Preocupa el clima social
La movilización de "piqueteros" origina preocupación y entrecruzamiento de acusaciones. Los reclamos se montan sobre una incuestionable crisis social, pero surgen señales de movilización ideológica.
Los datos oficiales sobre índice de desocupación, la presencia de los llamados “piqueteros” en las rutas y el corte de las principales arterias por donde fluye la sangre económica del país constituyen creciente motivo de preocupación para los funcionarios y para los analistas políticos.
Desocupados, empleados municipales transitorios, docentes y desplazados de la actividad industrial están copando cruces estratégicos de rutas en varias provincias del país y conmueven al megapartido de La Matanza, en las puertas de la capital federal, mostrando el rostro de la pobreza, la miseria y la marginalidad, según una escala decreciente de recursos.
Este último es el caso emblemático de lo que está ocurriendo en la Argentina de hoy.
El jueves alrededor de tres mil personas, movilizadas por sectores de la izquierda “dura” y en muchos casos, por reacción espontánea, impedían la circulación por la estratégica ruta 3 del Gran Buenos Aires.
Según las cifras suministradas por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, en La Matanza viven bajo la línea de pobreza 476 mil personas, una cifra inesperada para muchos.
Los reclamos se repiten, como una constante, en todos los puntos de conflicto: trabajo, subsidios, alimentos, pago de sueldos atrasados.
Por momentos, la Nación y las provincias se endosan responsabilidades. Carlos Ruckauf afirmó que el gobierno federal era el responsable de la situación en La Matanza; Graciela Fernández Meijide replicó que lo era la provincia de Buenos Aires, que cuenta con un presupuesto social de $ 640 millones, mientras la Nación dispone solamente de $ 300 millones para todo el país.
Pero la ministro de Desarrollo Social no redujo sus críticas a un solo destinatario, porque acusó al intendente de ese distrito, Ballestrini, de haber demorado el reparto de alimentos frescos, provistos por la Nación, con lo cual se agudizó la tensión.
Desde la comuna y en declaraciones radiales de los dirigentes de los piquetes se atacó a la señora Fernández Meijide, con el argumento de que ,en momentos en que se agudizaba el entredicho, la ministro viajaba a Francia en lugar de asumir la conducción de las negociaciones.
Mientras, la titular de la cartera de Trabajo, Patricia Bullrich, proclamaba su disposición a participar del diálogo, aunque observó que los últimos cortes de ruta evidenciaban una “protesta social organizada”, aunque ese hecho no atentara contra la legitimidad de los reclamos de la gente.
El Presidente fijó posición frente a los acontecimientos. Dijo el miércoles que descartaba la posibilidad de un “estallido social”, aunque admitió la existencia de una situación difícil y de una “enorme deuda social”, para agregar que la Nación dará la ayuda que las circunstancias requieran.
Los datos oficiales sobre índice de desocupación, la presencia de los llamados “piqueteros” en las rutas y el corte de las principales arterias por donde fluye la sangre económica del país constituyen creciente motivo de preocupación para los funcionarios y para los analistas políticos.
Desocupados, empleados municipales transitorios, docentes y desplazados de la actividad industrial están copando cruces estratégicos de rutas en varias provincias del país y conmueven al megapartido de La Matanza, en las puertas de la capital federal, mostrando el rostro de la pobreza, la miseria y la marginalidad, según una escala decreciente de recursos.
Este último es el caso emblemático de lo que está ocurriendo en la Argentina de hoy.
El jueves alrededor de tres mil personas, movilizadas por sectores de la izquierda “dura” y en muchos casos, por reacción espontánea, impedían la circulación por la estratégica ruta 3 del Gran Buenos Aires.
Según las cifras suministradas por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, en La Matanza viven bajo la línea de pobreza 476 mil personas, una cifra inesperada para muchos.
Los reclamos se repiten, como una constante, en todos los puntos de conflicto: trabajo, subsidios, alimentos, pago de sueldos atrasados.
Por momentos, la Nación y las provincias se endosan responsabilidades. Carlos Ruckauf afirmó que el gobierno federal era el responsable de la situación en La Matanza; Graciela Fernández Meijide replicó que lo era la provincia de Buenos Aires, que cuenta con un presupuesto social de $ 640 millones, mientras la Nación dispone solamente de $ 300 millones para todo el país.
Pero la ministro de Desarrollo Social no redujo sus críticas a un solo destinatario, porque acusó al intendente de ese distrito, Ballestrini, de haber demorado el reparto de alimentos frescos, provistos por la Nación, con lo cual se agudizó la tensión.
Desde la comuna y en declaraciones radiales de los dirigentes de los piquetes se atacó a la señora Fernández Meijide, con el argumento de que ,en momentos en que se agudizaba el entredicho, la ministro viajaba a Francia en lugar de asumir la conducción de las negociaciones.
Mientras, la titular de la cartera de Trabajo, Patricia Bullrich, proclamaba su disposición a participar del diálogo, aunque observó que los últimos cortes de ruta evidenciaban una “protesta social organizada”, aunque ese hecho no atentara contra la legitimidad de los reclamos de la gente.
El Presidente fijó posición frente a los acontecimientos. Dijo el miércoles que descartaba la posibilidad de un “estallido social”, aunque admitió la existencia de una situación difícil y de una “enorme deuda social”, para agregar que la Nación dará la ayuda que las circunstancias requieran.
