Además, se examina el amplio rango en que pueden evolucionar los subsidios en este campo en 2022, a partir de la incertidumbre que rodea la estimación, más allá del método usado.
Por Fernando Navajas (*)
A esta altura resulta obvio que hay en curso un shock sobre el costo o precio unitario que percibe la oferta que se localiza en el gas de origen importado, pero también incide la todavía incompleta indexación en dólares que va a experimentar el precio promedio que paga la demanda en virtud de los techos anunciados a la indexación en un contexto de aceleración de la devaluación nominal.
Bajo ciertos supuestos, que no son necesariamente muy pesimistas, se estima una suba de subsidios del orden de los US$ 3.500 a 4.200 millones respecto al promedio de 2021, dependiendo del resultado de la segmentación.
Esta es una cifra mayor, y en la dirección opuesta al ahorro que se pensaba introducir con el acuerdo del FMI. El 67% de este aumento viene explicado por el gas, con el shock externo como driver central.
Frente a este escenario existen tres márgenes de acción, más allá de que sean o no adoptados por el gobierno, que son extender la segmentación a una parte de los hogares de ingresos medios, aumentar la indexación tarifaria y proceder a mover los subsidios a un formato de suma fija nominal con sub indexación a futuro. Algunos de estos ingredientes van a tener que ser parte del menú corrector de la política tarifaria después de 2023, más allá de que se adopte un criterio de reforma más ambicioso.
Es muy posible que la segmentación quede como un elemento más permanente de la política tarifaria, a juzgar por la experiencia de la historia tarifaria argentina y en función de su posible utilidad para las necesarias estructuras tarifarias de una transición energética que va a ser inevitable.
(*) Economista de FIEL.
