Putin, la resovietización petrolera y ciertos bancos
Últimamente, influyentes periódicos vienen alertando sobre la creación de un virtual monopolio estatal de hidrocarburos en Rusia. Con apoyo de banqueros alemanes. Esto coincide con graves maniobras para imponer en Ucrania un hombre de Moscú.
El presidente Vladyímir Putin está por forzar la malventa de Yuganskñeftyegas (YKG), subsidiaria clave del grupo Yukos, para pagar deudas tributarias de la compañía por una suma sin sustento contable: US$ 7.500 millones. Esto ha sido definido como expropiación y su finalidad ulterior es armar un virtual monopolio de hidrocarburos, controlado no tanto por el estado federal, sino por gente adicta a Putin.
En efecto, sostienen Neue Zürcher Zeitung, Financial Times, Wall Street Journal o el sueco Dagens Nyeter, las sucesivas exigencias impositivas a Yukos ignoran tanto la disposición de la empresa a pagar como su situación de caja. También se adelantan a la sentencia a dictarse en el juicio penal a Míjail Jodorkovsky, principal accionista y ex CEO, por fraude y evasión.
En realidad, el poder ejecutivo ya conoce de antemano ese fallo, pues maneja a su gusto al poder judicial. Dado que también contola el poder legislativo, el perfil institucional de Rusia se acerca al de la época tsarista o la soviética. Hasta hace algunas semanas, eso no parecía molestar a Alemania –dos de cuyas bancas asisten a Putin- ni a Estados Unidos.
Ahora, tras confirmarse que las interferencias rusas en los comicios de Ucrania incluyeron el envenenamiento de Víktor Yushchenko, candidato presidencial opuesto al que apoyaba Moscú, es posible que Washington y Berlín presten más atención al caso Yukos.
Dentro de cinco días, en una subasta digitada, Gazprom (grupo controlado por el estado) se quedará con YKG. Gracias, en gran medida, a dos grandes bancas germanas: Deutsche Bank –la mayor entidad privada de la Unión Europea- y Dresdner Kleinwort Wasserstein (DKW). Sin ambages, el FT se pregunta si ambas pueden obrar como cualquier operador en el contexto de competencia típico de la banca de inversión. Es decir, privilegiar los intereses de sus accionistas, dejando toda otra consderiración al margen.
Tanto ese medio como su colega suizo temen que las dos entidades “estén transgrediendo normas éticas y convalidando un proceso que atenta contra el estado de derecho y la equidad económica en Rusia”. La cuestión es nueva porque, en la primera ola de privatizaciones (años 90), los bancos no intervinieron. Todo se transaba, por pocos dólares, entre un gobierno venal y una mafia conocida como “oligarquía”. Ambos, herederos de la vieja URSS.
Por el contrario, hoy la banca occidental se involucra en un claro intento de reestatizar parcialmente el sector hidrocarburos, vía Gazprom. Dresdner KW valuó los activos a rematar. Junto con Deutsche Bank y otros, sindicó un crédito por US$ 13.300 millones para financiar la oferta de compra (que es única, pues Moscú bloqueó otras). Al mismo tiempo, DB, como asesora de Gazprom, aconsejaba formular la menor propuesta posible por YKG.
Por supuesto, DB dice con razón no haber tenido nada que ver con la decisión gubernamental de imponer una subasta. Tampoco los accionistas objetarán que explote cualquier oportunidad de hacer buenos negocios con Gazprom, la empresa más rica de Rusia y una de las mayores del mundo. No obstante, apuntan los editorialistas suecos e ingleses, “DB no parece advertir que, por ese camino, pone en riesgo su propia reputación. Moscú ya usó su asesoramiento a Gazprom para legitimar un atropello”.
Aparte de una duda económica –en cuanto a si Gazprom es capaz de invertir lo bastante en YKG y sus operaciones-, los ribetes políticos son complejos. Por ejemplo, la renacionalización deriva de una venganza casi personal de Putin contra Jodorkovsky. No por ser un mafioso, sino por haber promovido un frente opositor. Eso refleja la misma lógica aplicada a Ucrania o, antes, a Chechenia: barrer brutalmente con quienes amenacen su proyecto hegemónico. No en vano, el presidente fue director de la KGB.
El presidente Vladyímir Putin está por forzar la malventa de Yuganskñeftyegas (YKG), subsidiaria clave del grupo Yukos, para pagar deudas tributarias de la compañía por una suma sin sustento contable: US$ 7.500 millones. Esto ha sido definido como expropiación y su finalidad ulterior es armar un virtual monopolio de hidrocarburos, controlado no tanto por el estado federal, sino por gente adicta a Putin.
En efecto, sostienen Neue Zürcher Zeitung, Financial Times, Wall Street Journal o el sueco Dagens Nyeter, las sucesivas exigencias impositivas a Yukos ignoran tanto la disposición de la empresa a pagar como su situación de caja. También se adelantan a la sentencia a dictarse en el juicio penal a Míjail Jodorkovsky, principal accionista y ex CEO, por fraude y evasión.
En realidad, el poder ejecutivo ya conoce de antemano ese fallo, pues maneja a su gusto al poder judicial. Dado que también contola el poder legislativo, el perfil institucional de Rusia se acerca al de la época tsarista o la soviética. Hasta hace algunas semanas, eso no parecía molestar a Alemania –dos de cuyas bancas asisten a Putin- ni a Estados Unidos.
Ahora, tras confirmarse que las interferencias rusas en los comicios de Ucrania incluyeron el envenenamiento de Víktor Yushchenko, candidato presidencial opuesto al que apoyaba Moscú, es posible que Washington y Berlín presten más atención al caso Yukos.
Dentro de cinco días, en una subasta digitada, Gazprom (grupo controlado por el estado) se quedará con YKG. Gracias, en gran medida, a dos grandes bancas germanas: Deutsche Bank –la mayor entidad privada de la Unión Europea- y Dresdner Kleinwort Wasserstein (DKW). Sin ambages, el FT se pregunta si ambas pueden obrar como cualquier operador en el contexto de competencia típico de la banca de inversión. Es decir, privilegiar los intereses de sus accionistas, dejando toda otra consderiración al margen.
Tanto ese medio como su colega suizo temen que las dos entidades “estén transgrediendo normas éticas y convalidando un proceso que atenta contra el estado de derecho y la equidad económica en Rusia”. La cuestión es nueva porque, en la primera ola de privatizaciones (años 90), los bancos no intervinieron. Todo se transaba, por pocos dólares, entre un gobierno venal y una mafia conocida como “oligarquía”. Ambos, herederos de la vieja URSS.
Por el contrario, hoy la banca occidental se involucra en un claro intento de reestatizar parcialmente el sector hidrocarburos, vía Gazprom. Dresdner KW valuó los activos a rematar. Junto con Deutsche Bank y otros, sindicó un crédito por US$ 13.300 millones para financiar la oferta de compra (que es única, pues Moscú bloqueó otras). Al mismo tiempo, DB, como asesora de Gazprom, aconsejaba formular la menor propuesta posible por YKG.
Por supuesto, DB dice con razón no haber tenido nada que ver con la decisión gubernamental de imponer una subasta. Tampoco los accionistas objetarán que explote cualquier oportunidad de hacer buenos negocios con Gazprom, la empresa más rica de Rusia y una de las mayores del mundo. No obstante, apuntan los editorialistas suecos e ingleses, “DB no parece advertir que, por ese camino, pone en riesgo su propia reputación. Moscú ya usó su asesoramiento a Gazprom para legitimar un atropello”.
Aparte de una duda económica –en cuanto a si Gazprom es capaz de invertir lo bastante en YKG y sus operaciones-, los ribetes políticos son complejos. Por ejemplo, la renacionalización deriva de una venganza casi personal de Putin contra Jodorkovsky. No por ser un mafioso, sino por haber promovido un frente opositor. Eso refleja la misma lógica aplicada a Ucrania o, antes, a Chechenia: barrer brutalmente con quienes amenacen su proyecto hegemónico. No en vano, el presidente fue director de la KGB.
