En otras palabras la AFPA tiene facultades supervisoras y ejecutivas en lo atinente al recalentamiento global. Particularmente, la emisión de dióxido y monóxido de carnes, asociados a combustibles fósiles.
Por cinco votos a cuatro, el tribunal de superior jerarquía en Estados Unidos ordenó a la AFPA (EPA, en la sigla inglesa) reconsiderar su anterior negativa a limitar emisiones de dióxido de carbono en nuevos modelos de autos, camiones y otros vehículos. Contra lo que sostiene el cabildeo petrolero –al cual responden Bush, el vicepresidente Richard Cheney y el secretario de energía-, esas fuentes provocan cambios negativos en el clima mundial.
La corte sostiene que las emisiones entran en la definición jurídica de “contaminantes atmosféricos”. Este veredicto resulta de uno de los más relevantes casos que hayan llegado a tercera instancia y se refieran al recalentamiento global.
El presidente Bush ha venido oponiéndose sistemáticamente a contralores y restricciones obligatorias sobre gases usuales en automotores. No tanto por presiones de Detroit –que las hubo-, sino por los nexos entre la Casa Blanca y las grandes petroleras. Washington sólo quiere “programas voluntarios”, que no llevan a nada.
En 2003, la agencia se negó a regular emisiones, arguyendo carecer de facultades ejecutivas. Aun si lo tuviera, opinaba entonces, sería poco conveniente hacerlo, pues limitaría las posibilidades de Bush para negociar con economías periféricas o en desarrollo que también contaminan.
Varios estados de la Unión y grupos ambientalistas que habían radicado la demanda saludaron el dictamen. Detroit y Wall Street, por el contrario, reaccionaron desfavorablemente.
En otras palabras la AFPA tiene facultades supervisoras y ejecutivas en lo atinente al recalentamiento global. Particularmente, la emisión de dióxido y monóxido de carnes, asociados a combustibles fósiles.
Por cinco votos a cuatro, el tribunal de superior jerarquía en Estados Unidos ordenó a la AFPA (EPA, en la sigla inglesa) reconsiderar su anterior negativa a limitar emisiones de dióxido de carbono en nuevos modelos de autos, camiones y otros vehículos. Contra lo que sostiene el cabildeo petrolero –al cual responden Bush, el vicepresidente Richard Cheney y el secretario de energía-, esas fuentes provocan cambios negativos en el clima mundial.
La corte sostiene que las emisiones entran en la definición jurídica de “contaminantes atmosféricos”. Este veredicto resulta de uno de los más relevantes casos que hayan llegado a tercera instancia y se refieran al recalentamiento global.
El presidente Bush ha venido oponiéndose sistemáticamente a contralores y restricciones obligatorias sobre gases usuales en automotores. No tanto por presiones de Detroit –que las hubo-, sino por los nexos entre la Casa Blanca y las grandes petroleras. Washington sólo quiere “programas voluntarios”, que no llevan a nada.
En 2003, la agencia se negó a regular emisiones, arguyendo carecer de facultades ejecutivas. Aun si lo tuviera, opinaba entonces, sería poco conveniente hacerlo, pues limitaría las posibilidades de Bush para negociar con economías periféricas o en desarrollo que también contaminan.
Varios estados de la Unión y grupos ambientalistas que habían radicado la demanda saludaron el dictamen. Detroit y Wall Street, por el contrario, reaccionaron desfavorablemente.
