Trichet y Berlusconi, dos casos de inmunidad a medida

“La transparencia perdió una doble batalla en Eurolandia. Mientras Silivio Berlusconi obtenía inmunidad judicial en causas por fraude contable y corrupción, Trichet era desprocesado y, una vez al frente del BCE, será instrumento de Chirac, su salvador”. Así veían los dos principales medios económicos londinenses el nuevo cuadro continental. Poco antes, un tribunal de primera instancia sobreseía a Trichet de cargos vinculados al Caso Crédit Lyonnais (1992), hasta ahora el mayor escándalo financiero en Francia.

Presidente del CL en aquel momento y hoy al frente del Banco de Francia (central), Trichet pasó a ser procesado en 2001. Pero, con el incondicional apoyo de Chirac, no se apartó del puesto. A partir de ahora, temen banqueros británicos, norteamericanos y alemanes –especialmente, los técnicos del Bundesbank-, el futuro jefe del BCE quedará sujeto a Chirac. Anoche mismo, el presidente francés anunció que confirmará su designación como banquero central de “Los 12”, tras un pacto con Romano Prodi. Anoche, el presidente de la Comisión Europea se deshacía en elogios a Trichet, veterano funcionario estatal. Ya en 1971, era inspector general de finanzas y tras su azarosa tenida en el Lyonnais, su influencia le deparó la conducción del banco central (1993). En febrero último, la fiscalía de la República pidió no menos de diez meses de prisión condicional para Trichet (cuya influencia es tal que este proceso casi no se mencionó en la prensa latinoamericana ni la del África francófona). Ahora, los esfuerzos de Chirac se orientan a que los fiscales no apelen el sobreseimiento.

La cuestión tiene delicados visos políticos. Un mes antes de fundarse el BCE (autoridad monetaria para los doce miembros de la Unión Europea que adhieren a la moneda única), en junio de 1998, Jacques Chirac y Helmut Kohl -entonces canciller alemán- convinieron en que Duisenberg sería el primer presidente de la entidad y sería sucedido por Trichet. Pero el “affaire” Crédit Lyonnais había impedido hasta ahora Trichet, tenazmente resistido por algunos miembros de la CE y muchos diputados del Parlamento Europeo.

Mientras tanto, entre masivas protestas, el “premier” Silvio Berlusconi logró que el parlamento suspendiera causas en su contra. Pero éstas se reanudarán cuando termine su mandato. Con apoyo de la derecha y medios conservadores (entre ellos, los que controla su propio grupo empresario), Berlusconi consiguió una dispensa judicial para sí y las cuatro máximas autoridades restantes del poder ejecutivo. El jefe de gobierno está procesado por corrupción (causa SME) y fraudes contables (caso Fininvest), entre otros cargos. En rigor, la llamada “ley escudo” actúa como lo hacía la mayoría automática en la Corte Suprema argentina durante el mandato de Carlos S.Ménem: una vez fuera del poder, el beneficiario y su entorno perdieron esa protección.

Por otra parte, la coalición derechista que hizo pasar la ley ya no refleja el perfil del voto, tras el retroceso de sus componentes en las recientes elecciones locales. Además, Berlusconi se apoya en grupos políticos separatistas, herederos de localismos (Véneto, Lombardía, Liguria, Sicilia) aliados a Austria o a los Borbón napolitanos durante las luchas por la unidad y la independencia (siglo XIX).

A diferencia del anteproyecto original, la ley congela acciones judiciales sólo durante el mandato del primer ministro (termina en 2006), de los presidentes de ambas cámaras y de la corte constitucional. También ampara al presidente de la República pero, tratándose de Carlos Azeglio Ciampi, parece una ironía del oficialismo: Ciampi, como sus antecesores Francesco Cossiga y Oscar Luigi Scalfaro, considera anticonstitucional esta ley. “Forza Italia no es un partido, sino el ala política de Berlusconi y sus negocios”, sostuvo anoche uno de los altos funcionarios italianos de la Comisión Europea. De hecho, algunos dirigentes opositores y la Internacional Socialdemócrata piensan ya en cómo apelar ante la CE, el Parlamento Europeo y otras instancias supranacionales.

“La transparencia perdió una doble batalla en Eurolandia. Mientras Silivio Berlusconi obtenía inmunidad judicial en causas por fraude contable y corrupción, Trichet era desprocesado y, una vez al frente del BCE, será instrumento de Chirac, su salvador”. Así veían los dos principales medios económicos londinenses el nuevo cuadro continental. Poco antes, un tribunal de primera instancia sobreseía a Trichet de cargos vinculados al Caso Crédit Lyonnais (1992), hasta ahora el mayor escándalo financiero en Francia.

Presidente del CL en aquel momento y hoy al frente del Banco de Francia (central), Trichet pasó a ser procesado en 2001. Pero, con el incondicional apoyo de Chirac, no se apartó del puesto. A partir de ahora, temen banqueros británicos, norteamericanos y alemanes –especialmente, los técnicos del Bundesbank-, el futuro jefe del BCE quedará sujeto a Chirac. Anoche mismo, el presidente francés anunció que confirmará su designación como banquero central de “Los 12”, tras un pacto con Romano Prodi. Anoche, el presidente de la Comisión Europea se deshacía en elogios a Trichet, veterano funcionario estatal. Ya en 1971, era inspector general de finanzas y tras su azarosa tenida en el Lyonnais, su influencia le deparó la conducción del banco central (1993). En febrero último, la fiscalía de la República pidió no menos de diez meses de prisión condicional para Trichet (cuya influencia es tal que este proceso casi no se mencionó en la prensa latinoamericana ni la del África francófona). Ahora, los esfuerzos de Chirac se orientan a que los fiscales no apelen el sobreseimiento.

La cuestión tiene delicados visos políticos. Un mes antes de fundarse el BCE (autoridad monetaria para los doce miembros de la Unión Europea que adhieren a la moneda única), en junio de 1998, Jacques Chirac y Helmut Kohl -entonces canciller alemán- convinieron en que Duisenberg sería el primer presidente de la entidad y sería sucedido por Trichet. Pero el “affaire” Crédit Lyonnais había impedido hasta ahora Trichet, tenazmente resistido por algunos miembros de la CE y muchos diputados del Parlamento Europeo.

Mientras tanto, entre masivas protestas, el “premier” Silvio Berlusconi logró que el parlamento suspendiera causas en su contra. Pero éstas se reanudarán cuando termine su mandato. Con apoyo de la derecha y medios conservadores (entre ellos, los que controla su propio grupo empresario), Berlusconi consiguió una dispensa judicial para sí y las cuatro máximas autoridades restantes del poder ejecutivo. El jefe de gobierno está procesado por corrupción (causa SME) y fraudes contables (caso Fininvest), entre otros cargos. En rigor, la llamada “ley escudo” actúa como lo hacía la mayoría automática en la Corte Suprema argentina durante el mandato de Carlos S.Ménem: una vez fuera del poder, el beneficiario y su entorno perdieron esa protección.

Por otra parte, la coalición derechista que hizo pasar la ley ya no refleja el perfil del voto, tras el retroceso de sus componentes en las recientes elecciones locales. Además, Berlusconi se apoya en grupos políticos separatistas, herederos de localismos (Véneto, Lombardía, Liguria, Sicilia) aliados a Austria o a los Borbón napolitanos durante las luchas por la unidad y la independencia (siglo XIX).

A diferencia del anteproyecto original, la ley congela acciones judiciales sólo durante el mandato del primer ministro (termina en 2006), de los presidentes de ambas cámaras y de la corte constitucional. También ampara al presidente de la República pero, tratándose de Carlos Azeglio Ciampi, parece una ironía del oficialismo: Ciampi, como sus antecesores Francesco Cossiga y Oscar Luigi Scalfaro, considera anticonstitucional esta ley. “Forza Italia no es un partido, sino el ala política de Berlusconi y sus negocios”, sostuvo anoche uno de los altos funcionarios italianos de la Comisión Europea. De hecho, algunos dirigentes opositores y la Internacional Socialdemócrata piensan ya en cómo apelar ante la CE, el Parlamento Europeo y otras instancias supranacionales.