Polémica por desregulación
De la Rúa deberá decidir si se mantiene la desregulación del sistema de salud o negocia con los sindicalistas normas más favorables para sus obras sociales. Polémicas a nivel de gabinete.
Versiones procedentes de medios oficiales y del sindicalismo, dan cuenta de que siguen sin definirse los roles que representarán las empresas prepagas de prestación de salud y las obras sociales de los gremios. El decreto 446, firmado por el Vicepresidente Carlos Alvarez, en ejercicio de la Presidencia, desregula el sistema de salud a partir del 1º de enero de 2001. Concede ,a las empresas privadas de medicina prepaga, acceso a los afiliados de las obras sindicales que consideren conveniente cambiar de sistema. Esta concesión afectaría los recursos que hoy controlan los sindicalistas y, por ende, su propio poder económico y político.
El gobierno, en búsqueda de un clima de paz social, enfrenta en el campo gremial dos corrientes que son antagónicas entre sí. La CGT disidente–aliada a la CTA y algunos sectores radicalizados de izquierda en lo táctico– mantiene una posición frontal a la economía de la globalización y a la sujeción estricta a las normas dictadas por los organismos internacionales de crédito. Hugo Moyano y los suyos son los enemigos estratégicos, cuestionan en bloque al gobierno de la Alianza y han mostrado poder de movilización.
La CGT de Rodolfo Daer se muestra más pragmática. Esta central da batalla, en la medida de sus posibilidades reales, por aspectos puntuales que se relacionan con intereses concretos. Es campo propicio para la negociación. Y como en toda negociación, cada parte recibe y otorga.
¿A qué aspiran los hombres de la calle Azopardo?. A evitar que los fondos cautivos que ingresan a las obras sociales puedan menguarse en función de la desregulación impuesta por el decreto 446. ¿Y qué ofrecen, a cambio? Mantener, y tal vez agrandar, el espacio que los divide de Hugo Moyano y los suyos. Un logro que el gobierno aspira a conseguir.
El problema es el precio. En el gobierno se advierte la existencia de dos líneas que se personifican en el ministro de Economía, José Luis Machinea, y en el de Salud, Héctor Lombardo. El Presidente no se ha pronunciado al respecto, aunque recibe informaciones fidedignas de los contactos que mantiene con los gremios en disputa por medio de Raúl Alfonsín–que opera por líneas paralelas al gobierno y ha dialogado con Moyano– y de Eduardo Duhalde, quien influye especialmente en los sindicatos bonaerenses.
Héctor Lombardo y sus asesores–estimulados por la necesidad del Poder Ejecutivo de introducir una cuña en el frente sindical opositor– habrían propuesto a los hombres de la CGT oficial, producir una reglamentación del decreto de Alvarez que, en buena medida, reste efectos a la regulación del sistema de salud y favorezca la permanencia de los afiliados en las obras sociales. Se basaría, en lo fundamental, en obligar a las prepagas a ofrecer un programa de atención médica general para los aspirantes a abandonar sus obras sociales a fin de adherirse al nuevo sistema. Las empresas privadas sostienen que el volumen de las prestaciones debe guardar proporción con el monto de las contribuciones que pagan los afiliados a las obras sociales.
Sobre esas bases se establecería un diálogo anunciado, sin fecha fija, entre el Jefe del Estado y la cúpula de la CGT de la calle Azopardo.
Versiones procedentes de medios oficiales y del sindicalismo, dan cuenta de que siguen sin definirse los roles que representarán las empresas prepagas de prestación de salud y las obras sociales de los gremios. El decreto 446, firmado por el Vicepresidente Carlos Alvarez, en ejercicio de la Presidencia, desregula el sistema de salud a partir del 1º de enero de 2001. Concede ,a las empresas privadas de medicina prepaga, acceso a los afiliados de las obras sindicales que consideren conveniente cambiar de sistema. Esta concesión afectaría los recursos que hoy controlan los sindicalistas y, por ende, su propio poder económico y político.
El gobierno, en búsqueda de un clima de paz social, enfrenta en el campo gremial dos corrientes que son antagónicas entre sí. La CGT disidente–aliada a la CTA y algunos sectores radicalizados de izquierda en lo táctico– mantiene una posición frontal a la economía de la globalización y a la sujeción estricta a las normas dictadas por los organismos internacionales de crédito. Hugo Moyano y los suyos son los enemigos estratégicos, cuestionan en bloque al gobierno de la Alianza y han mostrado poder de movilización.
La CGT de Rodolfo Daer se muestra más pragmática. Esta central da batalla, en la medida de sus posibilidades reales, por aspectos puntuales que se relacionan con intereses concretos. Es campo propicio para la negociación. Y como en toda negociación, cada parte recibe y otorga.
¿A qué aspiran los hombres de la calle Azopardo?. A evitar que los fondos cautivos que ingresan a las obras sociales puedan menguarse en función de la desregulación impuesta por el decreto 446. ¿Y qué ofrecen, a cambio? Mantener, y tal vez agrandar, el espacio que los divide de Hugo Moyano y los suyos. Un logro que el gobierno aspira a conseguir.
El problema es el precio. En el gobierno se advierte la existencia de dos líneas que se personifican en el ministro de Economía, José Luis Machinea, y en el de Salud, Héctor Lombardo. El Presidente no se ha pronunciado al respecto, aunque recibe informaciones fidedignas de los contactos que mantiene con los gremios en disputa por medio de Raúl Alfonsín–que opera por líneas paralelas al gobierno y ha dialogado con Moyano– y de Eduardo Duhalde, quien influye especialmente en los sindicatos bonaerenses.
Héctor Lombardo y sus asesores–estimulados por la necesidad del Poder Ejecutivo de introducir una cuña en el frente sindical opositor– habrían propuesto a los hombres de la CGT oficial, producir una reglamentación del decreto de Alvarez que, en buena medida, reste efectos a la regulación del sistema de salud y favorezca la permanencia de los afiliados en las obras sociales. Se basaría, en lo fundamental, en obligar a las prepagas a ofrecer un programa de atención médica general para los aspirantes a abandonar sus obras sociales a fin de adherirse al nuevo sistema. Las empresas privadas sostienen que el volumen de las prestaciones debe guardar proporción con el monto de las contribuciones que pagan los afiliados a las obras sociales.
Sobre esas bases se establecería un diálogo anunciado, sin fecha fija, entre el Jefe del Estado y la cúpula de la CGT de la calle Azopardo.
