El escándalo salpica a la plana mayor de la política brasileña y debilita la figura de la presidente Dilma Rousseff, quien con poco margen fue reelecta el año pasado y ahora se esfuerza por evitar la recesión económica y una baja de nota por parte de las calificadoras de crédito.
Entre las 54 personas acusadas de aceptar sobornos figura un ex presidente y los presidentes de ambas cámaras del congreso. Los investigadores incluyen el presidente del Senado Renan Calheiros, el presidente de la Cámara de Diputados Eduardo Cunha, ambos del PMDB, el partido más grande de Brasil y aliado de la coalición de la presidente.
La investigación del más grande caso de corrupción de Brasil hasta ahora, podría llevar años. La víctima inmediata de esta crisis política es el plan de ajuste del Ministro de Finanzas Joaquim Levy para cubrir el déficit fiscal y evitar la baja de nota de las calificadoras.
El escándalo es una amenaza para la economía ya debilitada de Brasil al obligar a Petrobras a detener o cancelar proyectos clave inversiones. A las empresas en sectores de energía construcción ya les resulta más difícil obtener crédito.
La investigación ya reúne 40 imputaciones de asociación delictiva, soborno y lavado de dinero, incluidos dos ex altos gerentes de Petrobras y 23 ejecutivos de grandes empresas de construcción e ingeniería de Brasil.
Rousseff fue presidenta del directorio de Petrobras desde 2003 al 2010, cuando se realizó gran parte de esta supuesta corrupción. Ella ha negado tener conocimiento de tales actividades durante esos años y ha jurado respetar la independencia del poder judicial.
