La prolongación del conflicto agropecuario por las retenciones serviría
de marco para que el gobierno justifique su relanzamiento con una tregua de precios
y salarios que contaría con el aval de la CGT y las entidades empresarias
de cúpula, excluidas las del campo.
Esta sería la línea institucional que imagina el gobierno de
Cristina Kirchner para trazarles a los 290 mil productores en paro, con la que
buscarían su aislamiento político, ya que la lucha contra la inflación
constituiría la apelación al llamamiento y con el argumento de
la defensa de los sectores más vulnerables se intentaría justificar
el enfrentamiento con los que persisten en la protesta.
La estrategia del gobierno que va en esa dirección comenzó con
la mención de la presidenta Cristina Kirchner a una presunta incidencia
que tendrían los supermercados en los aumentos de precios que deterioran
el poder adquisitivo de la población. Y en el fin de semana, la elaboración
intelectual del preludio al congelamiento fue encarada por columnistas “progres”,
que desde Página 12 y Crítica de la Argentina reprodujeron una
teoría que manejaba Martín Lousteau sobre un arreglo “bajo
cuerda” entre Guillermo Moreno y los supermercadistas para concluir en
una suerte de réquiem a la política de precios administrados que
venía aplicando.
Acusan al funcionario de haber hecho la vista gorda a un presunto incumplimiento
de los valores pautados y a los supermercados en general, y a Coto en particular,
de publicar ofertas limitadas en concordancia con esos arreglos y engañar
a la gente con lo que quedaba fuera de esa promoción.
En los análisis no se tomó en cuenta que desde que el profesor
marxista Herbert Marcuse enseñaba en las universidades norteamericanas
el concepto del “Hombre Unidimensional” en los ´60 ya se sabía
que el consumismo que irradiaban los supermercados se basaba en el orden e higiene
de las mercaderías exhibidas, la iluminación y, sobre todo, las
ofertas llamadas “gancho”.
Estas grandes cadenas comerciales ejercían su poder de compra a los
proveedores para conseguir partidas al costo y publicitarlas a precios que atrajeran
público y lo tentara de llenar el changuito. La política no cambió
sino que el marketing la perfeccionó y hasta aggiornó su denominación:
retail.
El “setentista” secretario de Comercio debería haber tenido
conocimiento de esa antigua regla comercial cuando puso en práctica el
sistema de administración de precios, empezando por los supermercados,
que son los que congregan 40 % del consumo interno total y definen el costo
de la canasta familiar.
Moreno viene implementando acuerdos con las cadenas que comprenden artículos
de alimentación básica, los cuales se publicitaban para hacer
propaganda al gobierno y, de paso, para que los supermercados continuaran con
el viejo artilugio denunciado en plena Guerra Fría por Marcuse de pescar
clientes con la carnada de ofertas. Nada más que, en vez de ser proporcionada
por los proveedores, provendrían del propio Estado.
Tan aceitado que llegó a tener Moreno el mecanismo de administración
de precios a través de los supermercados entusiasmó al secretario
general de la CGT, Hugo Moyano, quien anunció que tomarían la
canasta de alimentos en esas grandes cadenas para medir el poder adquisitivo
de los salarios con vistas a las convenciones colectivas de trabajo.
Lo que en voz baja revelaban en torno del ex ministro Martín Lousteau,
durante el clímax de su enfrentamiento con Moreno, el columnista de Página
12, Horacio Verbitsky, lo trascribió el domingo: “El jueves, la
presidente dirigió una dura intimación al secretario de Comercio
Interior luego de recibir una medición de los altísimos precios
de la canasta básica en una subsidiada cadena de supermercados. Colaboradores
del ex ministro Martín Lousteau sostienen que entre los acuerdos no escritos
figura que los hipercomerciantes le avisen al funcionario cuando algún
proveedor incrementa en forma desmesurada sus precios, para que pueda exigirle
una retracción inmediata. A cambio, no controlaría como es debido
a esas grandes cadenas de comercialización, que constituyen uno de los
núcleos del problema, dada la alta oligopolización. Hace una semana,
CFK comunicó en un discurso que había ordenado al secretario de
Comercio que en la publicidad de supermercados constara la cantidad de artículos
disponibles de cada oferta. Esto sugiere que descubrió uno de los trucos
con que fue distraída en los primeros meses de su gestión: la
oferta se limitaba a pocos centenares de unidades”.
La “subsidiada cadena” no sería otra que Coto, según
surge de una nota aparecida ayer en Crítica de la Argentina, con la firma
de Maximiliano Montenegro, un ex Página 12: “Sin embargo, como el
resto de los supermercados, el empresario ofrece esos precios para un stock
muy limitado de cada producto, lo cual se aclara en una letra minúscula
debajo de los carteles. Días atrás, desde el atril del Salón
Blanco, la propia Cristina Kirchner regañó a los supermercadistas
por esa publicidad engañosa, que sólo alcanza a satisfacer la
demanda de una porción menor de los consumidores”.
Alude Montenegro al relevamiento de la consultora Equis, dirigida por Artemio
López, en el que muestra que “en Coto los precios acordados con
Moreno sólo se respetan a la hora de los anuncios. La comparación
se realizó sobre cincuenta productos alimentarios, entre julio de 2007
y mayo de este año”.
De ser así, en todo caso, los supermercados no harían más
que ejecutar la antigua modalidad comercial de origen y, en todo caso, su aprovechamiento
publicitario por parte del gobierno para hacerla suya como política de
Estado no haría más que confundir los roles. Peor aún sería
comprobar que esos valores, tildados de “engañosos”, sean los
que toma el intervenido INdEC para dibujar la evolución del IPC.
Los datos de Equis, manejados por Montenegro, son elocuentes en tal sentido:
“El caso de la papa es un buen ejemplo de los pactos que negocia Moreno
con los empresarios. En el entendimiento firmado el año pasado con los
supermercados, éstos se comprometían a ofrecer a $0,99 el kilo,
y el gobierno les otorgaba a cambio unos $30 millones de subsidios.
En la planilla que distribuyó el INdEC el viernes, la papa figura todavía
más barata: $0,88 el kilo. Sin embargo, en el relevamiento de Equis en
Coto, esta semana la papa costaba $3,49, 52,4% más que diez meses atrás.
Y 252% más cara de lo que computó el INdEC de Moreno.
La medición privada que realiza Equis demostraría, en todo caso,
la diferencia entre la inflación que da el INdEC y la verdadera que el
público paga en la caja: la suba de la canasta de alimentos fue en el
período -diez meses- de 26,95%, lo que proyecta una inflación
anual superior a 30 %, cuando la oficial no da ni 8 % en ese lapso.
Si el INdEC releva los auténticos valores de lo que consumen los argentinos,
o si éstos (como dijera el jefe de Gabinete Alberto Fernández)
justo no compran los productos encuestados, ¿de dónde habría
estado tomando el instituto oficial la información cambiada?
El propio Montenegro afirma en el artículo de marras que Moreno no necesitaría
enviar ni a un solo inspector a vigilar a los supermercados. “Desde hace
por lo menos dos años, la Secretaría de Comercio cuenta con una
conexión online que le permite acceder a los listados de precios de las
cajas registradoras de los súper. Con sólo echar un vistazo a
la pantalla de su PC, Moreno sabe exactamente cómo se mueven los precios
del almacén de Don Alfredo y de otros supermercados. Curioso, ¿no?”,
desliza como suspicacia.
Consumos
El sociólogo italiano Wilfredo Pareto escribía al comenzar el
siglo un principio tan elemental de la economía como lo es el de la partida
doble en los manuales de contabilidad: para que alguien gane otro tiene que
perder, la suma siempre da cero.
¿Los consumidores aceptan en consecuencia que los supermercadistas se
queden con parte de su salario y su reacción es comprarles cada vez más?
En el último informe de la consultora CCR, sobre un paquete de 110 categorías
de alimentos, bebidas, cosmética y limpieza, el sector ha levantado el
volumen físico de sus ventas en 2006 y 2007 (con el despuntar de la inflación)
a razón de 7,1 y 10,5 %. Podría decirse que por arriba de la tasa
de crecimiento a valores deflacionados.
Si se toma la facturación, el último aumento sería de
30,1 %, lo que en ponderación uno a uno con las unidades físicas
vendidas, daría un incremento promedio de 20 puntos sólo atribuible
a los precios.
Pero hay otras formas de lectura de las ventas en supermercados por categoría
de producto, que muestran en todo caso la otra cara en la distribución
del ingreso: desde 2003 a 2007 (administración de Néstor Kirchner),
las marcas Premium, que son las que compran las clases medias altas) mejoraron
4,1 % y las primeras marcas lo hicieron 8,9 %, mientras que las de bajo precio
declinaron 9,2 % en ese lapso.
Según CCR, hubo una fuerte incorporación de la clase baja a los
consumos Premium y primeras marcas que explica el fuerte crecimiento de esos
segmentos: 55 % en aquélla contra 36 % de la clase media y 32 % de la
alta.
De modo que el mayor poder adquisitivo de los sectores más postergados
permitió elevar el rango de calidad consumido de la canasta básica.
En el análisis que realiza CCR de la facturación de los supermercados
entre la primera mitad del 2007 (antes de la campaña electoral) y comienzos
del 2005 (afianzamiento de Kirchner en el poder), el promedio en Capital y Gran
Buenos Aires da 44 %. Pero es en los locales con público de clase baja
donde se verifica el mayor salto: 54,2 %, mientras que de la clase media hacia
arriba, ronda entre 39 y 40 %.
Tomándola geográficamente, la distribución del ingreso
medida en términos de compras en los supermercados indica que el segundo
cordón del conurbano (donde Cristina Kirchner reunió buena parte
de su caudal electoral) se movió 54,5 % más que al principio de
la gestión de su esposo, en tanto que el sur de la Ciudad de Buenos Aires
mostró 46 % de mejora y el primer cordón del conurbano, 44 %.
Contrastan con el corredor Libertador, que fue de 39 %.
Precios
En el trabajo sobre evolución de los precios realizado por Artemio López
se toman consumos típicos de los sectores más pobres, en los que
las alzas están muy por encima del promedio. Por ejemplo: harina de trigo
(116,8%); fideos (116,2%); porotos (110%); galletitas saladas (83,9%); lentejas
(69%), arroz (59,1%); huevos (58,8%); papa (52,2%). En el caso de frutas y verduras,
las remarcaciones superaron cualquier impacto estacional: mandarina (171,7%),
zapallo (70,7%), banana (60,3%), zanahoria (50,2%), naranja (50%), manzana (39%).
En cuanto a las carnes, el osobuco aumentó 77,9%, 41,9% el cuadril, 21%
la carne picada y 13,1% la falda con hueso. Otros incrementos notables se registraron
en el dulce de batata (45,5%), el dulce de leche (36,9%), los tomates en lata
(59,1%) y las mermeladas (63,4%). La leche fue uno de los pocos productos esenciales
que se encarecieron muy por debajo del promedio: “sólo” 9,8
%.
Haber establecido el núcleo de la distribución del ingreso en
la góndola de los supermercados obliga al gobierno a intervenir en la
formación de los precios y en la determinación de los salarios.
En la primera se pierde en los vericuetos de un país de extensa geografía
y conformación oligopólica de los mercados y al final de esa intrincada
cadena de valor arriba a la producción primaria, donde las cotizaciones
de los llamados commodities vienen en permanente alza. Se ve con la incidencia
del trigo en fideos y galletitas, en el arroz, porotos y carnes.
Pero otra línea que presiona hacia arriba a la canasta básica
alimentaria es la estacional de las huertas, granjas y frutas, que multiplican
cientos de veces lo que recibe el productor con lo que paga el público:
con lo que le cuesta un kilo de tomate o manzana al consumidor final, se podría
comprar no menos de un quintal en el campo. La diferencia es el transporte,
los intermediarios y los impuestos, se paguen éstos o se evadan.
En el caso de los salarios, la pauta que impulsa tanto la CGT oficialista como
las entidades empresarias acotadas en sus políticas de precios por la
acción del Estado es para no convalidar su traslado al índice
que mide la inflación. O sea, evitar las espirales.
Para lograr este último cometido, la intervención del INdEC ha
venido oficiando de variable de ajuste de la estadística.
La prolongación del conflicto agropecuario por las retenciones serviría
de marco para que el gobierno justifique su relanzamiento con una tregua de precios
y salarios que contaría con el aval de la CGT y las entidades empresarias
de cúpula, excluidas las del campo.
Esta sería la línea institucional que imagina el gobierno de
Cristina Kirchner para trazarles a los 290 mil productores en paro, con la que
buscarían su aislamiento político, ya que la lucha contra la inflación
constituiría la apelación al llamamiento y con el argumento de
la defensa de los sectores más vulnerables se intentaría justificar
el enfrentamiento con los que persisten en la protesta.
La estrategia del gobierno que va en esa dirección comenzó con
la mención de la presidenta Cristina Kirchner a una presunta incidencia
que tendrían los supermercados en los aumentos de precios que deterioran
el poder adquisitivo de la población. Y en el fin de semana, la elaboración
intelectual del preludio al congelamiento fue encarada por columnistas “progres”,
que desde Página 12 y Crítica de la Argentina reprodujeron una
teoría que manejaba Martín Lousteau sobre un arreglo “bajo
cuerda” entre Guillermo Moreno y los supermercadistas para concluir en
una suerte de réquiem a la política de precios administrados que
venía aplicando.
Acusan al funcionario de haber hecho la vista gorda a un presunto incumplimiento
de los valores pautados y a los supermercados en general, y a Coto en particular,
de publicar ofertas limitadas en concordancia con esos arreglos y engañar
a la gente con lo que quedaba fuera de esa promoción.
En los análisis no se tomó en cuenta que desde que el profesor
marxista Herbert Marcuse enseñaba en las universidades norteamericanas
el concepto del “Hombre Unidimensional” en los ´60 ya se sabía
que el consumismo que irradiaban los supermercados se basaba en el orden e higiene
de las mercaderías exhibidas, la iluminación y, sobre todo, las
ofertas llamadas “gancho”.
Estas grandes cadenas comerciales ejercían su poder de compra a los
proveedores para conseguir partidas al costo y publicitarlas a precios que atrajeran
público y lo tentara de llenar el changuito. La política no cambió
sino que el marketing la perfeccionó y hasta aggiornó su denominación:
retail.
El “setentista” secretario de Comercio debería haber tenido
conocimiento de esa antigua regla comercial cuando puso en práctica el
sistema de administración de precios, empezando por los supermercados,
que son los que congregan 40 % del consumo interno total y definen el costo
de la canasta familiar.
Moreno viene implementando acuerdos con las cadenas que comprenden artículos
de alimentación básica, los cuales se publicitaban para hacer
propaganda al gobierno y, de paso, para que los supermercados continuaran con
el viejo artilugio denunciado en plena Guerra Fría por Marcuse de pescar
clientes con la carnada de ofertas. Nada más que, en vez de ser proporcionada
por los proveedores, provendrían del propio Estado.
Tan aceitado que llegó a tener Moreno el mecanismo de administración
de precios a través de los supermercados entusiasmó al secretario
general de la CGT, Hugo Moyano, quien anunció que tomarían la
canasta de alimentos en esas grandes cadenas para medir el poder adquisitivo
de los salarios con vistas a las convenciones colectivas de trabajo.
Lo que en voz baja revelaban en torno del ex ministro Martín Lousteau,
durante el clímax de su enfrentamiento con Moreno, el columnista de Página
12, Horacio Verbitsky, lo trascribió el domingo: “El jueves, la
presidente dirigió una dura intimación al secretario de Comercio
Interior luego de recibir una medición de los altísimos precios
de la canasta básica en una subsidiada cadena de supermercados. Colaboradores
del ex ministro Martín Lousteau sostienen que entre los acuerdos no escritos
figura que los hipercomerciantes le avisen al funcionario cuando algún
proveedor incrementa en forma desmesurada sus precios, para que pueda exigirle
una retracción inmediata. A cambio, no controlaría como es debido
a esas grandes cadenas de comercialización, que constituyen uno de los
núcleos del problema, dada la alta oligopolización. Hace una semana,
CFK comunicó en un discurso que había ordenado al secretario de
Comercio que en la publicidad de supermercados constara la cantidad de artículos
disponibles de cada oferta. Esto sugiere que descubrió uno de los trucos
con que fue distraída en los primeros meses de su gestión: la
oferta se limitaba a pocos centenares de unidades”.
La “subsidiada cadena” no sería otra que Coto, según
surge de una nota aparecida ayer en Crítica de la Argentina, con la firma
de Maximiliano Montenegro, un ex Página 12: “Sin embargo, como el
resto de los supermercados, el empresario ofrece esos precios para un stock
muy limitado de cada producto, lo cual se aclara en una letra minúscula
debajo de los carteles. Días atrás, desde el atril del Salón
Blanco, la propia Cristina Kirchner regañó a los supermercadistas
por esa publicidad engañosa, que sólo alcanza a satisfacer la
demanda de una porción menor de los consumidores”.
Alude Montenegro al relevamiento de la consultora Equis, dirigida por Artemio
López, en el que muestra que “en Coto los precios acordados con
Moreno sólo se respetan a la hora de los anuncios. La comparación
se realizó sobre cincuenta productos alimentarios, entre julio de 2007
y mayo de este año”.
De ser así, en todo caso, los supermercados no harían más
que ejecutar la antigua modalidad comercial de origen y, en todo caso, su aprovechamiento
publicitario por parte del gobierno para hacerla suya como política de
Estado no haría más que confundir los roles. Peor aún sería
comprobar que esos valores, tildados de “engañosos”, sean los
que toma el intervenido INdEC para dibujar la evolución del IPC.
Los datos de Equis, manejados por Montenegro, son elocuentes en tal sentido:
“El caso de la papa es un buen ejemplo de los pactos que negocia Moreno
con los empresarios. En el entendimiento firmado el año pasado con los
supermercados, éstos se comprometían a ofrecer a $0,99 el kilo,
y el gobierno les otorgaba a cambio unos $30 millones de subsidios.
En la planilla que distribuyó el INdEC el viernes, la papa figura todavía
más barata: $0,88 el kilo. Sin embargo, en el relevamiento de Equis en
Coto, esta semana la papa costaba $3,49, 52,4% más que diez meses atrás.
Y 252% más cara de lo que computó el INdEC de Moreno.
La medición privada que realiza Equis demostraría, en todo caso,
la diferencia entre la inflación que da el INdEC y la verdadera que el
público paga en la caja: la suba de la canasta de alimentos fue en el
período -diez meses- de 26,95%, lo que proyecta una inflación
anual superior a 30 %, cuando la oficial no da ni 8 % en ese lapso.
Si el INdEC releva los auténticos valores de lo que consumen los argentinos,
o si éstos (como dijera el jefe de Gabinete Alberto Fernández)
justo no compran los productos encuestados, ¿de dónde habría
estado tomando el instituto oficial la información cambiada?
El propio Montenegro afirma en el artículo de marras que Moreno no necesitaría
enviar ni a un solo inspector a vigilar a los supermercados. “Desde hace
por lo menos dos años, la Secretaría de Comercio cuenta con una
conexión online que le permite acceder a los listados de precios de las
cajas registradoras de los súper. Con sólo echar un vistazo a
la pantalla de su PC, Moreno sabe exactamente cómo se mueven los precios
del almacén de Don Alfredo y de otros supermercados. Curioso, ¿no?”,
desliza como suspicacia.
Consumos
El sociólogo italiano Wilfredo Pareto escribía al comenzar el
siglo un principio tan elemental de la economía como lo es el de la partida
doble en los manuales de contabilidad: para que alguien gane otro tiene que
perder, la suma siempre da cero.
¿Los consumidores aceptan en consecuencia que los supermercadistas se
queden con parte de su salario y su reacción es comprarles cada vez más?
En el último informe de la consultora CCR, sobre un paquete de 110 categorías
de alimentos, bebidas, cosmética y limpieza, el sector ha levantado el
volumen físico de sus ventas en 2006 y 2007 (con el despuntar de la inflación)
a razón de 7,1 y 10,5 %. Podría decirse que por arriba de la tasa
de crecimiento a valores deflacionados.
Si se toma la facturación, el último aumento sería de
30,1 %, lo que en ponderación uno a uno con las unidades físicas
vendidas, daría un incremento promedio de 20 puntos sólo atribuible
a los precios.
Pero hay otras formas de lectura de las ventas en supermercados por categoría
de producto, que muestran en todo caso la otra cara en la distribución
del ingreso: desde 2003 a 2007 (administración de Néstor Kirchner),
las marcas Premium, que son las que compran las clases medias altas) mejoraron
4,1 % y las primeras marcas lo hicieron 8,9 %, mientras que las de bajo precio
declinaron 9,2 % en ese lapso.
Según CCR, hubo una fuerte incorporación de la clase baja a los
consumos Premium y primeras marcas que explica el fuerte crecimiento de esos
segmentos: 55 % en aquélla contra 36 % de la clase media y 32 % de la
alta.
De modo que el mayor poder adquisitivo de los sectores más postergados
permitió elevar el rango de calidad consumido de la canasta básica.
En el análisis que realiza CCR de la facturación de los supermercados
entre la primera mitad del 2007 (antes de la campaña electoral) y comienzos
del 2005 (afianzamiento de Kirchner en el poder), el promedio en Capital y Gran
Buenos Aires da 44 %. Pero es en los locales con público de clase baja
donde se verifica el mayor salto: 54,2 %, mientras que de la clase media hacia
arriba, ronda entre 39 y 40 %.
Tomándola geográficamente, la distribución del ingreso
medida en términos de compras en los supermercados indica que el segundo
cordón del conurbano (donde Cristina Kirchner reunió buena parte
de su caudal electoral) se movió 54,5 % más que al principio de
la gestión de su esposo, en tanto que el sur de la Ciudad de Buenos Aires
mostró 46 % de mejora y el primer cordón del conurbano, 44 %.
Contrastan con el corredor Libertador, que fue de 39 %.
Precios
En el trabajo sobre evolución de los precios realizado por Artemio López
se toman consumos típicos de los sectores más pobres, en los que
las alzas están muy por encima del promedio. Por ejemplo: harina de trigo
(116,8%); fideos (116,2%); porotos (110%); galletitas saladas (83,9%); lentejas
(69%), arroz (59,1%); huevos (58,8%); papa (52,2%). En el caso de frutas y verduras,
las remarcaciones superaron cualquier impacto estacional: mandarina (171,7%),
zapallo (70,7%), banana (60,3%), zanahoria (50,2%), naranja (50%), manzana (39%).
En cuanto a las carnes, el osobuco aumentó 77,9%, 41,9% el cuadril, 21%
la carne picada y 13,1% la falda con hueso. Otros incrementos notables se registraron
en el dulce de batata (45,5%), el dulce de leche (36,9%), los tomates en lata
(59,1%) y las mermeladas (63,4%). La leche fue uno de los pocos productos esenciales
que se encarecieron muy por debajo del promedio: “sólo” 9,8
%.
Haber establecido el núcleo de la distribución del ingreso en
la góndola de los supermercados obliga al gobierno a intervenir en la
formación de los precios y en la determinación de los salarios.
En la primera se pierde en los vericuetos de un país de extensa geografía
y conformación oligopólica de los mercados y al final de esa intrincada
cadena de valor arriba a la producción primaria, donde las cotizaciones
de los llamados commodities vienen en permanente alza. Se ve con la incidencia
del trigo en fideos y galletitas, en el arroz, porotos y carnes.
Pero otra línea que presiona hacia arriba a la canasta básica
alimentaria es la estacional de las huertas, granjas y frutas, que multiplican
cientos de veces lo que recibe el productor con lo que paga el público:
con lo que le cuesta un kilo de tomate o manzana al consumidor final, se podría
comprar no menos de un quintal en el campo. La diferencia es el transporte,
los intermediarios y los impuestos, se paguen éstos o se evadan.
En el caso de los salarios, la pauta que impulsa tanto la CGT oficialista como
las entidades empresarias acotadas en sus políticas de precios por la
acción del Estado es para no convalidar su traslado al índice
que mide la inflación. O sea, evitar las espirales.
Para lograr este último cometido, la intervención del INdEC ha
venido oficiando de variable de ajuste de la estadística.
