Presionan para apartar a Pou del Central
Ruckauf, Ibarra, Alfonsín y Néstor Kirchner pidieron al Gobierno que impulsara la salida del funcionario cuestionado. En la Casa Rosada no se respondió a esos reclamos. El Presidente tiene la facultad de removerlo por decreto.
Desde todos los ángulos del espectro político llegó ayer ( lunes 12) en pedido para el Gobierno: la remoción del presidente del Banco Central, Pedro Pou, debido a las sospechas de mal desempeño en supuestas operaciones de lavado de dinero.
El gobernador de Buenos Aires, Carlos Ruckauf, envió un radiograma al presidente Fernando de la Rúa en el que le pide que dé el paso necesario para remover al directorio del Banco Central; ” las acusaciones en su contra son tan fuertes que creemos que no puede seguir en el cargo”, enfatizó el dirigente del PJ.
Con él coincidió el jefe del gobierno porteño al reclamar que Pou debería dar un paso al costado. “Yo estoy convencido de que acá no hubo un control desde el Banco Central respecto del lavado de dinero como la Argentina se merece”—señaló Ibarra— mientras compartía un almuerzo con el gobernador santacruceño, Néstor Kirchner (PJ), que también pidió la salida de Pou.
Estas voces, sumadas a las de Raúl Alfonsín y del presidente del bloque de diputados de la Alianza, el frepasista Darío Alessandro , aumentaron la presión sobre el Gobierno respecto de la continuidad del funcionario, que tiene mandato hasta 2004.
De acuerdo a lo establecido en el artículo 9 de la carta orgánica del Banco Central, Pou puede ser removido por medio de un decreto del Poder Ejecutivo, que debe ser refrendado por una comisión ad hoc de cinco legisladores.
Más allá de la existencia de esta posibilidad, el secretario general de la Presidencia, Horacio Jaunarena, afirmó que no existen “elementos” para que el Poder Ejecutivo pida la remoción de Pou, aunque no negó que en la Argentina “se hayan producido maniobras” de presunto lavado de dinero.
Por su parte, el jefe de Gabinete Chrystian Colombo, consideró que se deberá recurrir a “los mecanismos legales para sustituir a las autoridades del Banco Central”, en caso de comprobarse irregularidades en el control y la investigación de los distintos casos denunciados.
Pero reclamó antes “una profunda investigación que permita deslindar supuestas participaciones o complicidades en las maniobras” ilícitas para confirmar “si los pasos procesales que hizo el Banco Central fueron los correctos”.
Similares declaraciones realizó el vocero presidencial, Ricardo Ostuni, al asegurar que el Gobierno solicitará al Senado la destitución del funcionario “si se comprobara algún hecho doloso o reprochable por la ley en las investigaciones sobre el lavado de dinero”.
Ostuni aclaró que la Argentina “no está considerada internacionalmente ni un paraíso fiscal ni un lugar donde el lavado del dinero sea algo institucionalizado, lo cual no indica que no haya operaciones puntuales”.
Desde todos los ángulos del espectro político llegó ayer ( lunes 12) en pedido para el Gobierno: la remoción del presidente del Banco Central, Pedro Pou, debido a las sospechas de mal desempeño en supuestas operaciones de lavado de dinero.
El gobernador de Buenos Aires, Carlos Ruckauf, envió un radiograma al presidente Fernando de la Rúa en el que le pide que dé el paso necesario para remover al directorio del Banco Central; ” las acusaciones en su contra son tan fuertes que creemos que no puede seguir en el cargo”, enfatizó el dirigente del PJ.
Con él coincidió el jefe del gobierno porteño al reclamar que Pou debería dar un paso al costado. “Yo estoy convencido de que acá no hubo un control desde el Banco Central respecto del lavado de dinero como la Argentina se merece”—señaló Ibarra— mientras compartía un almuerzo con el gobernador santacruceño, Néstor Kirchner (PJ), que también pidió la salida de Pou.
Estas voces, sumadas a las de Raúl Alfonsín y del presidente del bloque de diputados de la Alianza, el frepasista Darío Alessandro , aumentaron la presión sobre el Gobierno respecto de la continuidad del funcionario, que tiene mandato hasta 2004.
De acuerdo a lo establecido en el artículo 9 de la carta orgánica del Banco Central, Pou puede ser removido por medio de un decreto del Poder Ejecutivo, que debe ser refrendado por una comisión ad hoc de cinco legisladores.
Más allá de la existencia de esta posibilidad, el secretario general de la Presidencia, Horacio Jaunarena, afirmó que no existen “elementos” para que el Poder Ejecutivo pida la remoción de Pou, aunque no negó que en la Argentina “se hayan producido maniobras” de presunto lavado de dinero.
Por su parte, el jefe de Gabinete Chrystian Colombo, consideró que se deberá recurrir a “los mecanismos legales para sustituir a las autoridades del Banco Central”, en caso de comprobarse irregularidades en el control y la investigación de los distintos casos denunciados.
Pero reclamó antes “una profunda investigación que permita deslindar supuestas participaciones o complicidades en las maniobras” ilícitas para confirmar “si los pasos procesales que hizo el Banco Central fueron los correctos”.
Similares declaraciones realizó el vocero presidencial, Ricardo Ostuni, al asegurar que el Gobierno solicitará al Senado la destitución del funcionario “si se comprobara algún hecho doloso o reprochable por la ley en las investigaciones sobre el lavado de dinero”.
Ostuni aclaró que la Argentina “no está considerada internacionalmente ni un paraíso fiscal ni un lugar donde el lavado del dinero sea algo institucionalizado, lo cual no indica que no haya operaciones puntuales”.
