Proponen reforzar el control de la corrupción en el manejo de los recursos naturales
La corrupción es un flagelo global y masivo que tiene enorme costo económico y social.

El costo anual de las coimas se ha estimado en más de US$ 1.500 billones, o sea, para que se vea con más claridad, “mil quinientos millones de millones” de dólares. La estimación surge de una serie de estudios realizados por un equipo de investigadores* la
Brookings Institution
, una ONG de políticas públicas con sede en Washington. La corrupción inhibe el desarrollo sustentable y daña desproporcionadamente a las comunidades vulnerables, concluyen los autores. Erosiona la confianza pública y quita recursos públicos de servicios importantes como salud, educación o infraestructura. Una de las investigaciones calcula que si la riqueza se usara para perseguir metas de las 94 naciones que dependen de recursos naturales (hasta el año 2013) se usara para reducir la pobreza en lugar de actividades corruptas o rentistas más de 500 millones de personas saldrían de la pobreza extrema para 2030. Las industrias extractivas como petróleo, gas y minería son especialmente propensas a los riesgos de corrupción que debilitan la buena gobernanza. Dada la complejidad de esos, la pregunta que se plantean los investigadores, y que dio origen al trabajo, es si es posible reducir -- o incluso eliminar -- la corrupción en el manejo de los recursos naturales. En la introducción, plantean los problemas y tratan de encontrar soluciones. Presentan allí una iniciativa lanzada en 2017 por la Brookings Institution: el proyecto
Leveraging Transparency to Reduce Corruption
(LTRC) que usa los datos provistos por el
Results for Development and the Natural Resource Governance Institute
. La LTRC se propone desarrollar las mejores prácticas para reducir en toda la cadena de valor de los recursos naturales. El método está basado en datos comprobados rigurosamente y en trabajo de campo. Basándose en documentos comprobatorios, en la revisión de una amplia bibliografía y en las lecciones extraídas de muchas experiencias, los autores dicen que no basta con enfocarse exclusivamente en medidas de transparencia, asignación de responsabilidades y participación (TAP, según siglas inglesas). Bastante más hace falta para lograr mejoras en el control de la corrupción. Por eso proponen la aplicación de un programa que denominan “TAP-Plus” que destaca los factores específicos que deben ser considerados además del tradicional foco en la adopción de medidas TAP. El método TAP Plus propone tres elementos que requieren especial atención para lograr impacto: uno, intervenciones en la brecha de implementación dentro de las intervenciones TAP: dos, consideración de factores contextuales en el diseño de programas TAP realístas; y tres, inclusión de medidas complementarias – que van más allá del alcance del TAP tradicional – que interactúan con las intervenciones TAP y pueden tener un impacto importante en la prevención o reducción de la corrupción y mejorar los resultados en desarrollo sustentable. En el trabajo completo, desarrollan esos elementos clave. * Los autores de esta investigación: Norman Eisen, Daniel Kaufmann, Nathaniel Heller, J. Preston Whitt, Mario Picon, Victoria Bassetti, John Hudak
Artículos relacionados

Superávit comercial de mayo: el saldo trepó a US$ 3.504 millones
El intercambio comercial dejó en el quinto mes del año un saldo positivo récord para un mayo y extendió a 30 meses la racha de superávit, impulsado por exportaciones que alcanzaron US$ 9.537 millones y una baja interanual de 7,0% en importaciones, con la energía como principal aporte

Ejecución presupuestaria de la APN: superávit en mayo por giro extraordinario del BCRA
Los ingresos totales de la Administración Pública Nacional subieron 174,0% interanual en mayo de 2026, impulsados por $24,4 billones de utilidades transferidas por el BCRA, mientras el gasto total devengado se mantuvo en línea con la inflación y el resultado financiero fue superavitario, con diferencias relevantes al excluir ese ingreso extraordinario

Organizaciones cuestionan el Decreto 467/2026 por limitar participación ciudadana en designaciones judiciales
Un grupo de entidades de la sociedad civil advirtió que la reforma dictada el 16 de junio elimina observaciones previas al envío de pliegos al Senado y suprime criterios de igualdad de género y diversidad para la Corte Suprema, con impacto en nombramientos de jueces, fiscales y defensores

