Según la última versión del Economic GPS de PwC Argentina, el alza de los precios no es un problema nuevo para la economía argentina, pero en los últimos meses se ha vuelto acuciante y hasta el momento no pareciera haber medidas integrales y coordinadas -como el contexto demanda- que busquen su apaciguamiento.
En julio, la incertidumbre ante los cambios en la cartera de economía generó un importante incremento en los tipos de cambio alternativos y un aumento en la brecha con respecto al tipo de cambio oficial. Esto reforzó las expectativas de devaluación.
Sin anclas, la inflación se acelera frente a las fuertes restricciones de acceso a los dólares al tipo de cambio oficial y, por ende, que los financieros pasaran a ser referencia y tuvieran un efecto sobre los precios similar a una depreciación de la moneda, sin que ella hubiera ocurrido realmente sobre el tipo de cambio oficial.
La tasa de cambio implícita calculada con base en el diferencial de precios (AR$ vs US$) del bono de la República Argentina en US$ step-up a 2030 subió un 29% en julio respecto de junio. Pese a caer en agosto (se apreció 3% en relación con el mes previo), el mismo permaneció 25% por encima del sexto mes del año. De esta forma en agosto continuó el pass throught y aunque las variables financieras detuvieron su rally, no fue así el caso de los precios.
En efecto, durante el mes de agosto el IPC volvió a mostrar una fuerte alza -7% mensual-, tras el récord de julio -con el 7,4%-. No se registraba una variación mensual de dicha magnitud desde 1991. De esta manera, los ocho primeros meses del año acumulan un incremento de precios del 56,4% y el 78,5% interanual en agosto, el mayor registro desde enero de 1992. Esta dinámica de precios se conjugará desde el corriente mes de septiembre con un tipo de cambio oficial que, pese a que se mantiene por detrás de la inflación, se ha acelerado.
Así, en julio el tipo de cambio oficial avanzó 5% respecto del mes previo y en agosto el 5,7% y durante las primeras tres semanas de septiembre la devaluación promedio mensual se aceleró a una tasa en torno al 7%. De mantenerse la tendencia devaluatoria, este mes podría empatarle o incluso superar levemente a la inflación.
A su vez, la quita de subsidios -que traerá consigo aumentos tarifarios de los servicios de energía y agua- generarán no solo aumentos de una vez sino también de segunda vuelta, ya que al tratarse de insumos productivos, luego de impactar en el índice de precios volverán a afectarlo cuando aumenten los costos de los bienes y servicios que se producen a partir de ellos -básicamente, todos-.
La ausencia de estas anclas nominales, en un contexto donde los precios muestran una inercia al alza, pone un piso elevado -no necesariamente creciente, pero elevado- en los meses que restan para cerrar el año. Frente a este escenario, la respuesta del Banco Central de la República Argentina (BCRA) fue volver a aumentar la tasa de interés de política monetaria, pasando del 69,5% al 75,0%.
Lo novedoso esta vez es que una tasa efectiva anual del 107% la torna en una tasa real positiva, hecho que no se daba desde 2020. La medida, que busca incentivar que los individuos mantengan sus tenencias de pesos, ciertamente no será inocua en términos de actividad.
Como ya se ha dicho, es posible que la actividad se desacelere durante el segundo semestre del año, y esta medida seguramente la reforzará. Las mayores tasas encarecen el costo de los créditos para las empresas al tiempo que sube el costo del financiamiento con tarjetas de crédito; así como las tasas del programa “Ahora 12”, ya que la Secretaría de Comercio determinó que la tasa nominal anual para el programa de cuotas subsidiadas tendrá una tasa nominal anual equivalente al 85% de la tasa de los plazos fijos tradicionales.
Ciertamente esta situación terminará impactando negativamente en el consumo privado, que durante el segundo trimestre -de acuerdo con los datos recientemente divulgados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República Argentina (INDEC)- avanzó 1,76% respecto del primer trimestre del año.
Esto ocurrió en un contexto donde los salarios del sector registrado, tanto público como privado, (no así los no registrados) venían moviéndose hasta junio en sintonía con la inflación. Sin embargo, ante el salto de la misma y la desaceleración económica parece difícil que puedan seguir acompañándola. Así, es altamente probable que la pérdida en el poder adquisitivo de los ingresos reduzca el consumo, la demanda y el nivel de actividad.
Esto se da junto con una apremiante situación en las reservas del BCRA. No debe perderse de vista que para que el acuerdo con el FMI se mantenga, y se produzca el desembolso de nuevos fondos, la meta de acumulación de reservas deberá ser cumplida. La de septiembre será revisada en diciembre, junto con las otras variables establecidas en el acuerdo.
Al inicio del mes de septiembre las reservas se encontraban en US$ 36.646 millones, el menor nivel desde 2016. Frente a ello, se tomó la medida de otorgar un incentivo al complejo exportador sojero con el objetivo de promover la liquidación de divisas y, de esta forma, comenzar a recomponerla. La medida consistió en ofrecer a este sector un tipo de cambio más alto exclusivamente por el mes de septiembre y se estableció que los exportadores recibirían a cambio de las ventas al exterior un dólar a $200, en lugar del oficial que al día cinco (posterior al anuncio del domingo 4/9) estaba en $140,2.
Más allá de las cuestiones de equidad que uno pudiera plantearse, regulaciones “macroeconómicas” de carácter tan sectorial terminan generando efectos colaterales de todo tipo, al no prever las consecuencias que se derivan del propio esquema de incentivos que se propone. En un contexto de aceleración inflacionaria y una brecha cambiaria cercana al 100%, los incentivos para evitar mantener pesos en cartera son altos. Y esto fue lo que sucedió.
Muchos de quienes liquidaron sus productos del complejo sojero, buscaron dolarizarse a través de los mercados financieros, presionando sobre la cotización de los tipos de cambio alternativos. En efecto, mientras que el BCRA emite pesos para comprar dólares al tipo de cambio de $200, los absorbe -mediante venta para importaciones, por ejemplo- al tipo de cambio oficial. Este diferencial cambiario representó al 26 de septiembre más de $800.000 millones (21% de la base monetaria).
Luego, para evitar que esos pesos se volcasen al mercado cambiario no oficial -presionando sobre la brecha y aumentando las expectativas de devaluación e inflación- el BCRA ha estado esterilizando esos pesos vía leliqs y pases. Pero, como ya se ha dicho, para eso ha tenido que volver a aumentar la tasa de interés, representando esto más emisión futura por la vía del déficit cuasifiscal; con lo que nuevamente aparecen expectativas de mayor emisión,
Finalmente, y para mitigar los efectos colaterales de la medida original, el BCRA terminó reaccionando como la ha venido haciendo hasta ahora, volviendo a aumentar las restricciones. El lunes 19 emitió un comunicado donde estableció que los agentes económicos (no así las personas humanas) que hayan vendido soja en el marco del Programa de Incremento Exportador no podrán acceder al mercado de cambios para compras de moneda extranjera ni tampoco realizar operaciones con títulos y valores con liquidación en moneda extranjera (esto es, acceder al mercado cambiario no oficial).
En resumen, si bien en un principio la medida tuvo un relativo éxito, ya que los exportadores comenzaron a liquidar y ello permitió al BCRA recomponer algo sus reservas -al día 26 de septiembre pudo comprar divisas por US$3.661 millones-, los intentos de contener los distintos focos de desequilibrio de manera aislada y sin un plan integral termina generando distorsiones de diversa índole en otras variables macroeconómicas, lo que seguirá ejerciendo presión sobre la inflación, que es el principal síntoma de los problemas que enfrenta la economía.
