Superávit fiscal mediante, la caja no alcanza para aguinaldos, cargamento de gasoil y subsidio eléctrico

Mientras el Congreso está convulsionado por el tratamiento de la ley de retenciones móviles, el Poder Ejecutivo envió un proyecto que reactiva el impuesto a las ganancias mínimas presuntas, que alcanzará a empresas que declaren ganancias inferiores al 3 % o pérdidas. Y no es el primer retoque. Las urgencias que motivan ese refuerzo dan la pauta de que la holgura estadística del porcentaje del PIB que calcula el gobierno nacional para medir el cumplimiento del superávit fiscal no se comparece con la caja de la Tesorería. De este modo, ha empezado a faltar dinero para cubrir los compromisos de gasto en su cronograma normal.La recaudación impositiva última no colaboró sustancialmente con la demanda de efectivo de la mitad del año para abonar sueldos, aguinaldos, jubilaciones y desembolsos energéticos en una etapa crucial del abastecimiento de combustibles, gas y electricidad.Las sucesivas prórrogas que se dieron para la presentación de las DDJJ del impuesto a las ganancias son consecuencia de los cambios informáticos que se vienen practicando para afinar la cobranza, cuando la perspectiva era que en este ejercicio los particulares ensayarían una licuación contable.Los malabares que debe efectuar la Secretaría de Hacienda para apechugar las mayores erogaciones, que en el primer semestre llevan aumentado 27 % más que los ingresos.Los problemas de caja se manifestaron visiblemente la semana pasada frente al puerto, cuando ocho buques esperaban para descargar el gasoil que traían que se liberaran pagos por US$ 650 millones. Y todavía restaría la importación de 3,2 millones de metros cúbicos, a $ 1.800 millones en los actuales valores.

También Cammesa necesita $ 15.000 millones del Tesoro para cubrir el rojo por el suministro de electricidad a la red de distribución a menor costo que el real, una proporción que creció este año 20 % respecto del período en que gobernara Néstor Kirchner.Las provincias tienden, asimismo, la mano para enjugar un déficit de $ 3.000 millones este año, a contramano de lo que sucedía dos años antes, cuando en conjunto exhibían un superávit de $ 2.000 millones.Desde hace cuatro meses que el tramo de la autopista Córdoba-Rosario, comprendido por Leones y San Marcos, está parado porque el Estado no gira los fondos, y el tiempo que lleva paralizada descarta que la sequía sea consecuencia de algún tipo de represalia por la actitud que han tenido los gobernadores de las dos provincias involucradas, Schiaretti y Binner, en el conflicto con el campo.En todo caso, el paro rural ha tendido a agravar, por un lado, el estado de las cuentas de la Tesorería, aunque por otro lo alivia, debido a que la desaceleración de la economía implica menos demanda de energía, que el precio del petróleo ha hecho crecer a zancadas.Tal es así que preocupa al gobierno que ese menor ritmo de crecimiento mute hacia una retracción y termine de sepultar las expectativas de los agentes económicos. De ahí el proyecto para devolver al asalariado medio la retención de ganancias, mediante la modificación de la escala de retenciones, y así inyectar al consumo 600 millones de pesos que iban a parar al fisco.Al promediar el año, el sector automotor ya verificó una baja importante en el crecimiento de producción y exportación: cuando hace apenas seis meses la entrega de 0 Km se demoraba de entre 30 y 45 días, hoy prácticamente se entrega contra factura cancelada.   Aun antes de que los aguinaldos estuvieran en la calle, los comercios habían comenzado liquidaciones de fin de temporada para desprenderse de los stocks. La perspectiva del turismo, ya casi sobre las vacaciones de invierno, son negras.

Cadena de pagos
La interrupción de la cadena de pagos agropecuaria ha traído un congelamiento preventivo de las decisiones de compra en gran parte de la sociedad, sobre todo del interior del país.
El esquema de la Tesorería es que los gastos dependen de la inflación mientras que los ingresos se nutren de la actividad económica. Las principales fuentes son IVA, donde repercuten las remarcaciones de los precios; ganancias, dependiente de la rentabilidad de los negocios, y los derechos de exportación, de las retenciones, ahora en conflicto entre gobierno y productores.
Inclusive, las concesiones a pequeños y distantes productores que se han dado en el proyecto de ley durante las sesiones en la Cámara de Diputados tenderían a ser cubiertas, por un lado, con los aumentos que ha tenido el precio de la soja desde que el proyecto entró en el Congreso y financiadas, por otro, mediante la pesadez administrativa de su liquidación desde la ONCCA. 
El panorama fiscal tiende a tornarse más delicado cuando si hila fino y se ve que, con las utilidades giradas por el Banco Central, que nada más que en mayo fueron de casi $ 1.000 millones, se angosta la nutrición tributaria.
Y eso que hubo un aporte encubierto de los acreedores de la deuda pública denominada en pesos, en su mayoría en manos de argentinos (AFJP), quienes en lo que va del año resignaron poco más de $12.000 millones por la diferencia entre el índice de precios real y el elaborado por el intervenido INdEC. 
Los datos del balance de pagos del primer trimestre (INDEC) denotan una transferencia al exterior de us$ 1.463 millones por utilidades y dividendos durante ese periodo, record desde el cuarto trimestre del 2001. No hubo reinversión de utilidades. 
En los últimos tres meses, la salida de capitales estuvo entre us$ 8.000 y 9.000 millones, que suman us$ 19.900 millones si se considera el  año último. Con la crisis de 2001 habían emigrado apenas us$ 18.700 millones. Así, pasó al exterior un equivalente al 50% (us$ 144.310 millones) del PIB, en activos externos del sector privado no financiero. 
Dentro del país queda una deuda pública ampliada en $ 39.702 millones, de los cuales $ 2.057 millones se explican en el déficit del Tesoro. El resto creció como consecuencia de ajustes como el del CER, nuevas obligaciones e intereses no capitalizados.