Un enorme peso fiscal de los subsidios a la energía

Según la consultora IDESA, los subsidios económicos engloban un conjunto de transferencias de fondos públicos a empresas. La mayor proporción están destinados a evitar subas en las tarifas de energía y transporte en el AMBA y cubrir déficits de las empresas públicas. Comenzaron a tener un peso relevante en el presupuesto nacional luego de la crisis del 2002, cuando se decidió no actualizar las tarifas de luz, gas, transporte y agua a pesar de que había vuelto la inflación a la Argentina. A partir del 2016, el gobierno de Cambiemos los redujo, tendiendo a compensar a las familias de más bajos ingresos con una tarifa social. El gobierno actual volvió a congelar las tarifas y aumentar los subsidios. En el Presupuesto 2021 está previsto revertir este proceso. La razón es que los subsidios económicos son fiscalmente insostenibles y socialmente inequitativos. En particular, agregan presión inflacionaria por mayor emisión monetaria para beneficiar a gente de altos ingresos de la región metropolitana. Pero una parte de la coalición de gobierno se opone y presiona por un ajuste de tarifas muy inferior al previsto en el Presupuesto. Para analizar la sostenibilidad fiscal de los subsidios económicos resulta útil analizar su comportamiento histórico y su situación actual. Según datos de la Asociación Argentina de Presupuesto (ASAP), se observa que:

• Entre los años 2005 y 2014, los subsidios pasaron de 0,8% a 5,1% del PBI.
• A partir del 2016 comenzaron a bajar hasta situarse en el 2019 en 1,6% del PBI.
• En el 2020 volvieron a subir a 2,9% del PBI y en el primer trimestre del 2021 aumentaron un 170% respecto a igual período del año anterior.

Estos datos confirman el enorme peso fiscal que llegaron a tener los subsidios económicos hasta el 2014. Esto se revirtió, a través de un proceso muy traumático de subas de tarifas durante el gobierno de Cambiemos. Pero el actual gobierno volvió a aumentarlos el año pasado a casi el doble. Esto podría justificarse como un paliativo transitorio por el confinamiento. Ahora, mantener esta estrategia en el 2021 implica un aumento exponencial de los subsidios. Si la tendencia del primer trimestre se mantiene durante el resto del año, los subsidios económicos volverán a superar el 5% del PBI en el 2021. Que los subsidios lleguen al 5% de PBI implica más déficit fiscal. En las actuales condiciones, esto obliga a acelerar la emisión monetaria. El Banco Central procura morigerar los impactos inflacionarios colocando en los bancos Leliqs y Pases para absorber el exceso de emisión. Pero este mecanismo está saturado. Actualmente el monto de estas colocaciones supera los plazos fijos que la gente tienen en los bancos y 1 de cada 3 pesos de aumento en el

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de Leliq y Pases se produce por los intereses que estos pasivos generan. Es decir, ya no quedan instrumentos para evitar que el aumento de los subsidios económicos acelere la inflación. En el marco de la puja dentro de la coalición de gobierno se anunció la extensión de la Tarjeta Alimentar. Este programa tiene un insalvable problema de diseño ya que se superpone con la Asignación Universal por Hijo y una gran cantidad de planes asistenciales administrados desde los tres niveles de gobierno. La superposición es una manera ineficaz de asistir a los pobres porque potencia los gastos burocráticos, la corrupción y el clientelismo. Seguir aumentando los subsidios económicos y el gasto asistencial con superposición de programas es una estrategia muy regresiva. Los pobres reciben migajas a cambio de soportar gran parte del costo generado por el aumento de la inflación. El Consejo Federal Argentino contra el Hambre tiene la oportunidad de justificar su existencia induciendo a que el gobierno nacional, junto con las provincias, adopte una mejor estrategia. Por un lado, tomar la propuesta del Ministerio de Economía de aplicar un esquema de tarifa social para los que menos tienen y tarifa normal para la clase media y alta. Así, evitaría que se agrave la inflación. Por el otro, rediseñar la política asistencial para que los recursos públicos lleguen a los pobres por un único mecanismo simple, transparente y auditado.