Las turbulencias cambiarias de 2018 -que tuvieron su pico en abril y agosto de dicho año, así como la depreciación del peso tras el resultado de las PASO fueron factores que aceleraron la inflación, afirma el último informe de la consultora Ecolatina.
Siempre que las subas de precios sean imprevistas –recuerda esta investigación-, no alineadas con los aumentos salariales pautados, el principal resultado es el deterioro del poder adquisitivo. Si bien durante los últimos años se instauraron las cláusulas de renegociación ante una inflación efectiva mayor a la esperada (como ocurrió en 2018 y 2019), las subas de salarios terminaron corriendo detrás del alza de los precios.
Por caso, el salario real de la economía cayó en promedio 6,3% en 2018 y exhibirá una contracción media superior a 8% en 2019, producto de una inflación mayor a la esperada. Por supuesto, el deterioro no fue homogéneo: el poder de compra promedio de los trabajadores registrados (-6,2% en 2018 y – 8% en 2019) fue menor que el de los informales (-6,3% y -13%), quienes no son alcanzados por las negociaciones paritarias y encuentran dificultades para mejorar sus condiciones en un contexto recesivo e inflacionario.
Por su parte, menos deteriorados fueron los ingresos de los perceptores de la AUH y de los jubilados (en torno al 5% en 2018 y casi 2% en 2019), quienes lograron acotar la caída del poder adquisitivo gracias a la fórmula de movilidad, que otorgaba ajustes trimestrales.
Ahora bien, incluso en el caso de muchos trabajadores formales, a priori quienes más pueden proteger el valor real de su ingreso, el poder adquisitivo cerró el año mayoritariamente en rojo. Por caso, los trabajadores de sectores vinculados al sector textil (y calzado), uno de los más afectados por la recesión, mostraron el peor desempeño, aunque también gremios más amplios como Comercio o UOCRA (Construcción) también experimentaron una caída del poder adquisitivo durante todo el 2019. En el mejor de los casos se encuentran los encargados de edificios, que a través de sucesivos ajustes mensuales logran, en muchos meses, ganarle a la inflación.
De todos modos, más allá del derrotero de cada sector en particular, la pérdida de los ingresos reales fue generalizada y tuvo su correlato en el consumo, el cual acumula una caída superior al 10% (en términos desestacionalizados) desde el pico del primer trimestre de 2018.
La sostenida depresión de la demanda interna es uno de los factores que demora la recuperación de la actividad. En este marco cobra relevancia el plan para “poner plata en el bolsillo de la gente (de menores ingresos)”, que no solo fue una plataforma electoral del oficialismo, sino que es necesario para frenar la caída del consumo. Veamos entonces cuales son las herramientas del gobierno para ello, así como las limitaciones del caso.
Consumo en el bolsillo
El nuevo gobierno tomó nota de la delicada situación económica y rápidamente dio marcha atrás con algunos de sus slogans electorales. La apremiante situación fiscal, así como el riesgo de una aceleración de la espiral precios -salarios en un contexto de elevada inercia inflacionaria, echaron por tierra cualquier demanda social desmedida.
En palabras del ministro Guzmán, el punto inicial es la búsqueda de un resultado fiscal equilibrado, o que al menos sea percibido como sostenible en las prontas renegociaciones con acreedores. En este marco, una de las primeras medidas fue un aumento de impuestos que representará aproximadamente 1,5% del PBI. Por el lado de las erogaciones, se suspendió por seis meses la fórmula de movilidad que actualizaba trimestralmente los ingresos de las prestaciones sociales (jubilados y AUH), que representan el 60% del gasto público e implicaba un fuerte aumento del mismo en caso de desacelerarse la inflación.
De todos modos, tanto los perceptores de la AUH como los jubilados que ganan menos de $20.000 (aproximadamente la mitad de los mismos) percibirían bonos de suma fija en los meses de diciembre y enero que ayudarán a recomponer su poder adquisitivo.
Más aun, estos sectores tienen una mayor probabilidad de recibir nuevos incrementos de otorgarse nuevas compensaciones. En este sentido, la exclusión del bono a jubilados que cobran por encima de $20.000 representa, pese a la suspensión de los ajustes por movilidad, una medida progresiva, dado que quienes reciben recursos son los que menores ingresos tienen.
Por otro lado, refleja que la política de ingresos, en el inicio del año, estará destinada a apuntalar el poder adquisitivo de los sectores más postergados, poseedores de una elevada propensión al consumo. En esta misma línea se puede ubicar a la Tarjeta Alimentaria para beneficiarios de AUH.
Esta dinámica también se encuentra en la reciente decisión de otorgar un bono de $7.000 a asalariados del sector privado ($3000 en enero y $4000 en febrero). Este monto, en términos porcentuales, representa una mayor parte del salario de los trabajadores con menores ingresos, quienes también gastan una mayor proporción del mismo. Estos serán los que tengan más posibilidades de apuntalar su poder adquisitivo en el inicio del año. Si bien el bono no reemplazará los aumentos ya pautados para estos meses, se busca desanimar presiones sindicales que puedan derivar en una reapertura anticipada de las paritarias que afecte un eventual acuerdo de precios y salarios.
La lógica del gobierno es que la transferencia de recursos a los sectores más bajos dinamizará su consumo en los primeros meses del año. Por su parte, la clase media y alta, solo incrementará su consumo en caso de encontrar facilidades de financiamiento, o a través del gasto de ahorros, en su mayoría dolarizados. En definitiva, esta variable podría encontrar un aliciente en los próximos meses, pero no iría de la mano de un marcado aumento del poder adquisitivo, pese al deterioro de los últimos dos años.
¿Será suficiente?
La mayor incógnita es acerca del efecto neto de esta política de ingresos. Si bien elevar el ingreso de sectores que consumen una gran parte del mismo fomenta el consumo, el congelamiento de ingresos que recae sobre parte de los jubilados y el aumento impositivo al cual se enfrentará la clase media y alta (que tampoco experimentarán una mejora real de sus ingresos), son factores que ponen en duda si la política de ingresos emprendida es suficiente para reactivar el consumo y evitar que otros sectores reduzcan su gasto compensando los estímulos al mismo.
Por otro lado, el plan dista de ser generalizado. Los trabajadores independientes o asalariados no registrados, una parte significativa de la masa salarial, no tendrán ningún beneficio. En estos casos, la paulatina mejora de la actividad y la desaceleración de la inflación serán los mecanismos que puedan darle aire a estos trabajadores en los próximos meses.
