El nuevo gabinete se ha mostrado hasta ahora más proactivo con la economía que el anterior, actuando sobre dos ejes. Uno es acelerar más la devaluación del dólar oficial, tratando al mismo tiempo de achicar la brecha con el informal malvendiendo bonos del Banco Central y otros bancos públicos y la ANSES y encareciendo los dólares “tarjeta”, “turista” y “bienes suntuarios”. El otro eje apunta a conseguir un imprescindible financiamiento, ante la clarísima evidencia de que ya no será viable el absurdo modelo de “vivir con lo nuestro” pagando todos los vencimientos de la deuda con reservas del Banco Central, indica Juan J. Llach, director de IAE Escuela de Negocios de la Universidad Austral.
Para ello ya se había iniciado antes el intento de arreglo de las deudas soberanas con el CIADI como contraprestación de un préstamo del Banco Mundial de 3000 millones de dólares, en su gran mayoría destinado a pagar vencimientos con el propio banco. Ahora se han agregado el preacuerdo con Repsol por la confiscación de YPF – todavía no definido; un posible bono ajustado por dólar oficial para los exportadores de granos, procurando así que se aceleren las ventas sobre todo de soja y subproductos; la esperanza de despejar el horizonte con el FMI, que sin embargo no levantó la censura al país y puso como plazo marzo de 2014 para mostrar el nuevo IPC y cálculos más serios del PIB; si todo esto saliera bien, reiniciar por enésima vez conversaciones con el Club de París (países desarrollados acreedores de la Argentina a los que se deben 10.000 millones de dólares); negociaciones con China para obtener inversiones en infraestructura y energía capaces de dejar algún dólar rápido en las reservas del Banco Central y, en fin, un inicio más sigiloso de conversaciones con fondos privados para obtener financiamiento sobre la base de la “buena letra” mostrada en los rubros anteriores y, de hecho, también en cierta mejor expectativa sobre el país como resultado del cambio presidencial en 2015 que, muy probablemente, contendrá un giro hacia la racionalidad económica.
Todas estas medidas tienen un norte correcto, pero no alcanzan y los tiempos queman. No hay incentivos suficientes y claros para la entrada de divisas –que sí podrían surgir de un desdoblamiento cambiario con un mercado financiero libre así como de destrabar las restricciones a exportar y bajar retenciones, al menos para las manufacturas y las economías regionales. Tampoco hay un plan de estabilización, más allá del prometido congelamiento de cierta canasta básica.
Las perspectivas, sin embargo, se han complicado como consecuencia de la impericia con que fueron tratados los reclamos salariales de la policía de Córdoba, ahora transformados en saqueos generalizados y sublevaciones policiales en muchas provincias, con varios muertos y heridos.
Un triste y trágico déjá vu argentino que plantea una vez más dudas sobre nuestra gobernabilidad, tantas que hasta es posible que se haga necesario un gobierno de amplia coalición para recuperarla.
Entre otras razones porque la ya iniciada tendencia de generalización de los reclamos salariales complicará mucho a las ya maltrechas arcas fiscales nacionales y subnacionales y también la posibilidad de un plan de estabilización.
Mientras tanto, los dos escenarios que planteáramos en el informe pasado siguen en pie. Uno, con crecimiento del 3% y cierta reducción de la inflación y de la brecha cambiaria. El otro, estanflacionario, con crecimiento nulo o negativo y mayor inflación. La prevalencia de uno u otro se definirá en poco tiempo más.
