Hay dos evidencias difíciles de cuestionar sobre Donald Trump desde que ocupa la Casa Blanca. La primera es que si bien fue electo por el Partido Republicano, y ha contribuido a su florecimiento, las relaciones entre mandatario y partido no son las mejores.
Trump cuestiona y ataca, cada vez que puede, a distinguidos senadores republicanos que tienen el poder de hacer naufragar sus iniciativas cuando toman estado parlamentario.
La segunda es que hay una excepción: la propuesta presidencial de reforma impositiva es bien recibida por los senadores (y votantes) republicanos y tratarán –aunque no resulte sencillo- de convertirla en ley.
Hasta ahora, la mayoría de las iniciativas de la Casa Blanca han naufragado sea por el accionar de la justicia, sea por el clima hostil en el Congreso.
En cuanto a la reforma del régimen impositivo, falta por ver si los populistas y nacionalistas que lo encumbraron a Trump, muchos de ellos asentados en regiones sin industria y sin empleo, o con bajos salarios, alientan una ley que favorece mucho especialmente a las empresas, que verán reducidos sustancialmente los porcentajes de los impuestos que tributan hasta hoy.
Para expertos y analistas, la reforma impositiva como ha sido presentada es el recorte impositivo más grande y el cambio más importante en la historia del país. Es una propuesta que claramente favorece al sector empresarial y a los hogares de más altos ingresos, recortando ingresos fiscales en el orden de billones de dólares. Y lo que es más controversial, reducirá los impuestos de empresas como las del propio Presidente, reduciendo sus pagos impositivos por todo el tiempo que dure la nueva ley, años después de que haya expirado el mandato presidencial de Donald Trump.
El proyecto tributario, en esencia, reduce a tres las actuales siete categorías de contribuyentes personales, duplica la deducción actual, y elimina otros impuestos como el de “alternativa mínima”, tasas estatales, y la carga establecida en la Obamacare para el ingreso por inversiones.
Pero las grandes novedades se advierten cuando se analiza lo que ocurrirá con las empresas si el proyecto se convierte en ley. Lo más importante: se reduce de 35% a 15% el nivel de imposición (en teoría la menor recaudación se compensará con recortes no especificados sobre “intereses especiales”, y con un impuesto por una sola vez a los billones de dólares que las empresas mantienen en el exterior).
A los pequeños propietarios de negocios se les gravará también 15% en lo personal, el mismo porcentaje que se aplicará a su pequeña empresa. Y una cláusula controvertida: las empresas pagarán solamente impuestos por ingresos generados dentro de Estados Unidos. Un ejemplo: Boeing no pagará impuesto alguno por un avión vendido, digamos, a Brasil.
El Tax Policy Center estima que el nuevo régimen significará un ahorro a los contribuyentes de US$ 6 billones (en español, billón es millón de millones) en 10 años de aplicación. Además, 50% del beneficio será para el 1% de la población con mayores ingresos.
El ingreso derivado del pago de impuestos por parte de las empresas representa 10% del total de los ingresos federales. Eso significa que la reducción de la recaudación para las empresas, en 10 años, para el Departamento del Tesoro, equivale a US$ 2 billones.
Los teóricos de Trump sostienen que ese recorte se compensará con el crecimiento económico impulsado por el nuevo régimen impositivo. Los expertos son escépticos y piensan que sobre todo, es una retórica declaración de buenas intenciones.
