Es momento de mejorar estrategias y gestiones a través del trabajo colectivo y de definición de políticas de cooperación, focalizadas en prosperar ante un contexto de vulnerabilidad social, económica y ambiental.
El mundo está atravesando una crisis sin precedentes. El COVID-19 ha generado el confinamiento de poblaciones, el cierre de fronteras, la interrupción de las actividades productivas y la contracción de la demanda.
Este contexto, no sólo ha exacerbado la crisis social y económica exponiendo la fragilidad de nuestros sistemas, sino que también ha originado incertidumbre y volatilidad en el ámbito financiero.
Por otro lado, el COVID-19 no es la única lucha que enfrenta la humanidad. El cambio climático, debido a su carácter transversal, impacta de manera directa en las economías y sociedades. Ya se manifiestan algunas de sus consecuencias como el descenso de la productividad de las cosechas, la salud y economía de los sectores más vulnerables, el incremento de plagas y enfermedades, y el desplazamiento de poblaciones de su lugar de origen a causa de inundaciones.
Ante este escenario, es necesario tomar medidas audaces, rápidas y creativas para planificar una recuperación de la economía, orientada al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
Algunos países, como China y Alemania, ya se encuentran planificando esta reactivación mediante paquetes de estímulos económicos para el avance tecnológico y la transición hacia la “carbono neutralidad”. Otro ejemplo, es el de la Unión Europea, que destinará un total de €1.800 millones al apoyo de políticas modernas y a una recuperación sostenible y resiliente.
Por otro lado, la región de América latina y el Caribe, de acuerdo con el informe de la CEPAL sobre los efectos económicos y sociales del COVID-19, enfrenta la pandemia desde una posición más débil que la del resto del mundo. Se pronostica una caída del PBI del 9,1%.
Para una reconstrucción económica orientada a la descarbonización y a la
adaptación al cambio climático, hay dos herramientas claves.
La generación de redes y alianzas multisectoriales y multiactor, para el
intercambio de conocimiento y experiencias y para la viabilización de
proyectos. Trabajar en red aporta diversidad, favoreciendo la elaboración
de soluciones más creativas.
El acceso a financiamiento, ya que se requiere de inversiones de gran
escala. La cooperación y el rol de Instituciones Internacionales como el FMI,
el Banco Mundial y la ONU, será esencial para garantizar este acceso, y para
sostener el gasto social y la actividad económica con medidas innovadoras.
Catalizar inversiones en la región
El Acuerdo de París reafirma las obligaciones de los países más avanzados de apoyar los esfuerzos de los que están en vías de desarrollo, para construir un futuro limpio y resistente al clima.
De esta manera, existen diferentes oportunidades para catalizar inversiones en la región, como lo son el Green Climate Fund, Deutsche Gesellschaft fürInternationale Zusammenarbeit, Global Environment Facility, Eurclima+, entre otras.
Siendo evidente el compromiso de la comunidad internacional para brindar apoyo a través de mecanismos financieros, resulta estratégico revisar y reforzar las condiciones que presentan los gobiernos para lograr atraer y retener inversiones extranjeras directas.
Con este fin, hay determinadas áreas en las cuales deberían enfocarse. Entre ellas:
Fundamentos macroeconómicos del país: PBI, saldo de la Cuenta Fiscal,
saldo de la Balanza Comercial, Deuda Pública total
Calidad del entorno interno para hacer negocios y protección legal contra
riesgos políticos y normativos
Planes económicos consistentes
Estabilidad política y seguridad: gobiernos creíbles con planes a largo plazo
Transparencia de las inversiones y mecanismos financieros
gubernamentales
Políticas de atracción de inversión extranjera directa coordinadas e
integradas con las políticas de desarrollo.
Un factor que podría dificultar el acceso a financiamiento internacional sería el incumplimiento de los países con sus obligaciones de deuda. Otra amenaza a la cual se enfrenta la región es que sus poblaciones vienen arrastrando cansancio y descontento por la falta de progreso económico y social, lo que ha generado un escenario de activismo.
Esto podría llevar a que los gobiernos tomen medidas a corto plazo, buscando una especie de “alivio” inmediato. Sin embargo, significaría volver a la situación prepandémica, de fragilidad de los sistemas ante situaciones de crisis.
Además, las políticas a corto plazo no son compatibles con la transición verde y justa hacia el desarrollo sostenible.
(*) Ingeniera Ambiental especializada en Planes de Acción Climática
(RAMCC). Publicado originalmente en la edición 51 aniversario de la revista Mercado.
