<p>Como otros efectos retardados de los ataques sobre Manhattan y el Pentágono (11 de septiembre, 2001), este acuerdo es considerado peligroso e inútil por grupos de derechos civiles, pues amplía facultades del gobierno para espiar a sospechosos de actividades subversivas. También autoriza a los agentes de inteligencia operar sobre extranjeros y no residentes.</p>
<p>Por lo mismo, permite hacer grabaciones “de emergencia” sin orden judicial y en desmedro de norteamericanos. Si se aprueba, el acuerdo constituirá la mayor revisión de leyes al respecto en treinta años.</p>
<p>El ala más derechista del congreso intenta destrabar una dura disputa ofreciendo inmunidad a las telefónicas –cuyo “lobby” pesa mucho en el Capitolio-, en tanto algún juez federal determine que recibieron pedidos legítimos del gobierno (en función de medidas que muchos juristas estiman ilegales). Con AT&T y otras firmas afrontando unas cuarenta demandas, algunas de ellas colectivas, los republicanos definen el acuerdo como “mera formalidad”.</p>
<p>Luego de perder ante la Corte Suprema por los excesos en Guantánamo, esta propuesta parece una gran victoria para el presidente y su eminencia gris, el vice Richard Cheney. Resulta de una alianza entre republicanos y demócratas de derecha. Los segundos temen que Barack Obama suceda a Bush, pues se lo sabe contrario a esas prácticas.</p>
<p>El mandatario apoyó de inmediato la propuesta, que se votó el viernes en diputados y pasa al senado. No obstante, el plan encontrará oposición en ambas bancadas, cuyas alas conservadoras creen que limita las facultades del PE en la materia. A la inversa, los liberales –en el sentido anglosajón- sostienen que el acuerdo oficializará un programa de origen ilegal.</p>
<p>El senador Russell Feingold (demócrata, Wisconsin), tachó al convenio de “capitulación” de sus correligionarios. Algunos, como Nancy Pelosi –liberal, presidente de la cámara baja-, afirman que el acuerdo limitará abusos presidenciales. No suena convincente.</p>
<p>Desde hace casi siete años, la Casa Banca sostiene que Bush tiene autoridad constitucional para actuar al margen de la justicia y ordenar acciones, como las de la Agencia Nacional de Seguridad, contra ciudadanos sospechosos de nexos con terroristas. Más aun, Cheney afirmó que el propio congreso había autorizado implícitamente esos abusos al votar por el uso de la fuerza contra Al Qa’eda.</p>
<p>El plan de intercepciones telefónicas expira a fin de 2012, a menos que el congreso lo renueve. Pero podría caer antes, junto con el pesado aparato de seguridad creado en 2002/4, que ha sido totalmente incapaz de neutralizara Al Qa’eda, Hamás, Hezbollá y otros grupos subversivos.</p>
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Un peligroso acuerdo bipartidario sobre espionaje interno en EE.UU.
Demócratas y republicanos convinieron en legalizar facultades del poder ejecutivo para grabar conversaciones de ciudadanos. La idea es dar inmunidad a las telefónicas que participaron en un programa de George W.Bush sin sustento jurídico.
