El presupuesto destinado a las universidades públicas en Argentina para el año 2025 se ubica en su nivel más bajo desde 2006, según informó la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ). A pesar del aumento nominal del 29% anunciado por el Poder Ejecutivo a través del decreto 425/25, la asignación real refleja una reducción significativa respecto a los años anteriores.
En términos ajustados por inflación, el presupuesto para la educación superior pública representa una caída del 9% respecto a 2024 y acumula una disminución del 32% desde 2023. Esta tendencia compromete el funcionamiento de las casas de estudio y limita su capacidad para garantizar el acceso a una educación universitaria gratuita y de calidad en el país.
Además, la inversión por estudiante en 2025 alcanza los $2,1 millones, un valor que no se registraba desde 2005. Este monto es casi la mitad del promedio observado entre 2010 y 2023, que rondaba los $4 millones. La cifra ajustada por inflación implica una reducción del 53% en la inversión por alumno en la última década, lo que evidencia un deterioro sustancial en los recursos destinados a la formación universitaria.
Impacto en la educación superior pública
La ACIJ señaló que las universidades públicas desempeñan un papel estratégico en la producción de conocimiento, la formación profesional y la reducción de desigualdades sociales. La caída sostenida del presupuesto refleja un cambio en las prioridades del Estado, con consecuencias directas para el desarrollo educativo y científico del país.
En este sentido, la organización advirtió que «la caída sostenida de su presupuesto compromete estas funciones y refleja un cambio en las prioridades del Estado, con consecuencias para el desarrollo educativo y científico». Esto genera inquietudes sobre la capacidad del sistema universitario para sostener su misión en el mediano y largo plazo.
El ajuste en los recursos afecta no solo la infraestructura y el equipamiento, sino también la calidad académica y la investigación, que dependen en gran medida de la financiación pública. La limitación presupuestaria puede dificultar la incorporación de tecnología, la actualización de programas y la retención de personal docente calificado.
Análisis y seguimiento presupuestario
La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia realiza anualmente un análisis detallado del presupuesto nacional para evaluar el impacto de la asignación y ejecución de recursos en los derechos sociales, incluyendo la educación superior. Este seguimiento permite identificar las prácticas que caracterizan el proceso presupuestario y sus implicancias para el desarrollo social.
En este marco, el escenario presupuestario actual plantea un desafío para las universidades públicas argentinas, que deberán afrontar una reducción histórica de recursos en un contexto donde su rol social y académico es fundamental para el país.
La continuidad de esta tendencia podría afectar no solo el acceso y la calidad educativa, sino también el desarrollo científico y tecnológico, que constituyen pilares para el crecimiento económico y la equidad social.
