Siguen las discusiones por acuerdo fiscal
El FMI retrasó la misión hasta tanto no se firme el acuerdo con los gobernadores y salga la reforma previsional. De la Rúa partió a Panamá, mientras Colombo alertó sobre la necesidad de firmar el pacto.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) postergó el envío de la misión que tenía previsto arribar hoy (viernes 17) a la Argentina hasta tanto el Gobierno no firme el pacto fiscal con los gobernadores y se apruebe la reforma previsional.
Así lo reveló el viceministro de Economía, Mario Vicens, a periodistas acreditados en el palacio de Hacienda, y aseguró que “si la implementación del programa anunciado el viernes se demora mucho tiempo más, no puedo descartar que se llegue a una situación como la de la semana pasada”, cuando el Gobierno pagó por financiamiento hasta 16% anual.
Este mediodía los gobernadores de las provincias gobernadas por aliancistas se reunían en las jefatura de gabinete para firmar el pacto fiscal.
En tanto, el presidente Fernando de la Rúa partió esta mañana rumbo a Panamá para asistir a la X Cumbre Iberoamericana de jefes de Gobierno y Estado.
El Presidente negó que su ausencia del país constituya un inconveniente, al argumentar que la reunión en Panamá “es importante”, por cuanto “significa la unidad iberoamericana, donde trabajamos en conjunto para el desarrollo de todo el Continente” y porque se entrevistará, adelantó, con el titular del Banco Interamericano de Desarrolo (BID), Enrique Iglesias, que participa en el grupo financiero que otorgaría un “blindaje” a la Argentina.
De la Rúa se expresó de este modo en el aereopuerto internacional de Ezeiza, minutos antes de partir en el avión presidencial Tango 01 en compañía del canciller Adalberto Rodríguez Giavarini y el diputado Marcelo Stubrin.
En la aeroestación, antes de viajar hacia el país centroamericano, el jefe de Estado traspasó el mando al senador Losada.
Por otra parte, esta mañana el jefe de Gabinete, Chrystian Colombo, presionó a los mandatarios peronistas al advertir que si no se firma el pacto fiscal, no llegará el prometido “blindaje”, y la situación se tornará crítica.
Los diputados peronistas volvieron anoche a bloquear el camino al acuerdo definitivo, Y Colombo les adjudicó la “responsabilidad” de lo que pudiera ocurrir si no llegara finalmente ayuda de la banca financiera.
“Estoy preocupado”, aseguró Colombo, “me parece que la Argentina tiene ante sí la oportunidad de prevenir una crisis, y como ciudadano me gustaría que no esperemos que ocurra la crisis para empezar a solucionarla, porque el ajuste sobre la gente va a ser mucho peor”.
Por su parte, las provincias justicialistas plantearon la necesidad que los mayores requerimientos para atender erogaciones en educación, salud y seguridad queden al margen del congelamiento de gastos que propone la Nación.
Al mismo tiempo, reclaman que los $ 225 millones destinados al gasto social abarquen hasta 2005, mientras la Nación argumenta que esos fondos corresponden sólo a 2001.
El tema no es menor ya que a esta altura están en juego casi US$ 1.000 millones.
Si el gobierno accediera a las demandas de los gobernadores, el acuerdo con las provincias estaría costándole a la Nación unos US$ 4.800 millones, hasta 2005.
Ayer los mandatarios justicialistas se reunieron en el Consejo Federal de Inversiones (CFI) para elaborar una propuesta alternativa y plantear las excepciones al límite del gasto.
Hubo intentos de acercar posiciones durante la tarde, pero los delegados opositores volvieron al CFI donde el peronismo reforzó sus demandas.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) postergó el envío de la misión que tenía previsto arribar hoy (viernes 17) a la Argentina hasta tanto el Gobierno no firme el pacto fiscal con los gobernadores y se apruebe la reforma previsional.
Así lo reveló el viceministro de Economía, Mario Vicens, a periodistas acreditados en el palacio de Hacienda, y aseguró que “si la implementación del programa anunciado el viernes se demora mucho tiempo más, no puedo descartar que se llegue a una situación como la de la semana pasada”, cuando el Gobierno pagó por financiamiento hasta 16% anual.
Este mediodía los gobernadores de las provincias gobernadas por aliancistas se reunían en las jefatura de gabinete para firmar el pacto fiscal.
En tanto, el presidente Fernando de la Rúa partió esta mañana rumbo a Panamá para asistir a la X Cumbre Iberoamericana de jefes de Gobierno y Estado.
El Presidente negó que su ausencia del país constituya un inconveniente, al argumentar que la reunión en Panamá “es importante”, por cuanto “significa la unidad iberoamericana, donde trabajamos en conjunto para el desarrollo de todo el Continente” y porque se entrevistará, adelantó, con el titular del Banco Interamericano de Desarrolo (BID), Enrique Iglesias, que participa en el grupo financiero que otorgaría un “blindaje” a la Argentina.
De la Rúa se expresó de este modo en el aereopuerto internacional de Ezeiza, minutos antes de partir en el avión presidencial Tango 01 en compañía del canciller Adalberto Rodríguez Giavarini y el diputado Marcelo Stubrin.
En la aeroestación, antes de viajar hacia el país centroamericano, el jefe de Estado traspasó el mando al senador Losada.
Por otra parte, esta mañana el jefe de Gabinete, Chrystian Colombo, presionó a los mandatarios peronistas al advertir que si no se firma el pacto fiscal, no llegará el prometido “blindaje”, y la situación se tornará crítica.
Los diputados peronistas volvieron anoche a bloquear el camino al acuerdo definitivo, Y Colombo les adjudicó la “responsabilidad” de lo que pudiera ocurrir si no llegara finalmente ayuda de la banca financiera.
“Estoy preocupado”, aseguró Colombo, “me parece que la Argentina tiene ante sí la oportunidad de prevenir una crisis, y como ciudadano me gustaría que no esperemos que ocurra la crisis para empezar a solucionarla, porque el ajuste sobre la gente va a ser mucho peor”.
Por su parte, las provincias justicialistas plantearon la necesidad que los mayores requerimientos para atender erogaciones en educación, salud y seguridad queden al margen del congelamiento de gastos que propone la Nación.
Al mismo tiempo, reclaman que los $ 225 millones destinados al gasto social abarquen hasta 2005, mientras la Nación argumenta que esos fondos corresponden sólo a 2001.
El tema no es menor ya que a esta altura están en juego casi US$ 1.000 millones.
Si el gobierno accediera a las demandas de los gobernadores, el acuerdo con las provincias estaría costándole a la Nación unos US$ 4.800 millones, hasta 2005.
Ayer los mandatarios justicialistas se reunieron en el Consejo Federal de Inversiones (CFI) para elaborar una propuesta alternativa y plantear las excepciones al límite del gasto.
Hubo intentos de acercar posiciones durante la tarde, pero los delegados opositores volvieron al CFI donde el peronismo reforzó sus demandas.
