Con los Eskenazi ya sentados en el directorio de YPF, los Bulgheroni apropiados
del rico yacimiento de Cerro Dragón del lado chubutense y santacruceño
por 20 años y los protegidos del ex presidente, Cristóbal López
y Lázaro Báez, asegurados en el concierto de las licitaciones, se
completa un sistema que básicamente consiste en liberar el precio del fluido
en la boca del pozo al círculo áulico petrolero y que el Estado
pague la diferencia en forma de subsidio entre esa cotización y la de referencia
a los distribuidores para sostener las tarifas.
Lo que antes hacía YPF con los contratistas que actuaban por cuenta
y orden suya, ahora lo asume Enarsa.
El modelo, en realidad, no difiere demasiado del que pregonara el veterano
especialista del sector, Oscar Vicente, desde su silla de director de Petrobrás,
una vez que Pecom vendiera sus acciones al grupo estatal brasileño.
“Argentina no es un país petrolero y, por lo tanto, las exploraciones
son de alto riesgo. Las reservas se encuentran en niveles críticos y,
para atraer inversiones orientadas a descubrimientos, habría que liberar
el precio de la producción que se obtenga”, repetía sin
aparentemente ser oído.
Claro que Vicente se refería a estimular la participación de
compañías acreditadas internacionalmente, que son las que pueden
movilizar los costosos equipos y disponen de la tecnología para las tareas
de prospección y amortiguar, de ese modo, las ingentes pérdidas
que provoca perforar pozos y tener que cerrarlos por no ser rentables.
Es cierto que la palabra rentable, con el petróleo arriba de los 100
dólares el barril, entra en otra dimensión, y ahí es donde
aparecen los empresarios allegados a la Casa Rosada a hacer los negocios en
una escala menor de riesgo.
La prioridad del gobierno de Kirchner para pivotear la política petrolera
se cumplió: Santiago Eskenazi, hijo del fundador del grupo propietario
del banco de Santa Cruz e integrante del círculo presidencial, ya está
ubicado en la conducción de YPF, luego que se acordara con el accionista
mayoritario español, Repsol, el traspaso inicial del 14,5 % de la compañía.
El bautismo en oro negro de esta nueva elite paraoficial se empezó a
preparar con la adjudicación de las llamadas áreas marginales,
que permanecían arrumbadas en las órbitas provinciales por falta
de interés de las grandes compañías en explotarlas.
El año pasado, en la licitación que llamara el gobierno de Mendoza
por el área Chachahuén, las ofertas presentadas por una camada
de nuevos jugadores asombraron hasta a las propias autoridades, que suspendieron
la adjudicación: apareció con la mejor postura una tal Chañares
Herrados, de la local Héctor Lapeyrade, asociada a Oxipetrol, del proveedor
de planes sociales bonaerenses Daniel Lalín, en sociedad con la china
JHP. Segunda Oil M&S, de Cristóbal Lopez; y más atrás
el ex ministro menemista José Luis Manzano, avenido a consultor petrolero
desde su espacio de poder mediático en Mendoza.
A la primera línea, integrada por Repsol-YPF o la ex Pecom Petrobrás,
volvió con renovados bríos una de las llamadas “tres Marías”
de la época de la estatal YPF: Bridas, de los hermanos Bulgheroni. Las
otras dos eran Pérez Companc y Astra de los Grunëisen.
Silenciosamente, tras la quiebra del banco Palmares y otras firmas del grupo,
los Bulgheroni ahora actúan en nombre de Pan American Energy, y explotan
Cerro Dragón, el mayor yacimiento hidrocarburífero de la Argentina,
que abarca el sur de Chubut y norte de Santa Cruz, además de descubrir
un nuevo reservorio de petróleo en la cuenca Escalante. Invirtieron en
el país después de la era pesificadora hasta 2006 us$ 2.800 millones
en la exploración y explotación de petróleo y gas, duplicando
la producción y mejorando 10 % las reservas comprobadas.
Han sido los primeros en el país en lograr la ampliación de su
contrato de explotación, que vencía en 2017.
Cristóbal
El principal empresario del juego en el territorio nacional, Cristóbal
López, es otro de los que asciende en el negocio de los hidrocarburos,
de la mano de su empresa Oil M&S, que opera en las provincias de Santa Cruz
y de San Juan, aunque en Brasil también. Como no tiene institución
financiera propia, como Eskenazi, para entrar en la conversación grande,
aunque sí los fondos de la banca de las tragamonedas, hace tándem
en el sector con Jorge Britos, del banco Macro. López tiene un acceso
más que directo a Néstor Kirchner y el banquero es “todo
oídos”.
Los créditos locales Cristóbal López y Lázaro Báez
se llegaron a imponer en una licitación internacional de 15 áreas
en Santa Cruz ante Repsol y Petrobrás, gracias a una cláusula
hecha a medida: el capital regional sin que importaran los antecedentes en la
especialidad. Asumieron una inversión de US$ 130 millones de seguro retorno,
garantizado por la provincia. Tres empresas se quedaron con 14 áreas:
Oil M&S, Misahar y Epsur, de la dupla López-Báez, que aunque
por separado comparten la oficina en Buenos Aires y Río Gallegos.
La nueva política energética no sólo actúa sobre
la oferta sino también sobre la demanda. En el plan Energía Total,
las petroleras venden combustible subsidiado por el Estado a las industrias,
las que a su vez son objeto de racionamientos de gas en plena actividad. Se
les toma como referencia, de ese modo, el mismo valor que el vigente para el
gas.
Pero ahora resulta que el plan Gas Plus entraña que el gas de nuevos
yacimientos será liberado. Si bien la medida se relaciona con la posibilidad
de poner en marcha la extracción en la cuenca de Tierra del Fuego, su
sola existencia abre una etapa negociadora a las empresas que lo explotan y
tienen áreas pendientes de entrar en producción, según
lo dicho por el propio Julio de Vido al referirse a la prioridad del abastecimiento
interno.
La flexibilización de hecho en el precio del gas de consumo interno
habilita a compañías como YPF (ya con Eskenazi adentro) y Total
para escarbar a mayor profundidad el gas en los yacimientos que poseen en Neuquén,
por ejemplo el vecino a Loma de la Lata.
El aumento en la retención del gas exportado a Chile junto con la aparición
del nuevo jugador fueguino junto a Neuquén permitirá reunir fondos
para aplicar a esta instancia, que según el ministro de Planificación
generará un precio intermedio, más barato que el gas líquido
importado. El gobernador de Neuquén, Jorge Sapag, calculó que
estará cerca de los 4 dólares por millón de BTU, cuando
a Bolivia se le pagan 6,50.
Serán las reglas durante los próximos dos años. La demanda
hasta entonces estará condicionada por las disposiciones oficiales a
que las empresas utilicen los generadores, que se abastecen de combustible provisto
a valores subsidiados, en lugar del gas, que se orientará hacia las usinas
eléctricas. El costo fiscal en juego asciende a $ 900 millones.
Esso
La decisión comunicada por Esso de que se levanta la venta de sus activos
en la Argentina aparentemente abortó una parte de la nueva política,
que consiste en que Enarsa y un grupo de empresarios locales pongan el pie en
el abastecimiento de combustibles, además del que Eskenazi apoyó
en YPF.
Quedó así a la espera un consorcio encabezado por Eduardo Eurnekian,
el concesionario de Aeropuertos Argentina 2000, que había hecho una oferta
de US$ 2.000 millones por los activos de la región; y otro, compuesto
por banqueros y empresarios eléctricos: Marcelo Mindlin, Carlos Miguens
Bemberg, el ex presidente del Banco Galicia y principal accionista, Eduardo
Escassany, el ex ejecutivo de Merrill Lynch Guillermo Reca y los Ruete Aguirre,
dueños de distribuidoras eléctricas.
Una de las especulaciones de la sorpresiva marcha atrás dada por la
estadounidense ExxonMobile fue de orden local: la presunta oposición
de Enarsa, que se materializaría en el rechazo de la Comisión
de Defensa de la Competencia a cualquier traspaso que no comprenda a la estatal
fundada por los Kirchner.
Otra es que la filial podría estar en un paquete que se renegocie con
el gobierno de Venezuela en el marco de las explotaciones que comparten, afectadas
por el conflicto que siguiera a la expropiación de las cuencas ubicadas
en el Orinoco que afectaron a la Exxon.
En ese caso, la asociación de Pdvsa con Enarsa podría absorber
los activos de Esso en Argentina, que lleva casi 100 años en el país.
Tampoco es de descartar que a Exxon no le haya convencido las ofertas y las
condiciones y esté estudiando la rentabilidad que podrían generarle
las nuevas reglas respecto del gas y la provisión de gasoil subsidiado
a las industrias. En la actualidad, la firma controla aproximadamente 12% del
mercado de combustibles argentino, con una red comercial de 90 estaciones de
servicio propias y más de 500 que operan bajo el sistema de franquicias
con su marca. Posee una refinería en Campana y operaciones residuales
de gas en Salta y en Neuquén por unos US$ 250 millones.
Con los Eskenazi ya sentados en el directorio de YPF, los Bulgheroni apropiados
del rico yacimiento de Cerro Dragón del lado chubutense y santacruceño
por 20 años y los protegidos del ex presidente, Cristóbal López
y Lázaro Báez, asegurados en el concierto de las licitaciones, se
completa un sistema que básicamente consiste en liberar el precio del fluido
en la boca del pozo al círculo áulico petrolero y que el Estado
pague la diferencia en forma de subsidio entre esa cotización y la de referencia
a los distribuidores para sostener las tarifas.
Lo que antes hacía YPF con los contratistas que actuaban por cuenta
y orden suya, ahora lo asume Enarsa.
El modelo, en realidad, no difiere demasiado del que pregonara el veterano
especialista del sector, Oscar Vicente, desde su silla de director de Petrobrás,
una vez que Pecom vendiera sus acciones al grupo estatal brasileño.
“Argentina no es un país petrolero y, por lo tanto, las exploraciones
son de alto riesgo. Las reservas se encuentran en niveles críticos y,
para atraer inversiones orientadas a descubrimientos, habría que liberar
el precio de la producción que se obtenga”, repetía sin
aparentemente ser oído.
Claro que Vicente se refería a estimular la participación de
compañías acreditadas internacionalmente, que son las que pueden
movilizar los costosos equipos y disponen de la tecnología para las tareas
de prospección y amortiguar, de ese modo, las ingentes pérdidas
que provoca perforar pozos y tener que cerrarlos por no ser rentables.
Es cierto que la palabra rentable, con el petróleo arriba de los 100
dólares el barril, entra en otra dimensión, y ahí es donde
aparecen los empresarios allegados a la Casa Rosada a hacer los negocios en
una escala menor de riesgo.
La prioridad del gobierno de Kirchner para pivotear la política petrolera
se cumplió: Santiago Eskenazi, hijo del fundador del grupo propietario
del banco de Santa Cruz e integrante del círculo presidencial, ya está
ubicado en la conducción de YPF, luego que se acordara con el accionista
mayoritario español, Repsol, el traspaso inicial del 14,5 % de la compañía.
El bautismo en oro negro de esta nueva elite paraoficial se empezó a
preparar con la adjudicación de las llamadas áreas marginales,
que permanecían arrumbadas en las órbitas provinciales por falta
de interés de las grandes compañías en explotarlas.
El año pasado, en la licitación que llamara el gobierno de Mendoza
por el área Chachahuén, las ofertas presentadas por una camada
de nuevos jugadores asombraron hasta a las propias autoridades, que suspendieron
la adjudicación: apareció con la mejor postura una tal Chañares
Herrados, de la local Héctor Lapeyrade, asociada a Oxipetrol, del proveedor
de planes sociales bonaerenses Daniel Lalín, en sociedad con la china
JHP. Segunda Oil M&S, de Cristóbal Lopez; y más atrás
el ex ministro menemista José Luis Manzano, avenido a consultor petrolero
desde su espacio de poder mediático en Mendoza.
A la primera línea, integrada por Repsol-YPF o la ex Pecom Petrobrás,
volvió con renovados bríos una de las llamadas “tres Marías”
de la época de la estatal YPF: Bridas, de los hermanos Bulgheroni. Las
otras dos eran Pérez Companc y Astra de los Grunëisen.
Silenciosamente, tras la quiebra del banco Palmares y otras firmas del grupo,
los Bulgheroni ahora actúan en nombre de Pan American Energy, y explotan
Cerro Dragón, el mayor yacimiento hidrocarburífero de la Argentina,
que abarca el sur de Chubut y norte de Santa Cruz, además de descubrir
un nuevo reservorio de petróleo en la cuenca Escalante. Invirtieron en
el país después de la era pesificadora hasta 2006 us$ 2.800 millones
en la exploración y explotación de petróleo y gas, duplicando
la producción y mejorando 10 % las reservas comprobadas.
Han sido los primeros en el país en lograr la ampliación de su
contrato de explotación, que vencía en 2017.
Cristóbal
El principal empresario del juego en el territorio nacional, Cristóbal
López, es otro de los que asciende en el negocio de los hidrocarburos,
de la mano de su empresa Oil M&S, que opera en las provincias de Santa Cruz
y de San Juan, aunque en Brasil también. Como no tiene institución
financiera propia, como Eskenazi, para entrar en la conversación grande,
aunque sí los fondos de la banca de las tragamonedas, hace tándem
en el sector con Jorge Britos, del banco Macro. López tiene un acceso
más que directo a Néstor Kirchner y el banquero es “todo
oídos”.
Los créditos locales Cristóbal López y Lázaro Báez
se llegaron a imponer en una licitación internacional de 15 áreas
en Santa Cruz ante Repsol y Petrobrás, gracias a una cláusula
hecha a medida: el capital regional sin que importaran los antecedentes en la
especialidad. Asumieron una inversión de US$ 130 millones de seguro retorno,
garantizado por la provincia. Tres empresas se quedaron con 14 áreas:
Oil M&S, Misahar y Epsur, de la dupla López-Báez, que aunque
por separado comparten la oficina en Buenos Aires y Río Gallegos.
La nueva política energética no sólo actúa sobre
la oferta sino también sobre la demanda. En el plan Energía Total,
las petroleras venden combustible subsidiado por el Estado a las industrias,
las que a su vez son objeto de racionamientos de gas en plena actividad. Se
les toma como referencia, de ese modo, el mismo valor que el vigente para el
gas.
Pero ahora resulta que el plan Gas Plus entraña que el gas de nuevos
yacimientos será liberado. Si bien la medida se relaciona con la posibilidad
de poner en marcha la extracción en la cuenca de Tierra del Fuego, su
sola existencia abre una etapa negociadora a las empresas que lo explotan y
tienen áreas pendientes de entrar en producción, según
lo dicho por el propio Julio de Vido al referirse a la prioridad del abastecimiento
interno.
La flexibilización de hecho en el precio del gas de consumo interno
habilita a compañías como YPF (ya con Eskenazi adentro) y Total
para escarbar a mayor profundidad el gas en los yacimientos que poseen en Neuquén,
por ejemplo el vecino a Loma de la Lata.
El aumento en la retención del gas exportado a Chile junto con la aparición
del nuevo jugador fueguino junto a Neuquén permitirá reunir fondos
para aplicar a esta instancia, que según el ministro de Planificación
generará un precio intermedio, más barato que el gas líquido
importado. El gobernador de Neuquén, Jorge Sapag, calculó que
estará cerca de los 4 dólares por millón de BTU, cuando
a Bolivia se le pagan 6,50.
Serán las reglas durante los próximos dos años. La demanda
hasta entonces estará condicionada por las disposiciones oficiales a
que las empresas utilicen los generadores, que se abastecen de combustible provisto
a valores subsidiados, en lugar del gas, que se orientará hacia las usinas
eléctricas. El costo fiscal en juego asciende a $ 900 millones.
Esso
La decisión comunicada por Esso de que se levanta la venta de sus activos
en la Argentina aparentemente abortó una parte de la nueva política,
que consiste en que Enarsa y un grupo de empresarios locales pongan el pie en
el abastecimiento de combustibles, además del que Eskenazi apoyó
en YPF.
Quedó así a la espera un consorcio encabezado por Eduardo Eurnekian,
el concesionario de Aeropuertos Argentina 2000, que había hecho una oferta
de US$ 2.000 millones por los activos de la región; y otro, compuesto
por banqueros y empresarios eléctricos: Marcelo Mindlin, Carlos Miguens
Bemberg, el ex presidente del Banco Galicia y principal accionista, Eduardo
Escassany, el ex ejecutivo de Merrill Lynch Guillermo Reca y los Ruete Aguirre,
dueños de distribuidoras eléctricas.
Una de las especulaciones de la sorpresiva marcha atrás dada por la
estadounidense ExxonMobile fue de orden local: la presunta oposición
de Enarsa, que se materializaría en el rechazo de la Comisión
de Defensa de la Competencia a cualquier traspaso que no comprenda a la estatal
fundada por los Kirchner.
Otra es que la filial podría estar en un paquete que se renegocie con
el gobierno de Venezuela en el marco de las explotaciones que comparten, afectadas
por el conflicto que siguiera a la expropiación de las cuencas ubicadas
en el Orinoco que afectaron a la Exxon.
En ese caso, la asociación de Pdvsa con Enarsa podría absorber
los activos de Esso en Argentina, que lleva casi 100 años en el país.
Tampoco es de descartar que a Exxon no le haya convencido las ofertas y las
condiciones y esté estudiando la rentabilidad que podrían generarle
las nuevas reglas respecto del gas y la provisión de gasoil subsidiado
a las industrias. En la actualidad, la firma controla aproximadamente 12% del
mercado de combustibles argentino, con una red comercial de 90 estaciones de
servicio propias y más de 500 que operan bajo el sistema de franquicias
con su marca. Posee una refinería en Campana y operaciones residuales
de gas en Salta y en Neuquén por unos US$ 250 millones.
