Senado: piden las declaraciones juradas
El fiscal pidió las declaraciones juradas de todos los que pasaron por la Cámara alta "desde 1992 a la fecha". La solicitud provocó preocupación en los legisladores que no aceptarían tal pedido.
El fiscal federal que entiende en la causa por los supuestos sobornos para votar la Ley de Reforma Laboral, solicitó las declaraciones juradas de todos lo senadores, desde 1992 a la fecha, y sus números de cuentas bancarias.
El requerimiento alcanza ,incluso,a quienes fueron senadores y ahora están en otros cargos, como son el presidente Fernando de la Rúa y seis actuales gobernadores de provincias: José Manuel de la Sota, Carlos Reutemann, Juan Carlos Romero, Julio Miranda, Alfredo Avelín y Carlos Manfredotti.
Sin embargo no involucra a quienes fueron vicepresidentes de la Nación, Carlos Ruckauf y Chacho Alvarez, que no tuvieron el cargo de senadores aunque cumplieran con sus funciones en la Cámara alta.
La obligación de presentar declaraciones juradas rige solo desde 1996; antes de ese año no había formularios para presentarlas ni se definía en qué dependencia debían guardarse, de modo que existen muy pocas. Finalmente se las legalizó en 1998, con la sanción de la ley de ética pública, aunque nunca se conformó la comisión nacional de ética que esa ley exige.
El pedido, provocó conmoción entre los legisladores, quienes ya sentían que comenzaba a bajar la presión sobre las presuntas irregularidades. Tanto, que ayer en el PJ habían decidido forzar un pronunciamiento del cuerpo en el que se dirá que no hubo sobornos por la reforma laboral, y acordaron que no tratarán —al menos por ahora— los pedidos de renuncia que presentaron el radical Juan Melgarejo y el peronista Jorge Massat frente a las investigaciones judiciales.
Ayer ( miércoles 25) el Senado discutía la solicitud de Starc y acordaba que sus miembros se negarían a avalar un pedido de estas características; las declaraciones juradas serían presentadas sólo en el caso de que se realizaran pedidos puntuales y personalizados.
El fiscal federal que entiende en la causa por los supuestos sobornos para votar la Ley de Reforma Laboral, solicitó las declaraciones juradas de todos lo senadores, desde 1992 a la fecha, y sus números de cuentas bancarias.
El requerimiento alcanza ,incluso,a quienes fueron senadores y ahora están en otros cargos, como son el presidente Fernando de la Rúa y seis actuales gobernadores de provincias: José Manuel de la Sota, Carlos Reutemann, Juan Carlos Romero, Julio Miranda, Alfredo Avelín y Carlos Manfredotti.
Sin embargo no involucra a quienes fueron vicepresidentes de la Nación, Carlos Ruckauf y Chacho Alvarez, que no tuvieron el cargo de senadores aunque cumplieran con sus funciones en la Cámara alta.
La obligación de presentar declaraciones juradas rige solo desde 1996; antes de ese año no había formularios para presentarlas ni se definía en qué dependencia debían guardarse, de modo que existen muy pocas. Finalmente se las legalizó en 1998, con la sanción de la ley de ética pública, aunque nunca se conformó la comisión nacional de ética que esa ley exige.
El pedido, provocó conmoción entre los legisladores, quienes ya sentían que comenzaba a bajar la presión sobre las presuntas irregularidades. Tanto, que ayer en el PJ habían decidido forzar un pronunciamiento del cuerpo en el que se dirá que no hubo sobornos por la reforma laboral, y acordaron que no tratarán —al menos por ahora— los pedidos de renuncia que presentaron el radical Juan Melgarejo y el peronista Jorge Massat frente a las investigaciones judiciales.
Ayer ( miércoles 25) el Senado discutía la solicitud de Starc y acordaba que sus miembros se negarían a avalar un pedido de estas características; las declaraciones juradas serían presentadas sólo en el caso de que se realizaran pedidos puntuales y personalizados.
