Recientes estudios económicos de la región señalan que un importante ‘déficit’ en el área es el del empleo. Además de las altas tasas de desempleo abierto en el sector formal, hubo un mayor crecimiento de empleos precarios en el sector informal.
La Confederación Internacional de Sindicatos Libres (ICFTU), subraya que más de 95% del crecimiento en el empleo fue en el sector informal, y que servicios de salud y pensiones se han vuelto menos accesibles para la mayoría de la población.
También destaca que está declinando el respeto hacia los derechos de los trabajadores: una tendencia que alimenta el descontento social, y que es un tema de discusión importante en las negociaciones sobre comercio que involucra a EU.
De los 27 países de América Latina y el Caribe encuestados por la ICFTU, 20 tienen obstáculos legales que traban la creación de sindicatos: una proporción más alta que en cualquier otra región.
Cerca de 100 huelgas fueron reprimidas en el pasado en América Latina, un número que es sobrepasado sólo en la región Asia-Pacífico.
Lo destacado del informe:
Colombia. En el año 2000, fueron asesinados 135 líderes y miembros de sindicatos, más que en todo el mundo en 1999. Otros 1.600 recibieron amenazas de muerte, 180 el año pasado. Fueron arrestados injustamente 37 sindicalistas y 155 tuvieron que abandonar sus hogares. Secuestraron a 24, hubo 17 desaparecidos y 14 fueron víctimas de ataques físicos.
Los trabajadores del sector público fueron los más afectados, víctimas de 75% de las violaciones. De acuerdo con la UNCHR, 76% de los asesinatos fueron cometidos por paramilitares, seguidos por traficantes de drogas y guerrillas. El gobierno colombiano afirma que las muertes son consecuencia del conflicto armado, y que tan sólo 5%-10% de todos los asesinatos de sindicalistas son directo resultado de sus actividades sindicales. Los sindicatos disienten, y dicen que sus miembros fueron muertos por oponerse a la política económica y defender los derechos de los trabajadores.
Argentina. La nueva legislación introducida para ‘flexibilizar’ el mercado laboral debilita las transacciones colectivas al reducir la influencia de las federaciones nacionales en el proceso de negociaciones. Con ellas fuera del proceso, es más difícil para los trabajadores obtener los beneficios que desean en el ámbito regional, provincial o por empresa.
La reforma extiende el periodo de prueba para nuevos empleados de 30 a 90 días en grandes empresas, y a seis meses en firmas pequeñas (las contribuciones de los empleadores a la seguridad social se reducen en ese periodo).
Entre las medidas de ajuste económico introducidas este año, se recortó 13% de los salarios del sector público y pensiones para balancear el presupuesto.
Brasil. Aunque la constitución prohibe la discriminación contra los sindicatos, en los cinco años últimos, fueron despedidos sindicalistas a una tasa de 2 mil por año, violando su inmunidad sindical. Una decisión de la corte suprema, de noviembre de 1996, declara ilegales todas las huelgas de los funcionarios públicos. Esta ley fue invocada para despedir 243 oficiales de la policía militar en Recife, por declararse en huelga exigiendo aumento salarial.
Un juez en Rio ordenó a un sindicato de costureras, que paren la huelga, declarada contra el registro corporal en una fábrica de lencería y aunque se ordenó a la empresa frenar el registro corporal, la mujer que inició el paro fue despedida.
México. Aunque no es necesaria una autorización previa para formar un sindicato, éstos, para obtener status legal, deben ser registrados por la comisión de conciliación y arbitraje (CAB), compuesta por gobierno, empleadores y trabajadores, y pueden retrasar o denegar el reconocimiento de un sindicato, más aún si estos son hostiles a la política del gobierno o a la de sus empleadores influyentes.
La CAB tiene poder para declarar ilegal una huelga. Como ocurrió en la planta de Volkswagen en Puebla en agosto, los trabajadores tuvieron que volver al trabajo en 24 horas o podían ser
despedidos.
© Latin American Newsletters
Recientes estudios económicos de la región señalan que un importante ‘déficit’ en el área es el del empleo. Además de las altas tasas de desempleo abierto en el sector formal, hubo un mayor crecimiento de empleos precarios en el sector informal.
La Confederación Internacional de Sindicatos Libres (ICFTU), subraya que más de 95% del crecimiento en el empleo fue en el sector informal, y que servicios de salud y pensiones se han vuelto menos accesibles para la mayoría de la población.
También destaca que está declinando el respeto hacia los derechos de los trabajadores: una tendencia que alimenta el descontento social, y que es un tema de discusión importante en las negociaciones sobre comercio que involucra a EU.
De los 27 países de América Latina y el Caribe encuestados por la ICFTU, 20 tienen obstáculos legales que traban la creación de sindicatos: una proporción más alta que en cualquier otra región.
Cerca de 100 huelgas fueron reprimidas en el pasado en América Latina, un número que es sobrepasado sólo en la región Asia-Pacífico.
Lo destacado del informe:
Colombia. En el año 2000, fueron asesinados 135 líderes y miembros de sindicatos, más que en todo el mundo en 1999. Otros 1.600 recibieron amenazas de muerte, 180 el año pasado. Fueron arrestados injustamente 37 sindicalistas y 155 tuvieron que abandonar sus hogares. Secuestraron a 24, hubo 17 desaparecidos y 14 fueron víctimas de ataques físicos.
Los trabajadores del sector público fueron los más afectados, víctimas de 75% de las violaciones. De acuerdo con la UNCHR, 76% de los asesinatos fueron cometidos por paramilitares, seguidos por traficantes de drogas y guerrillas. El gobierno colombiano afirma que las muertes son consecuencia del conflicto armado, y que tan sólo 5%-10% de todos los asesinatos de sindicalistas son directo resultado de sus actividades sindicales. Los sindicatos disienten, y dicen que sus miembros fueron muertos por oponerse a la política económica y defender los derechos de los trabajadores.
Argentina. La nueva legislación introducida para ‘flexibilizar’ el mercado laboral debilita las transacciones colectivas al reducir la influencia de las federaciones nacionales en el proceso de negociaciones. Con ellas fuera del proceso, es más difícil para los trabajadores obtener los beneficios que desean en el ámbito regional, provincial o por empresa.
La reforma extiende el periodo de prueba para nuevos empleados de 30 a 90 días en grandes empresas, y a seis meses en firmas pequeñas (las contribuciones de los empleadores a la seguridad social se reducen en ese periodo).
Entre las medidas de ajuste económico introducidas este año, se recortó 13% de los salarios del sector público y pensiones para balancear el presupuesto.
Brasil. Aunque la constitución prohibe la discriminación contra los sindicatos, en los cinco años últimos, fueron despedidos sindicalistas a una tasa de 2 mil por año, violando su inmunidad sindical. Una decisión de la corte suprema, de noviembre de 1996, declara ilegales todas las huelgas de los funcionarios públicos. Esta ley fue invocada para despedir 243 oficiales de la policía militar en Recife, por declararse en huelga exigiendo aumento salarial.
Un juez en Rio ordenó a un sindicato de costureras, que paren la huelga, declarada contra el registro corporal en una fábrica de lencería y aunque se ordenó a la empresa frenar el registro corporal, la mujer que inició el paro fue despedida.
México. Aunque no es necesaria una autorización previa para formar un sindicato, éstos, para obtener status legal, deben ser registrados por la comisión de conciliación y arbitraje (CAB), compuesta por gobierno, empleadores y trabajadores, y pueden retrasar o denegar el reconocimiento de un sindicato, más aún si estos son hostiles a la política del gobierno o a la de sus empleadores influyentes.
La CAB tiene poder para declarar ilegal una huelga. Como ocurrió en la planta de Volkswagen en Puebla en agosto, los trabajadores tuvieron que volver al trabajo en 24 horas o podían ser
despedidos.
© Latin American Newsletters
