Senado: vuelve el escándalo de los sobornos
La comisión investigadora de lavado de dinero citó a declarar a los fiscales Freiler y Delgado para el martes. La causa, que se encuentra prácticamente desactivada, podría reavivarse.
(NA). – La comisión especial investigadora de maniobras de lavado de dinero entrará a partir de esta semana en la recta final de su trabajo; y lo hará con la citación a brindar testimonio de los fiscales Eduardo Freiler y Federico Delgado, los acusadores en la causa de los supuestos sobornos pagados en el Senado.
La presencia de Freiler y Delgado está prevista para el martes a las 16:00 y promete reavivar un escándalo que se encuentra prácticamente desactivado, sobre todo después de que la Cámara Federal ratificara una resolución del ex juez Carlos Liporaci, que dictó la falta de mérito de los once senadores procesados.
La citación a la comisión tiene por objeto escuchar de boca de los fiscales sus quejas en relación a los impedimentos que encontraron en su tarea para investigar qué fue lo que realmente ocurrió.
Varios miembros de la comisión adelantaron su intención de indagar a los funcionarios sobre algunas medidas adoptadas por el juez federal Gabriel Cavallo –que subrogó a Liporaci tras la renuncia de éste a la magistratura–, que les habría impedido ir más a fondo con la pista acerca de pagos de la Side efectuados en la época de la negociación de la reforma laboral.
A Liporaci lo sucedió Cavallo, que a su vez se excusó de seguir con el expediente a raíz de su candidatura a ocupar un cargo en la Cámara Federal II, ya que el acuerdo lo debe dar, precisamente, el Senado del que todavía forman parte los legisladores sospechados.
Por esa razón la causa quedó en manos del juez Rodolfo Canicoba Corral, que así se convirtió en el tercer magistrado a cargo del expedientes más escandaloso en que estuvieran involucrados funcionarios del Gobierno de Fernando de la Rúa.
El caso de los soborno en el Senado estalló en julio del año pasado cuando el senador Antonio Cafiero (PJ-Buenos Aires) planteó una cuestión de privilegio en relación a una nota del periodista Joaquín Morales Solá, en la que hablaba del pago de “favores personales” por parte del Gobierno a legisladores justicialistas a cambio de la ley.
Pero el escándalo se desmadró definitivamente cuando el por entonces vicepresidente de la Nación y titular del Senado, Carlos Alvarez, leyó en una reunión de labor parlamentaria un anónimo que relataba la maniobra, con nombres y apellidos, de presuntos involucrados en la maniobra.
La causa cayó en manos de Liporaci que a mediados de noviembre del año pasado llegó a pedir el desafuero de 11 senadores, en su mayoría los mencionados en ese anónimo. A raíz de un cambio en la ley de fueros parlamentarios, el desafuero nunca llegó a ser votado, pero los senadores debieron comparecer ante el juez federal.
El tiempo pasó y poco a poco la causa fue perdiendo peso, sobre todo después de que Liporaci dictó la falta de mérito y que la Cámara Federal ratificara su resolución, lo que ocurrió a mediados del corriente año.
Ante la inminencia del cierre de la causa los fiscales Freiler y Delgado quedaron como los únicos interesados en continuar con la investigación, razón por la cual los diputados de la comisión investigadora de lavado de dinero decidieron convocarlos para escuchar sus testimonios.
(NA). – La comisión especial investigadora de maniobras de lavado de dinero entrará a partir de esta semana en la recta final de su trabajo; y lo hará con la citación a brindar testimonio de los fiscales Eduardo Freiler y Federico Delgado, los acusadores en la causa de los supuestos sobornos pagados en el Senado.
La presencia de Freiler y Delgado está prevista para el martes a las 16:00 y promete reavivar un escándalo que se encuentra prácticamente desactivado, sobre todo después de que la Cámara Federal ratificara una resolución del ex juez Carlos Liporaci, que dictó la falta de mérito de los once senadores procesados.
La citación a la comisión tiene por objeto escuchar de boca de los fiscales sus quejas en relación a los impedimentos que encontraron en su tarea para investigar qué fue lo que realmente ocurrió.
Varios miembros de la comisión adelantaron su intención de indagar a los funcionarios sobre algunas medidas adoptadas por el juez federal Gabriel Cavallo –que subrogó a Liporaci tras la renuncia de éste a la magistratura–, que les habría impedido ir más a fondo con la pista acerca de pagos de la Side efectuados en la época de la negociación de la reforma laboral.
A Liporaci lo sucedió Cavallo, que a su vez se excusó de seguir con el expediente a raíz de su candidatura a ocupar un cargo en la Cámara Federal II, ya que el acuerdo lo debe dar, precisamente, el Senado del que todavía forman parte los legisladores sospechados.
Por esa razón la causa quedó en manos del juez Rodolfo Canicoba Corral, que así se convirtió en el tercer magistrado a cargo del expedientes más escandaloso en que estuvieran involucrados funcionarios del Gobierno de Fernando de la Rúa.
El caso de los soborno en el Senado estalló en julio del año pasado cuando el senador Antonio Cafiero (PJ-Buenos Aires) planteó una cuestión de privilegio en relación a una nota del periodista Joaquín Morales Solá, en la que hablaba del pago de “favores personales” por parte del Gobierno a legisladores justicialistas a cambio de la ley.
Pero el escándalo se desmadró definitivamente cuando el por entonces vicepresidente de la Nación y titular del Senado, Carlos Alvarez, leyó en una reunión de labor parlamentaria un anónimo que relataba la maniobra, con nombres y apellidos, de presuntos involucrados en la maniobra.
La causa cayó en manos de Liporaci que a mediados de noviembre del año pasado llegó a pedir el desafuero de 11 senadores, en su mayoría los mencionados en ese anónimo. A raíz de un cambio en la ley de fueros parlamentarios, el desafuero nunca llegó a ser votado, pero los senadores debieron comparecer ante el juez federal.
El tiempo pasó y poco a poco la causa fue perdiendo peso, sobre todo después de que Liporaci dictó la falta de mérito y que la Cámara Federal ratificara su resolución, lo que ocurrió a mediados del corriente año.
Ante la inminencia del cierre de la causa los fiscales Freiler y Delgado quedaron como los únicos interesados en continuar con la investigación, razón por la cual los diputados de la comisión investigadora de lavado de dinero decidieron convocarlos para escuchar sus testimonios.
