Propuestas para mejorar un debilitado federalismo fiscal

El informe mensual de coyuntura económica que publica mensualmente la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas de la Universidad Católica Argentina, incluye el siguiente artículo del investigador Ernesto A. O’Connor,

26 julio, 2007

Por Ernesto A. O´Connor

Los ingresos fiscales nacionales siguen aumentando mes a mes, de la mano de
la actividad económica, y también de la inflación. La recaudación
tributaria de
junio logró un nuevo record de $ 18.036 M, y el superávit primario
de la Nación
llegaría a $ 26.000M.

En tanto, si bien en las provincias los ingresos por tributos locales siguen
en
general al ritmo de los nacionales, lo mismo que las transferencias automáticas
por coparticipación, la tendencia deficitaria es inevitable. Es que los
gastos
primarios vienen creciendo, desde hace un par de años, bien por encima
de los
recursos corrientes. Esto se debe a tres motivos. Ante todo, el efecto de las
pautas de recomposición salarial a nivel nacional sobre las provincias,
pues los
trabajadores provinciales docentes, de salud, judiciales, de las provincias,
más
los empleados municipales, se suceden con lógicos reclamos. La diferencia
es
que en Nación, el gasto en personal es el 11% del presupuesto, mientras
que en
las provincias es el 50%. Otra causa es la mayor dinámica de la obra
pública
provincial, desde 2005 a la fecha. Tercero, la deuda de las provincias comenzó
a
crecer más velozmente desde la aceleración de la inflación
en 2005, y con ella
los servicios, debido al efecto del CER sobre las amortizaciones, especialmente
en el caso de los BOGAR.

En 2007 el resultado primario del consolidado provincial sería deficitario
en $
300 M, luego de cuatro años de superávit. Luego del pago de intereses,
el déficit
financiero sería de $ 3.000 M, equivalente a 0.4% PIB. Las amortizaciones
de
capital serían de $ 8.500 M, con lo cual las necesidades de financiamiento
sumarían $ 11.500 M. La tendencia deficitaria ha retornado. ¿Pueden
las
provincias obtener más fondos, en un contexto de florecimiento de los
ingresos
públicos?

La reforma previsional y las provincias

La situación del sistema previsional también tiene relación
con las provincias. En
abril se lanzó una nueva reforma previsional, que brinda a los afiliados
a las
AFJP la posibilidad de retornar al régimen de reparto. A esta reforma
se suma una
anterior de 2006 que permite, en una amplia moratoria, acceder al beneficio
jubilatorio a
personas en edad que no hubieran podido demostrar su condición de aportantes
al sistema en el pasado, en forma parcial o total.

El marco del sistema previsional nacional, desde el punto de vista fiscal,
es
inmejorable. Desde 2002 hasta 2005, los haberes jubilatorios estuvieron
congelados. En 2005 comenzaron las recomposiciones. En tanto, los ingresos por
aportes y contribuciones patronales, y por impuestos de rentas generales,
crecieron a la par de la actividad económica desde mediados de 2002.
Así el
sistema previsional nacional comenzó a arrojar superávit financiero
total desde
2003, y superávit previo a contribuciones (transferencias desde Nación)
desde
2006, dejando atrás tradicionales déficit que obligaron a sucesivas
reformas
impositivas y de coparticipación de impuestos en los años ´90.
Por eso, entre
otros motivos, el Tesoro ha colocado bonos públicos en la ANSeS.

El traspaso -legalmente “forzoso” en muchos casos- de afiliados de
capitalización a reparto, aumenta los ingresos del presente, mientras
que, la
nueva reforma previsional, y la amplia moratoria vigente desde 2006, incorporan
una tendencia deficitaria. En 2007, las expectativas indican que el superávit
se
mantendría por efecto de los traspasos. Pero de cara al futuro, las inquietudes
no son menores. Las nuevas jubilaciones implican mayores erogaciones fiscales,
que no se sabe si podrán ser cubiertas en unos años, cuando se
ignora si el
sistema será o no superavitario.

La situación previsional actual abre el juego a la discusión
en torno a la
Coparticipación Federal de Impuestos. Las provincias, que registran un
marcado
retroceso en la distribución de impuestos nacionales y un deterioro creciente
de
la correspondencia fiscal, podrían reclamar la restitución de
fondos tributarios
nacionales propios que, a partir de la reforma de 1992, pasaron a financiar
el
hoy superavitario régimen de seguridad social nacional.

Alternativas de mejor economía política

Es sabido que el país ha postergado la sanción de una nueva ley
de
coparticipación federal de impuestos, que la Constitución de 1994
establecía
antes de 1996. También, que los consensos para una nueva ley convenio
son
muy difíciles de obtener, increíblemente, en un régimen
que se precia de ser
federal. De todos modos, el elevado desequilibrio fiscal vertical que registran
por
lo menos unas quince provincias hace pensar en caminos alternativos que vayan
dotando a las provincias de mayor autonomía fiscal y federal.

Una opción es coparticipar plenamente el Impuesto al cheque, que, como
se
sabe, se reparte sólo en un 30%, del cual algo menos del 15% llega a
las
provincias, unos $ 1.950 M en la proyección 2007. No hay razones para
que no
se reparta en la misma proporción que el resto de los impuestos. De ser
así, las
provincias recibirían $ 4.000 M adicionales anuales.

Otro tema es la deteriorada situación fiscal de la provincia de Buenos
Aires. Una
alternativa es actualizar el denominado Fondo del conurbano bonaerense,
dejando que sea una suma fija, y que vuelva a ser un porcentaje de la
recaudación del impuesto a las Ganancias, dado el evidente deterioro
que esta
situación significa sobre la provincia.

En el fondo, se plantean interrogantes de larga data, en torno al irregular
funcionamiento del federalismo fiscal, que tienen importantes impactos en la
organización federal del país.

Por Ernesto A. O´Connor

Los ingresos fiscales nacionales siguen aumentando mes a mes, de la mano de
la actividad económica, y también de la inflación. La recaudación
tributaria de
junio logró un nuevo record de $ 18.036 M, y el superávit primario
de la Nación
llegaría a $ 26.000M.

En tanto, si bien en las provincias los ingresos por tributos locales siguen
en
general al ritmo de los nacionales, lo mismo que las transferencias automáticas
por coparticipación, la tendencia deficitaria es inevitable. Es que los
gastos
primarios vienen creciendo, desde hace un par de años, bien por encima
de los
recursos corrientes. Esto se debe a tres motivos. Ante todo, el efecto de las
pautas de recomposición salarial a nivel nacional sobre las provincias,
pues los
trabajadores provinciales docentes, de salud, judiciales, de las provincias,
más
los empleados municipales, se suceden con lógicos reclamos. La diferencia
es
que en Nación, el gasto en personal es el 11% del presupuesto, mientras
que en
las provincias es el 50%. Otra causa es la mayor dinámica de la obra
pública
provincial, desde 2005 a la fecha. Tercero, la deuda de las provincias comenzó
a
crecer más velozmente desde la aceleración de la inflación
en 2005, y con ella
los servicios, debido al efecto del CER sobre las amortizaciones, especialmente
en el caso de los BOGAR.

En 2007 el resultado primario del consolidado provincial sería deficitario
en $
300 M, luego de cuatro años de superávit. Luego del pago de intereses,
el déficit
financiero sería de $ 3.000 M, equivalente a 0.4% PIB. Las amortizaciones
de
capital serían de $ 8.500 M, con lo cual las necesidades de financiamiento
sumarían $ 11.500 M. La tendencia deficitaria ha retornado. ¿Pueden
las
provincias obtener más fondos, en un contexto de florecimiento de los
ingresos
públicos?

La reforma previsional y las provincias

La situación del sistema previsional también tiene relación
con las provincias. En
abril se lanzó una nueva reforma previsional, que brinda a los afiliados
a las
AFJP la posibilidad de retornar al régimen de reparto. A esta reforma
se suma una
anterior de 2006 que permite, en una amplia moratoria, acceder al beneficio
jubilatorio a
personas en edad que no hubieran podido demostrar su condición de aportantes
al sistema en el pasado, en forma parcial o total.

El marco del sistema previsional nacional, desde el punto de vista fiscal,
es
inmejorable. Desde 2002 hasta 2005, los haberes jubilatorios estuvieron
congelados. En 2005 comenzaron las recomposiciones. En tanto, los ingresos por
aportes y contribuciones patronales, y por impuestos de rentas generales,
crecieron a la par de la actividad económica desde mediados de 2002.
Así el
sistema previsional nacional comenzó a arrojar superávit financiero
total desde
2003, y superávit previo a contribuciones (transferencias desde Nación)
desde
2006, dejando atrás tradicionales déficit que obligaron a sucesivas
reformas
impositivas y de coparticipación de impuestos en los años ´90.
Por eso, entre
otros motivos, el Tesoro ha colocado bonos públicos en la ANSeS.

El traspaso -legalmente “forzoso” en muchos casos- de afiliados de
capitalización a reparto, aumenta los ingresos del presente, mientras
que, la
nueva reforma previsional, y la amplia moratoria vigente desde 2006, incorporan
una tendencia deficitaria. En 2007, las expectativas indican que el superávit
se
mantendría por efecto de los traspasos. Pero de cara al futuro, las inquietudes
no son menores. Las nuevas jubilaciones implican mayores erogaciones fiscales,
que no se sabe si podrán ser cubiertas en unos años, cuando se
ignora si el
sistema será o no superavitario.

La situación previsional actual abre el juego a la discusión
en torno a la
Coparticipación Federal de Impuestos. Las provincias, que registran un
marcado
retroceso en la distribución de impuestos nacionales y un deterioro creciente
de
la correspondencia fiscal, podrían reclamar la restitución de
fondos tributarios
nacionales propios que, a partir de la reforma de 1992, pasaron a financiar
el
hoy superavitario régimen de seguridad social nacional.

Alternativas de mejor economía política

Es sabido que el país ha postergado la sanción de una nueva ley
de
coparticipación federal de impuestos, que la Constitución de 1994
establecía
antes de 1996. También, que los consensos para una nueva ley convenio
son
muy difíciles de obtener, increíblemente, en un régimen
que se precia de ser
federal. De todos modos, el elevado desequilibrio fiscal vertical que registran
por
lo menos unas quince provincias hace pensar en caminos alternativos que vayan
dotando a las provincias de mayor autonomía fiscal y federal.

Una opción es coparticipar plenamente el Impuesto al cheque, que, como
se
sabe, se reparte sólo en un 30%, del cual algo menos del 15% llega a
las
provincias, unos $ 1.950 M en la proyección 2007. No hay razones para
que no
se reparta en la misma proporción que el resto de los impuestos. De ser
así, las
provincias recibirían $ 4.000 M adicionales anuales.

Otro tema es la deteriorada situación fiscal de la provincia de Buenos
Aires. Una
alternativa es actualizar el denominado Fondo del conurbano bonaerense,
dejando que sea una suma fija, y que vuelva a ser un porcentaje de la
recaudación del impuesto a las Ganancias, dado el evidente deterioro
que esta
situación significa sobre la provincia.

En el fondo, se plantean interrogantes de larga data, en torno al irregular
funcionamiento del federalismo fiscal, que tienen importantes impactos en la
organización federal del país.

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