También habría aumento de impuestos en la provincia de Buenos Aires
Se produciría en caso de que la Justicia provincial obligara a dar marcha atrás con el recorte salarial que rige desde julio de 2001 para los empleados públicos que tienen ingresos superiores a 1.200 pesos.
El propio ministro de Economía, Gerardo Otero, fue el encargado
de admitir que la administración de Felipe Solá “no está en
condiciones de afrontar un fallo judicial adverso” y que, en el
caso de que el mismo se produzca, existen “muy pocos caminos” para
conseguir el dinero necesario para pagar los sueldos sin la rebaja
que se aplica actualmente.
Otero recordó que el recorte salarial “le permite a la
Provincia ahorrar 840 millones de pesos anuales” y dijo que un
eventual fallo judicial en favor de alguna de las presentaciones
realizadas por los gremios contra la rebaja de sueldos complicaría
seriamente las cuentas bonaerenses, ya que ese gasto no fue
incluido en el Presupuesto 2003.
El ministro de Economía explicó que si
el fallo judicial fuera adverso, la Provincia “no puede acceder a
las fuentes de financiamiento tradicionales porque están cerradas,
y tampoco puede emitir patacones porque hay un compromiso de no
poner más bonos en circulación”, de manera que sólo le quedan
“tres caminos posibles” para conseguir el dinero.
Una de las alternativas es “reducir fuertemente el gasto”, es
decir, aplicar un nuevo ajuste; otra es “aumentar impuestos” y la
tercera es “mejorar considerablemente los ingresos por
recaudación”, mediante la aplicación de nuevas medidas en la
política tributaria bonaerense.
Otero fue más allá y dijo que esas tres vías -que no serían
suficientes en forma individual, sino que habría que aplicarlas en
conjunto para poder conseguir los 840 millones de pesos que
necesitaría la Provincia- sólo servirían para hacer frente a un
fallo que eventualmente dispusiera la restitución del recorte,
pero no le permitirían afrontar una resolución judicial que, tal
como ocurrió a nivel nacional, ordenara pagar el retroactivo.
Esto implicaría una erogación que supera ampliamente los 1.000
millones de pesos que, por supuesto, la Provincia no tiene
presupuestados entre los gastos de este año, y por eso, Otero
afirmó que ante un fallo que fuera en esa dirección, el Gobierno
de Solá “debería apelar a otros mecanismos, como el pedido de
autorización a la Legislatura para la emisión de un bono”.
El ministro de Economía no quiso hacer referencia a cuál cree
que será la decisión de la Justicia sobre los recursos presentados
por los gremios AERI, ATE y UPCN.
No obstante, recordó que el recorte salarial se decidió
mantener durante este año porque la Provincia “no sólo está en
emergencia financiera, sino también educativa y sanitaria”.
Otero señaló que el incremento de la recaudación “permite
reducir el déficit, pero no nos habilita a dar un aumento de
sueldos, a pesar de que sabemos que hay un atraso en materia
salarial”.
El propio ministro de Economía, Gerardo Otero, fue el encargado
de admitir que la administración de Felipe Solá “no está en
condiciones de afrontar un fallo judicial adverso” y que, en el
caso de que el mismo se produzca, existen “muy pocos caminos” para
conseguir el dinero necesario para pagar los sueldos sin la rebaja
que se aplica actualmente.
Otero recordó que el recorte salarial “le permite a la
Provincia ahorrar 840 millones de pesos anuales” y dijo que un
eventual fallo judicial en favor de alguna de las presentaciones
realizadas por los gremios contra la rebaja de sueldos complicaría
seriamente las cuentas bonaerenses, ya que ese gasto no fue
incluido en el Presupuesto 2003.
El ministro de Economía explicó que si
el fallo judicial fuera adverso, la Provincia “no puede acceder a
las fuentes de financiamiento tradicionales porque están cerradas,
y tampoco puede emitir patacones porque hay un compromiso de no
poner más bonos en circulación”, de manera que sólo le quedan
“tres caminos posibles” para conseguir el dinero.
Una de las alternativas es “reducir fuertemente el gasto”, es
decir, aplicar un nuevo ajuste; otra es “aumentar impuestos” y la
tercera es “mejorar considerablemente los ingresos por
recaudación”, mediante la aplicación de nuevas medidas en la
política tributaria bonaerense.
Otero fue más allá y dijo que esas tres vías -que no serían
suficientes en forma individual, sino que habría que aplicarlas en
conjunto para poder conseguir los 840 millones de pesos que
necesitaría la Provincia- sólo servirían para hacer frente a un
fallo que eventualmente dispusiera la restitución del recorte,
pero no le permitirían afrontar una resolución judicial que, tal
como ocurrió a nivel nacional, ordenara pagar el retroactivo.
Esto implicaría una erogación que supera ampliamente los 1.000
millones de pesos que, por supuesto, la Provincia no tiene
presupuestados entre los gastos de este año, y por eso, Otero
afirmó que ante un fallo que fuera en esa dirección, el Gobierno
de Solá “debería apelar a otros mecanismos, como el pedido de
autorización a la Legislatura para la emisión de un bono”.
El ministro de Economía no quiso hacer referencia a cuál cree
que será la decisión de la Justicia sobre los recursos presentados
por los gremios AERI, ATE y UPCN.
No obstante, recordó que el recorte salarial se decidió
mantener durante este año porque la Provincia “no sólo está en
emergencia financiera, sino también educativa y sanitaria”.
Otero señaló que el incremento de la recaudación “permite
reducir el déficit, pero no nos habilita a dar un aumento de
sueldos, a pesar de que sabemos que hay un atraso en materia
salarial”.
