El proyecto del ministro francés más joven del Ejecutivo, Emmanuel Macron, es rechazado por “demasiado liberal” por el ala izquierdista del gubernamental partido Socialista, lo que augura una dura posición de los socialistas contra Macron y el primer ministro, Manuel Valls, analiza la edición americana de El País.
Ambos funcionarios lo presentaron en la zona noble del Elíseo, acompañados de otros siete ministros, con una solemnidad inusual. Insistieron en la necesidad de acabar con “los cerrojos” para conseguir “liberar” la actividad, lograr más inversiones y conseguir más empleos, los tres pilares del nuevo paquete reformista.
Junto con el Pacto de Responsabilidad —que prevé recortar el gasto público en 50.000 millones en tres años— y la reducción de 22 a 13 del número de regiones, la norma aprobada ahora supone el tercer gran proyecto para la reforma de Francia, que sufre un estancamiento económico —crecerá un 0,4% este año— mientras sus cuentas públicas están desbocadas con un déficit del 4,4% y una deuda del 95,6% del PIB.
El tercer gran proyecto es muy probablemente el último del mandato de Hollande, porque el año que viene habrá dos elecciones (departamentales y regionales) y en 2016 entrará de lleno en la preparación de las presidenciales de 2017.
La ley Macron, como es denominada, “es una ley contra los corporativismos” y favorece “a aquellos que no forman parte del sistema, a los jóvenes, a quienes hoy no tienen las mismas oportunidades que los más favorecidos”, destaca un documento difundido por el Ministerio de Economía.
Afecta a sectores tan variados como los comercios, las profesiones jurídicas en su conjunto, las tarifas en autopistas, los aeropuertos, el transporte en autocar, los tribunales laborales o el permiso de conducir. Un “cajón de sastre”, como la califican sus críticos.
El proyecto es rechazado por los sindicatos y los afectados, y apoyado por la patronal y la opinión pública.
En todos esos sectores, los objetivos de la norma consisten en agilizar su funcionamiento, abrirlos a la competencia, incorporar a los jóvenes y facilitar nuevas inversiones.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ha calculado que la ley incrementará al menos en un 0,1% anual el PIB francés y el Gobierno sostiene que creará al menos 50.000 nuevos empleos.
El capítulo más polémico es el relativo a la apertura de comercios en domingo, hoy limitada a cinco al año bajo permiso del Ayuntamiento correspondiente. Macron los amplía a 12 y autoriza al Gobierno a crear más “zonas turísticas internacionales” —en París hay ahora siete— en las que los comercios podrán abrir los siete días de la semana y hasta medianoche.
Los sindicatos se oponen con el argumento de que perjudica a los trabajadores y al pequeño comercio. Macron les respondió que la norma obliga a compensar económicamente a los empleados que trabajen en domingo, algo que no ocurre ahora.
La patronal, por el contrario, está satisfecha. Cree que podrá crear más de 40.000 empleos. Mil solo en Galerías Lafayette, en París, la ciudad a la que anualmente llegan 30 millones de turistas, que no dejan de comprar en fines de semana. Lafayette calcula que aumentará un 7% su cifra anual de negocios, de unos 1.700 millones.
Los empresarios, sin embargo, perciben con recelo la norma que prevé una reducción de las tarifas en las autopistas. La española Abertis, uno de los tres gigantes en el sector, resulta especialmente afectada.
El rechazo más problemático, sin embargo, procede de las propias filas socialistas, de los diputados rebeldes, pero Valls se mostró ayer confiado en lograr una “mayoría suficiente” para aprobar la ley en el Parlamento.
Pese a todo, la opinión pública recibe bien la nueva norma.
Según un reciente sondeo de Odoxa para el diario económico Les Echos, el 70% de los franceses desea la apertura de comercios en domingo y el 58% asegura que votaría a favor de la ley Macron si tuvieran la ocasión de hacerlo como parlamentarios. La encuesta arroja, sin embargo, un dato demoledor: el 86% cree que la política económica es mala.
Con esta nueva ley, el Gobierno francés intenta calmar de paso a la Comisión Europea, que le exige reformas “más claras y precisas” para evitar la amenaza de abrirle en marzo un expediente por déficit excesivo.
En una carta enviada el mes pasado por Valls a Bruselas, aseguraba que la ley Macron sería una respuesta adecuada a esas insistentes peticiones.
Agresiva batalla de los socialistas rebeldes contra Hollande y Valls
El medio centenar de diputados socialistas rebeldes, críticos con la política económica del Gobierno, han expresado su rotundo rechazo a la Ley por el Crecimiento y la Actividad aprobada este miércoles por el Ejecutivo. Destacados miembros del grupo, como Christian Paul o Jean-Marc Germain, ya han hecho público su rechazo frontal a la norma, especialmente por el trabajo en domingo, y amenazan no ya con abstenerse cuando llegue al Parlamento, como ya han hecho en el caso de los Presupuestos Generales, sino incluso en votar en contra. “No se puede votar esa ley”, aseguran fuentes del colectivo.
La alcaldesa de París, Anne Hidalgo, se opone a ampliar en más domingos el permiso de apertura comercial. La ley, además, prevé que sea el Gobierno el que, en ciudades turísticas como París, determine las “zonas turísticas internacionales” en las que los comercios podrán abrir siete días a la semana y hasta medianoche, con lo que la alcaldesa de la capital quedaría privada de una de sus competencias.
La actitud de los diputados rebeldes supone el mayor pulso lanzado hasta ahora por ellos contra el presidente, François Hollande, y su primer ministro, Manuel Valls.
Y de paso, contra el ministro Emmanuel Macron, autor de la ley al que los rebeldes consideran, junto con Valls, representantes del ala liberal de los socialistas.
La ley Macron tuvo como precedente la que preparaba su antecesor, el polémico Arnaud Montebourg, expulsado del Ejecutivo en agosto cuando Hollande y Valls decidieron deshacerse de los ministros críticos con la política económica.
El principal partido de la oposición, la Unión por un Movimiento Popular (UMP) de Nicolas Sarkozy, sostiene que “la ley nace muerta”, entre otras razones porque no modifica el límite legal de 35 horas de trabajo semanal.
Pese a todo, Valls confió este miércoles de nuevo en lograr “una mayoría suficiente” a lo largo de su tramitación parlamentaria, que arrancará el próximo 22 de enero.
El colectivo que se ha mostrado más airado hasta ahora es el de los notarios. Ante decenas de ellos, Macron tuvo que escuchar el pasado viernes gritos de “mentiroso” cuando les explicaba la necesidad de “eliminar candados” en su actividad, de “ajustar las tarifas al coste real” y de incorporar a los jóvenes.
Michel Chassang, presidente de la Unión Nacional de Profesiones Liberales, contestó que ellos no son “rentistas” ante el argumento del ministro, que este miércoles repitió en el Elíseo, de que hay “una situación de monopolio” en las profesiones jurídicas reguladas, como los notarios, los peritos tasadores, los administradores judiciales o los procuradores.
