devolución del IVA en la etapa de exploración.
La decisión gubernamental, que contó con el beneplácito de los empresarios, posibilitó que varias compañías reflotaran antiguos proyectos, postergados en virtud de la inestabilidad fiscal y los bajos precios en el sector.
Pecom Energía, por ejemplo, adelantó su interés en ampliar la capacidad del yacimiento de Cerro Vanguardia, en Santa Cruz, con un plus de inversión estimado en US$ 40 millones.
Lo propio haría Minera Aguilar que pondría en práctica un proyecto de zinc, plomo y plata en Jujuy del orden de los US$ 15 millones.
Otros US$ 40 millones desembolsaría Bajo de la Alumbrera para incrementar sus exploraciones en Catamarca.
Casi todos los empresarios felicitaron al presidente De la Rúa en el anuncio oficial de las medidas, aunque también se encargaron de recalcar que el bajo nivel de los precios de los metales preciosos retrasa proyectos que giran en torno de los US$ 4000 millones.
“La legislación es buena, pero resulta insuficiente para atraer inversiones porque la estabilidad fiscal que rige desde ahora incluye los impuestos que crearon a partir de 1993”, dijo el director financiero de Minera Aguilar, Roberto Cacciola, quien también admitió que hay una fuerte necesidad de bajar costos por parte de las empresas.
Muchos entienden que el problema está en los impuestos distorsivos a la inversión diseñados por Roque Fernández, y pretenden más bien un esquema impositivo unificado para todas las empresas.
El otro tema que preocupa es la credibilidad. Para los observadores externos la Argentina debe probar que la norma anunciada será aplicada sin más, y no que se dejará de lado como se hizo con la anterior, sancionada en 1993.
“Sería una estupidez pretender que los capitales externos decidan jugar en la Argentina bajo semejante perspectiva”, explicaron los analistas.
Otro tema pendiente, en este caso también bajo la esfera del gobierno, es la baja capacidad de transporte de energía que afecta al Noroeste argentino (Noa).
Desde hace tiempo, tanto las empresas eléctricas como las gasíferas reclaman por el inicio de las obras para construir un línea de alta tensión de 500 Kw entre Cuyo y el Noa que dispararía un caudal de inversiones más que auspicioso para la región, y que naturalmente también mejorará las expectativas para las actividades mineras.
