Acusan al Gobierno por manejo irregular de ATN

El juez federal Jorge Urso tiene a su cargo una denuncia por envío discrecional de Aportes del Tesoro Nacional, presentada por el abogado Ricardo Monner Sans.

17 agosto, 1999

Según la ley 23.548, de coparticipación federal, el Ministerio del Interior dispone de 370 millones de pesos anuales para cubrir situaciones de emergencia y desequilibrios financieros, bajo el concepto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), que puedan ocurrir en las provincias. Sin embargo, un abogado ligado a la Alianza, Ricardo Monner Sans, presentó una denuncia ante el juez federal Jorge Urso en la cual acusó “prima facie a los funcionarios del Ministerio del Interior encargados de administrar los ATN” de los posibles delitos de malversación de caudales públicos y violación de deberes de funcionario público. La acusación apunta al supuesto manejo político y electoral de los ATN, a fin de favorecer a estados provinciales donde gobierna el oficialismo, a su posible envío directo a municipios, no contemplado por la ley, y a la sospecha de que algunos aportes a comunas neuquinas financiaron obras que debían realizarse con empresas predeterminadas.
(La Nación)

Según la ley 23.548, de coparticipación federal, el Ministerio del Interior dispone de 370 millones de pesos anuales para cubrir situaciones de emergencia y desequilibrios financieros, bajo el concepto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), que puedan ocurrir en las provincias. Sin embargo, un abogado ligado a la Alianza, Ricardo Monner Sans, presentó una denuncia ante el juez federal Jorge Urso en la cual acusó “prima facie a los funcionarios del Ministerio del Interior encargados de administrar los ATN” de los posibles delitos de malversación de caudales públicos y violación de deberes de funcionario público. La acusación apunta al supuesto manejo político y electoral de los ATN, a fin de favorecer a estados provinciales donde gobierna el oficialismo, a su posible envío directo a municipios, no contemplado por la ley, y a la sospecha de que algunos aportes a comunas neuquinas financiaron obras que debían realizarse con empresas predeterminadas.
(La Nación)

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