Pou podría ser reemplazado
El presidente del Banco Central es acusado de no haber hecho funcionar los controles necesarios para impedir maniobras de lavado de dinero de entidades nacionales y extranjeras.
(EFE).- El escándalo que amenaza con involucrar a políticos, empresarios y banqueros argentinos en una gigantesca operación de lavado de dinero puede derivar en el cese del presidente del Banco Central de la Argentina, Pedro Pou.
Varios de los principales dirigentes políticos del país pidieron ayer (lunes 12) públicamente la puesta en marcha de una estrategia para conseguir el cese de Pou, pese a que el titular del Banco Central cuenta con autarquía en sus funciones y se mantiene en el cargo con acuerdo del Senado.
Los detractores de Pou lo acusan de no haber hecho funcionar los controles necesarios para impedir maniobras de blanqueo de dinero, que se le atribuyen a los ex bancos argentinos República y Federal, y al Citibank de Nueva York.
En ese marco, el gobierno de De la Rúa emitió una serie de señales con las cuales pretende demostrar que está listo para ponerse al frente de la corriente que impulsa una amplia investigación del caso y dispuesto a poner en marcha nuevos mecanismos para evitar maniobras de lavado de dinero.
Por un lado, decidió llevar el caso a la Justicia y, por el otro, anunció que hoy comenzará a funcionar una Unidad de Información Financiera con “amplios poderes para perseguir” este delito.
También Pou, quien llegó a la presidencia del Banco Central durante la gestión del ex presidente Carlos Menem, se presentó espontáneamente ante la Justicia para que se investigue el accionar de la entidad financiera, a raíz de los casos de lavado que también investiga el Senado de Estados Unidos.
El funcionario bancario presentó un escrito en el que pidió que se determine si incurrió “en el incumplimiento de deberes en el control” de presuntas maniobras de blanqueo de dinero entre los ex bancos República y Federal, y el Citibank de Nueva York.
Poco después de que se conociera la decisión adoptada por Pou, el Gobierno solicitó a la Justicia que investigue los movimientos de dudosa procedencia de los dos primeros bancos y del Citibank.
El titular del Banco Central señaló en su escrito, que quedó radicado en el juzgado del que es titular Gabriel Cavallo, que denunció oportunamente “operaciones sospechosas” entre las entidades bancarias citadas.
Pou es, además, investigado por una juez que reabrió una causa para determinar si el funcionario ocultó información sobre esas supuestas transacciones delictivas.
Por ello, varios dirigentes políticos solicitaron que el titular de la mayor autoridad monetaria del país renuncie, para facilitar una investigación que determine si entre dichos bancos circularon US$ 100 millones anuales de origen delictivo entre 1992 y 1999.
El alejamiento de Pou fue reclamado tanto desde las fuerzas que componen la Alianza, como desde el PJ.
El Gobierno dispuso que sea reglamentado el funcionamiento de la Unidad de Información Financiera, que contará con “amplios poderes para investigar hacia atrás y hacia adelante” maniobras de lavado, según informó el portavoz presidencial, Ricardo Ostuni.
El funcionario explicó que la Unidad funcionará, por el momento, con seis representantes elegidos por el Poder Ejecutivo, debido a que aún existen discusiones legales sobre el perfil que deben tener los cinco técnicos que también integrarán la comisión y que entrarán por concurso.
La puesta en marcha de este organismo se conocerá junto a un decreto para la reglamentación de una ley contra el lavado de dinero, aprobada por el Congreso y que será anunciada hoy al término de una reunión entre las máximas autoridades del Gabinete.
(EFE).- El escándalo que amenaza con involucrar a políticos, empresarios y banqueros argentinos en una gigantesca operación de lavado de dinero puede derivar en el cese del presidente del Banco Central de la Argentina, Pedro Pou.
Varios de los principales dirigentes políticos del país pidieron ayer (lunes 12) públicamente la puesta en marcha de una estrategia para conseguir el cese de Pou, pese a que el titular del Banco Central cuenta con autarquía en sus funciones y se mantiene en el cargo con acuerdo del Senado.
Los detractores de Pou lo acusan de no haber hecho funcionar los controles necesarios para impedir maniobras de blanqueo de dinero, que se le atribuyen a los ex bancos argentinos República y Federal, y al Citibank de Nueva York.
En ese marco, el gobierno de De la Rúa emitió una serie de señales con las cuales pretende demostrar que está listo para ponerse al frente de la corriente que impulsa una amplia investigación del caso y dispuesto a poner en marcha nuevos mecanismos para evitar maniobras de lavado de dinero.
Por un lado, decidió llevar el caso a la Justicia y, por el otro, anunció que hoy comenzará a funcionar una Unidad de Información Financiera con “amplios poderes para perseguir” este delito.
También Pou, quien llegó a la presidencia del Banco Central durante la gestión del ex presidente Carlos Menem, se presentó espontáneamente ante la Justicia para que se investigue el accionar de la entidad financiera, a raíz de los casos de lavado que también investiga el Senado de Estados Unidos.
El funcionario bancario presentó un escrito en el que pidió que se determine si incurrió “en el incumplimiento de deberes en el control” de presuntas maniobras de blanqueo de dinero entre los ex bancos República y Federal, y el Citibank de Nueva York.
Poco después de que se conociera la decisión adoptada por Pou, el Gobierno solicitó a la Justicia que investigue los movimientos de dudosa procedencia de los dos primeros bancos y del Citibank.
El titular del Banco Central señaló en su escrito, que quedó radicado en el juzgado del que es titular Gabriel Cavallo, que denunció oportunamente “operaciones sospechosas” entre las entidades bancarias citadas.
Pou es, además, investigado por una juez que reabrió una causa para determinar si el funcionario ocultó información sobre esas supuestas transacciones delictivas.
Por ello, varios dirigentes políticos solicitaron que el titular de la mayor autoridad monetaria del país renuncie, para facilitar una investigación que determine si entre dichos bancos circularon US$ 100 millones anuales de origen delictivo entre 1992 y 1999.
El alejamiento de Pou fue reclamado tanto desde las fuerzas que componen la Alianza, como desde el PJ.
El Gobierno dispuso que sea reglamentado el funcionamiento de la Unidad de Información Financiera, que contará con “amplios poderes para investigar hacia atrás y hacia adelante” maniobras de lavado, según informó el portavoz presidencial, Ricardo Ostuni.
El funcionario explicó que la Unidad funcionará, por el momento, con seis representantes elegidos por el Poder Ejecutivo, debido a que aún existen discusiones legales sobre el perfil que deben tener los cinco técnicos que también integrarán la comisión y que entrarán por concurso.
La puesta en marcha de este organismo se conocerá junto a un decreto para la reglamentación de una ley contra el lavado de dinero, aprobada por el Congreso y que será anunciada hoy al término de una reunión entre las máximas autoridades del Gabinete.
