Se intenta atraer inversiones en hidrocarburos
La posibilidad de que se sancione una nueva ley genera diferencias entre las provincias productoras, las consumidoras y las empresas petroleras. Se traspasarían los yacimientos a las provincias.
A partir de la delegación de facultades especiales al Poder Ejecutivo, el equipo económico pondría en marcha una nueva ley de hidrocarburos con el fin de buscar nuevas inversiones para reactivar al sector y beneficiar a las áreas vinculadas.
La iniciativa que estaría estudiando Economía ha generado diferencias de criterio entre las provincias productoras, las consumidoras y las empresas petroleras.
Para las petroleras y las provincias productoras, la ley no debe pasar el margen de los yacimientos, en cambio, las provincias que son fuertes consumidoras quieren que la ley alcance hasta en los surtidores.
Las consumidoras —Capital, Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos— compran 80% de los combustibles y pagan 80% de los impuestos que gravan al sector.
También tienen la mayoría de las refinerías, ocupando 75% de la mano de obra del sector.
Para las productoras la nueva ley reglamentaría el traspaso de los yacimientos a sus manos, como lo fija la Constitución sancionada en 1994.
Con la propiedad de los yacimientos ya perfeccionada, podrían tomar créditos a cuenta de futuras regalías; es por eso que los gobernadores de las provincias petroleras, según dijo el salteño Juan Carlos Romero, creen que para sus territorios “la ley de Hidrocarburos es un tema de adjudicación de autoridad de aplicación”. Y agregó: “Todo lo que es comercialización, destilación y transporte, debe ser materia de otras leyes”. Ya manejan un proyecto de ley propio que contempla sólo este aspecto.
En el Congreso aceptan consolidar con una norma legal más fuerte, pero requieren una contraprestación de la otra parte y que esté fijada en la ley: que se respete el medio ambiente, que no haya posición dominante en el mercado y que la comercialización sea lo más transparente posible.
A partir de la delegación de facultades especiales al Poder Ejecutivo, el equipo económico pondría en marcha una nueva ley de hidrocarburos con el fin de buscar nuevas inversiones para reactivar al sector y beneficiar a las áreas vinculadas.
La iniciativa que estaría estudiando Economía ha generado diferencias de criterio entre las provincias productoras, las consumidoras y las empresas petroleras.
Para las petroleras y las provincias productoras, la ley no debe pasar el margen de los yacimientos, en cambio, las provincias que son fuertes consumidoras quieren que la ley alcance hasta en los surtidores.
Las consumidoras —Capital, Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos— compran 80% de los combustibles y pagan 80% de los impuestos que gravan al sector.
También tienen la mayoría de las refinerías, ocupando 75% de la mano de obra del sector.
Para las productoras la nueva ley reglamentaría el traspaso de los yacimientos a sus manos, como lo fija la Constitución sancionada en 1994.
Con la propiedad de los yacimientos ya perfeccionada, podrían tomar créditos a cuenta de futuras regalías; es por eso que los gobernadores de las provincias petroleras, según dijo el salteño Juan Carlos Romero, creen que para sus territorios “la ley de Hidrocarburos es un tema de adjudicación de autoridad de aplicación”. Y agregó: “Todo lo que es comercialización, destilación y transporte, debe ser materia de otras leyes”. Ya manejan un proyecto de ley propio que contempla sólo este aspecto.
En el Congreso aceptan consolidar con una norma legal más fuerte, pero requieren una contraprestación de la otra parte y que esté fijada en la ley: que se respete el medio ambiente, que no haya posición dominante en el mercado y que la comercialización sea lo más transparente posible.
