En su mayoría apuntan a reducir la jornada laboral de 48 horas semanales a entre 30 y 40 horas, pero difieren en la forma de hacerlo (algunas limitan la duración de la jornada diaria normal a 6 horas, otras establecen 4 días “hábiles” por semana), según sistetiza el último informe de la Bolsa de Comercio de Códoba.
El principal argumento de los representantes del gobierno nacional para avanzar en esta dirección se refiere a que la disposición actual resulta “anticuada” en comparación a lo que ocurre en otros países. Sin embargo, no hemos visto un análisis económico del potencial impacto de las propuestas. A continuación, presentamos un resumen de qué predice la teoría económica sobre lo que ocurriría con variables claves del mercado laboral: productividad, salarios, empleo y desigualdad.
Productividad
Existen diversas formas de medir la productividad laboral. Si seguimos la definición utilizada por CEPAL, calculada como el Valor Agregado Bruto generado por puesto de trabajo asalariado (tanto registrado como no registrado), la disminución de la jornada laboral impactará de forma negativa en la productividad por puesto de trabajo ya que se trabajarían menos horas. Quienes respaldan esta política argumentan sobre posibles (aunque inciertas) ganancias de productividad por hora. Sin embargo, incluso de ocurrir, este efecto difícilmente pueda compensar la fuerte reducción en la cantidad de horas trabajadas en aquellos puestos donde esta medida sea efectiva.
Esto resulta preocupante debido a que actualmente la productividad laboral por puesto de trabajo en Argentina es la más baja de los últimos 30 años, y se encuentra estancada desde hace 5 décadas.
Dejando de lado el impacto de la pandemia del COVID-19 en 2020, el producto generado por cada puesto de trabajo en nuestro país es el más bajo desde 1992.
Hoy, la productividad laboral se encuentra por debajo de la alcanzada en 2019 y un 6% debajo de 2017 (año que coincide con la productividad promedio de los últimos 50 años).
A su vez, la productividad cayó un 12% en los últimos 10 años y se encuentra 16% debajo del pico histórico que tuvo en Argentina, durante 1996-1997.
Este deterioro se da en un contexto donde la productividad laboral ha sido volátil, pero mostrando una clara tendencia de estancamiento desde inicios de 1970.
Salarios
La importancia de entender el impacto en la productividad por puesto de trabajo radica en que este es el principal determinante de los salarios. La evidencia indica que, a mayor productividad del puesto laboral, mayor es el salario esperado.
Entonces, la caída esperada en la productividad por puesto de trabajo dada la reducción de la jornada laboral implicaría una reducción en el salario de los trabajadores. Esto es especialmente preocupante en un contexto donde tanto la productividad como el salario ya se encuentran en niveles muy bajos en términos históricos.
Resulta cierto que los precios (como el salario) suelen ser inflexibles a la baja en términos nominales, particularmente en un mercado altamente regulado como el laboral. Y quienes defienden la propuesta argumentan que adicionalmente debe establecerse que las empresas no podrán reducir los salarios nominales. Sin embargo, con altos niveles de inflación y acelerándose como sucede actualmente en nuestro país, el salario real puede caer aun si no se reduce el salario nominal.
Empleo y desigualdad
Otro argumento utilizado por los defensores de este tipo de medidas es que el nivel de empleo debería incrementarse, ya que para mantener los niveles de producción las empresas tendrían que contratar más personal.
Así, se deberían generar incentivos a insertar más personas al mercado laboral, lo que debería aportar a la reducción de la desigualdad y mejorar la distribución del ingreso.
Sin embargo, y al igual que el argumento del potencial aumento de la productividad por hora, esto no necesariamente ocurriría.
Actualmente, el promedio de horas trabajadas por la población empleada en Argentina es de menos de 35 horas por semana de acuerdo a la OIT. Esta cifra adelanta que la medida no alcanzaría a buena parte del mercado laboral.
De hecho, quienes ocupan puestos de trabajo con altas cargas horarias son más propensos a encontrarse en situaciones de vulnerabilidad socioeconómica, que los lleva a aceptar este tipo de ocupaciones o posiciones laborales.
Por ende, el impacto potencial de una reducción de la jornada laboral puede generar incentivos a que los empleados actuales (o futuros) realicen al menos parte de sus actividades laborales en la informalidad, ya que no pueden darse el lujo de sacrificar su nivel de ingresos.
Peor aún, si la norma resulta exitosa en disminuir efectivamente la cantidad de horas trabajadas por quienes más expuestos se encuentran a la medida, esto impactará en su salario, lo que incrementará la desigualdad social.
¿Cuál será el impacto de la medida?
En resumen, creemos que esta medida puede tener en el corto plazo un impacto distinto del deseado por quienes la impulsan.
En vez de aumentar el empleo formal y mejorar las condiciones de vida de los trabajadores, la medida puede llevar, en el contexto actual, a más informalidad y salarios más bajos.
Este tipo de regulaciones e intervenciones del gobierno no crean empleo, ni aumentan productividad, ni incrementan los salarios de forma genuina a lo largo del tiempo.
La única forma de lograr estos objetivos es con políticas de fondo que mejoren la calidad educativa, medidas que refuercen la capacitación de los trabajadores y aumenten la productividad, y una reforma laboral que impulse la generación de trabajo en el sector privado.
