El Ministerio de Relaciones Exteriores anunció el ingreso de Uruguay como nuevo miembro del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP). Este bloque económico representa el 15% del Producto Bruto Interno (PBI) mundial y agrupa a 595 millones de personas.
La postulación de la nación, iniciada durante la gestión del presidente Luis Lacalle Pou, fue aceptada por los países integrantes: Australia, Brunei, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur, Reino Unido y Vietnam.
La Subsecretaria de Relaciones Exteriores, Valeria Csukasi, destacó el logro en X (anteriormente Twitter): “El CPTPP acaba de aceptar la solicitud de adhesión de Uruguay. Meses y meses de trabajo discreto, en absoluta reserva, para eliminar todas las dudas y explicar por qué el CPTPP es el lugar natural para Uruguay. Inserción económica internacional en clave política de Estado!!”.
El CPTPP es un Tratado de Libre Comercio (TLC) firmado el 8 de marzo de 2018 en Santiago de Chile. El Reino Unido se incorporó posteriormente en julio de 2023.
Con la reciente adhesión de Uruguay, el CPTPP se consolida como un acuerdo de integración económica plurilateral en la región de Asia Pacífico. Sus miembros, a diciembre de 2024, representaban el 7,5% de la población global, el 14,7% del PIB global y el 14,3% de las importaciones globales.
El tratado, que comenzó a entrar en vigor progresivamente para sus miembros iniciales desde fines de 2018, abarca diversos aspectos de la política comercial:
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Acceso a mercado en bienes y servicios.
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Facilitación de comercio.
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Compras públicas.
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Propiedad intelectual, inversiones y comercio electrónico.
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Asuntos laborales y medioambiente.
El objetivo central del CPTPP es crear una zona de libre comercio amplia entre sus miembros, lo que implica la eliminación progresiva de aranceles aduaneros sobre la mayoría de los bienes y servicios, así como la facilitación del comercio transfronterizo y el establecimiento de reglas para los inversionistas.
Una de las particularidades del CPTPP es su enfoque progresista, evidenciado en el compromiso de los países firmantes con estándares laborales y ambientales, la promoción de prácticas regulatorias responsables, la inclusión social y el desarrollo sostenible. El acuerdo también incluye disposiciones para facilitar la participación de pequeñas y medianas empresas (PYMES) en el comercio internacional.
