Para dejar de manipular a los pobres y aportar soluciones hay que cambiar estructuralmente de estrategia, afirma.
Una gran cantidad de personas se concentró en los alrededores del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación para reclamar por planes sociales. La demanda es motorizada por organizaciones piqueteras que denuncian ser excluidas de las ayudas asistenciales por no ser afines al gobierno. No es un hecho aislado ni novedoso. Las movilizaciones, cortes de calles y reclamos son una constante en las dos décadas de existencia de este Ministerio.
El gobierno nacional cuenta con dos instrumentos para transferir dinero a los hogares vulnerables. El más importante es ANSES que paga 4,4 millones de beneficios de la Asignación Universal por Hijo (AUH), 3,6 millones de jubilaciones sin aportes y 1,4 millones de pensiones no contributivas. Para acceder a estos beneficios la ANSES controla que se cumplan determinados requisitos. El segundo instrumento es el Ministerio de Desarrollo Social que reparte planes sociales financiados con fondos del presupuesto nacional.
Según los datos del presupuesto del Ministerio de Economía, el Ministerio de Desarrollo Social dispone para el año 2021 de $ 350 mil millones. La asignación que se hace de este monto es la siguiente:
- Aproximadamente el 50% se destina a las tarjetas alimentarias con 1,7 millones de beneficios.
- Un 41% se aplica al plan Potenciar Trabajo que cuenta con 1 millón de beneficios.
- Del restante 9%, 1% son otros programas asistenciales y el 8% es el gasto administrativo del Ministerio.
Estos datos muestran que el Ministerio de Desarrollo Social, más allá de su pretensioso nombre, es –en comparación con la ANSES– un administrador marginal de planes sociales. Cuenta con una enorme estructura burocrática, concentrada en CABA, que cuesta unos $23 mil millones anuales en gastos de edificios, salarios y otros insumos. Pero en la selección de los beneficiarios, a diferencia de ANSES, aplica la discrecionalidad y la “privatización” de la función en las organizaciones sociales. Por eso, no sorprende que sea una poderosa fuente de movilizaciones y protestas basadas en la manipulación de la gente.
Transferir dinero a las mismas familias por diferentes vías no resiste el más mínimo análisis de eficiencia en la gestión. Las personas que reciben las tarjetas alimentarias son las mismas que reciben la AUH. Las que reciben los planes Potenciar Trabajo reciben la AUH y la tarjeta alimentaria. El Estado multiplica los gastos administrativos. Los hogares pobres multiplican los esfuerzos para acceder a la cobertura. La única manera de explicar un esquema tan irracional es la desidia y la voraz vocación por aprovechar la vulnerabilidad de la gente pobre para sacar réditos políticos.
El artículo N° 121 de la Constitución Nacional establece que todo aquello que las provincias no delegan a la Nación es responsabilidad provincial. Ninguna provincia delegó expresamente en la Nación la asistencia social. Por lo tanto, el Ministerio de Desarrollo Social opera como un arrogamiento nacional de una función provincial.
La Nación manipula la coparticipación para apropiarse de fondos que deberían ser distribuidos a las provincias para usarlos en funciones provinciales. Esto genera superposiciones, ineficiencias e inequidades. Por ejemplo, el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación destina el 12% del presupuesto de sus planes en CABA, que sólo tiene el 4% de los pobres del país.
En el desafío de reducir la pobreza la responsabilidad más importante del gobierno nacional es generar el contexto favorable para la generación de empleos. En este sentido, cerrando el Ministerio de Desarrollo Social haría un aporte fundamental para mejorar la calidad de la asistencia social. Contribuiría, por ejemplo, a poner fin a la perversa práctica de llevar niños y jóvenes a las marchas piqueteras. Para conseguir un buen empleo hay que alcanzar la secundaria completa. Esto solo se logra con los chicos en las escuelas.
