Respaldo a Pou
Diversos actores políticos respaldaron al titular del Central procurando tranquilizar al mundo financiero. Machinea desafió a que se presenten pruebas concretas contra aquel. Una comisión bicameral analizará la situación.
Fernando de la Rúa ratificó el jueves 15 en su cargo al presidente del Banco Central, Pedro Pou; además pidió explícitamente que se ponga término a la difusión de trascendidos y versiones sin concreción real, que crean un clima negativo de incertidumbre.
Horas después, el ministro de Economía expresó en conferencia de prensa que el Gobierno apoya la autonomía institucional del Banco Central y que no existen todavía pruebas que hagan pensar en la necesidad de remover de su cargo a su titular.
José Luis Machinea fue preciso y puntual en sus declaraciones, al decir que si “la diputada Elisa Carrió o cualquier otra persona, tiene pruebas, que las presente ante la justicia. Después veremos qué hacer”.
Agregó que ningún miembro de la Alianza le había sugerido la posibilidad de que gestionara ante Pou su renuncia.
En cuanto al Presidente, tuvo particular empeño en tranquilizar a los mercados, al asegurar que la ley de convertibilidad y la política de paridad cambiaria siguen y seguirán vigentes.
El presidente del Banco Central también obtuvo un fuerte apoyo del sector financiero cuando ,el miércoles 14,en Olivos, los banqueros Eduardo Escasany y Manuel Sacerdote, en nombre de la Asociación de Bancos de la Argentina, hicieron saber al Presidente Fernando de la Rúa su preocupación por la ofensiva desencadenada en los últimas días en su contra.
En la ocasión le fue entregado al primer mandatario el texto de una declaración que difundiría en horas de la noche la mencionada entidad, en la que se formula una advertencia respecto de la eventual desconfianza que generaría en la economía del país un clima de sospecha sobre las autoridades monetarias.
La Asociación de Bancos dice que “el tratamiento que se está dando a un tema tan delicado (investigación sobre un supuesto lavado de dinero), y que no se corresponde con al seriedad y responsabilidad del sector financiero y de los órganos de supervisión”.
Aunque no se explicita un apoyo concreto a la figura de Pedro Pou, voceros de la institución dejaron trascender que durante la reunión con el Presidente, sus visitantes le hicieron notar la repercusión negativa que tendría la remoción de un funcionario que tiene mandato legal hasta el 2004.
Carlos Menem, en nombre del Partido Justicialista también dio su apoyo a la figura del Presidente del Banco Central aduciendo que, quienes postulan su remoción arriesgan la política económica del país.
El martes próximo deberá reunirse la comisión bicameral que deberá evaluar la eventual destitución del funcionario; los legisladores definirán los documentos a ser analizados y la fecha de una anunciada citación a Pou.
En torno a este espinoso asunto, los medios reflejaron durante la semana transcurrida posiciones contrastantes:
1. Los diputados Elisa Carrió y Gustavo Gutiérrez estiman que de las investigaciones que realizaron sobre lavado de dinero surgiría que el titular del Banco Central habría retenido o demorado a la justicia información sobre entidades supuestamente vinculadas a ese acto ilícito.
2. Raúl Alfonsín, Carlos Alvarez y Carlos Ruckauf propician la remoción de Pou; el gobernador de Buenos Aires ha solicitado públicamente su renuncia y sostiene que la política que ha impreso al Banco Central es contraria a la promoción económica del país.
3. Entre los legisladores de la Alianza un sector plantea la destitución del cuestionado funcionario; el presidente del Senado, Mario Losada, convocó a la comisión bicameral que entenderá en el asunto.
4. Los banqueros y los funcionarios del Palacio de Hacienda desplegaron una contraofensiva sobre la base de que una sospecha sobre la transparencia del manejo del dinero en la Argentina puede crear perjuicios a la economía.
A todo esto, al comenzar la semana se afirmó desde la Casa Rosada que el tema del lavado del dinero era considerado una prioridad similar a atribuida al blindaje financiero; a punto tal que el lunes el ministro de Justicia, Jorge de la Rúa, recibió la responsabilidad de encabezar y poner en marcha la Unidad de Información Financiera que participará en la investigación de aquella práctica ilícita.
Coincidentemente, el procurador del Tesoro, Ernesto Mercer, se presentó ante el juzgado federal a cargo de Adolfo Bagnasco, para iniciar una causa judicial, a quien entregó una carpeta con antecedentes del asunto, recibida de manos de José Luis Machinea.
El 28 de febrero se difundirá en los Estados Unidos el informe del Senado que investiga las maniobras de lavado de dinero en el sistema financiero global; en él se menciona a dos entidades argentina: el Banco República y Mercado Abierto S.A..
Fernando de la Rúa ratificó el jueves 15 en su cargo al presidente del Banco Central, Pedro Pou; además pidió explícitamente que se ponga término a la difusión de trascendidos y versiones sin concreción real, que crean un clima negativo de incertidumbre.
Horas después, el ministro de Economía expresó en conferencia de prensa que el Gobierno apoya la autonomía institucional del Banco Central y que no existen todavía pruebas que hagan pensar en la necesidad de remover de su cargo a su titular.
José Luis Machinea fue preciso y puntual en sus declaraciones, al decir que si “la diputada Elisa Carrió o cualquier otra persona, tiene pruebas, que las presente ante la justicia. Después veremos qué hacer”.
Agregó que ningún miembro de la Alianza le había sugerido la posibilidad de que gestionara ante Pou su renuncia.
En cuanto al Presidente, tuvo particular empeño en tranquilizar a los mercados, al asegurar que la ley de convertibilidad y la política de paridad cambiaria siguen y seguirán vigentes.
El presidente del Banco Central también obtuvo un fuerte apoyo del sector financiero cuando ,el miércoles 14,en Olivos, los banqueros Eduardo Escasany y Manuel Sacerdote, en nombre de la Asociación de Bancos de la Argentina, hicieron saber al Presidente Fernando de la Rúa su preocupación por la ofensiva desencadenada en los últimas días en su contra.
En la ocasión le fue entregado al primer mandatario el texto de una declaración que difundiría en horas de la noche la mencionada entidad, en la que se formula una advertencia respecto de la eventual desconfianza que generaría en la economía del país un clima de sospecha sobre las autoridades monetarias.
La Asociación de Bancos dice que “el tratamiento que se está dando a un tema tan delicado (investigación sobre un supuesto lavado de dinero), y que no se corresponde con al seriedad y responsabilidad del sector financiero y de los órganos de supervisión”.
Aunque no se explicita un apoyo concreto a la figura de Pedro Pou, voceros de la institución dejaron trascender que durante la reunión con el Presidente, sus visitantes le hicieron notar la repercusión negativa que tendría la remoción de un funcionario que tiene mandato legal hasta el 2004.
Carlos Menem, en nombre del Partido Justicialista también dio su apoyo a la figura del Presidente del Banco Central aduciendo que, quienes postulan su remoción arriesgan la política económica del país.
El martes próximo deberá reunirse la comisión bicameral que deberá evaluar la eventual destitución del funcionario; los legisladores definirán los documentos a ser analizados y la fecha de una anunciada citación a Pou.
En torno a este espinoso asunto, los medios reflejaron durante la semana transcurrida posiciones contrastantes:
1. Los diputados Elisa Carrió y Gustavo Gutiérrez estiman que de las investigaciones que realizaron sobre lavado de dinero surgiría que el titular del Banco Central habría retenido o demorado a la justicia información sobre entidades supuestamente vinculadas a ese acto ilícito.
2. Raúl Alfonsín, Carlos Alvarez y Carlos Ruckauf propician la remoción de Pou; el gobernador de Buenos Aires ha solicitado públicamente su renuncia y sostiene que la política que ha impreso al Banco Central es contraria a la promoción económica del país.
3. Entre los legisladores de la Alianza un sector plantea la destitución del cuestionado funcionario; el presidente del Senado, Mario Losada, convocó a la comisión bicameral que entenderá en el asunto.
4. Los banqueros y los funcionarios del Palacio de Hacienda desplegaron una contraofensiva sobre la base de que una sospecha sobre la transparencia del manejo del dinero en la Argentina puede crear perjuicios a la economía.
A todo esto, al comenzar la semana se afirmó desde la Casa Rosada que el tema del lavado del dinero era considerado una prioridad similar a atribuida al blindaje financiero; a punto tal que el lunes el ministro de Justicia, Jorge de la Rúa, recibió la responsabilidad de encabezar y poner en marcha la Unidad de Información Financiera que participará en la investigación de aquella práctica ilícita.
Coincidentemente, el procurador del Tesoro, Ernesto Mercer, se presentó ante el juzgado federal a cargo de Adolfo Bagnasco, para iniciar una causa judicial, a quien entregó una carpeta con antecedentes del asunto, recibida de manos de José Luis Machinea.
El 28 de febrero se difundirá en los Estados Unidos el informe del Senado que investiga las maniobras de lavado de dinero en el sistema financiero global; en él se menciona a dos entidades argentina: el Banco República y Mercado Abierto S.A..
