Por Walter Agosto*
El levantamiento policial de fin de año que derivó en aumentos de haberes para el sector -y el efecto expectativa en el resto de los agentes estatales- y la devaluación brusca de enero con su correlato en precios subieron el piso y meten presión a la discusión.
A esto se suma que 2013 fue un año en el que, más allá de las estadísticas, los aumentos nominales del salario promedio no lograron compensar la inflación con la consiguiente caída del salario real, mientras que en enero, el flamante IPCnu registró un inesperado 3,7%. En este marco, las demandas se potencian y en un extremo algunos gremios docentes nacionales reclamaron una suba del 61%, mientras que en el otro el gobierno nacional propone un aumento de 22% escalonado.
Mientras tanto, un grupo de 15 gobernadores intentaron, con poco éxito, coordinar la explicitación de una pauta del orden del 25%, en tanto otros mandatarios optaron por la respuesta unilateral -cosa que podría hacer el gobierno nacional de no prosperar el diálogo- decretando aumentos escalonados que alcanzarán el 30% en la segunda mitad del año.
El gobierno central parece consciente de las dificultades de un desborde de la negociación, no solo por la rápida erosión que implicaría para el tipo de cambio real tras el salto devaluatorio, sino por el impacto que esto generaría en las ya de por sí deficitarias cuentas públicas consolidadas. En esta línea parece inscribirse el aumento de pasividades de 11,31% que se anunció a partir de marzo, uno de los ajustes más bajos desde la vigencia de la ley de movilidad jubilatoria.
Si bien el rubro remuneraciones representa solo el 13% del gasto primario nacional, en el conjunto de las provincias esa participación asciende al 48%, por lo que el tesoro no solo deberá lidiar con su propio costo, sino con el de muchas provincias que no podrán afrontar una política salarial laxa.
Las provincias finalizaron 2013 con un resultado financiero deficitario del orden de los $11.000 millones, con un gasto en personal de $257.000 millones, por lo que cada punto de incremento salarial representa $2.570 millones adicionales de gasto.
Si consideramos como un escenario probable, en virtud del estado de las negociaciones, un incremento promedio de sueldos del 30% -lo que equivaldría a una suba de 34% de la masa salarial en virtud de la automaticidad de ciertos rubros- las jurisdicciones provinciales deberían afrontar la friolera de $77.000 millones de incremento en personal, lo que elevaría el déficit a $ 30.000 millones para este año. Si sumamos los $23.000 millones de vencimientos de deuda, las necesidades financieras de las provincias redondean $53.000 millones.
Pero a diferencia de lo ocurrido el año pasado cuando las recaudaciones tributarias locales aumentaron a un ritmo récord del 50% anual, las provincias ya no podrán aumentar tan fácilmente sus recursos, luego del incremento generalizado de la presión tributaria que vienen registrando. Además, la alternativa de financiamiento vía emisión de bonos bajo la modalidad “dollar linked” a la que habían accedido algunas jurisdicciones, principalmente las más grandes, ha quedado bloqueada como consecuencia de la devaluación.
Ante este estrecho margen de maniobra, es probable que los gobernadores reduzcan sus pretensiones en materia de obras públicas en un año sin compromisos electorales, lo que no resultará neutro. La caída de la inversión pública afectará el nivel de actividad y la dinámica del mercado de trabajo, y repercutirá negativamente en la recaudación de ciertos tributos. También se podrán postergar pagos incrementando la deuda flotante, pero esto solo permitirá compensar una pequeña proporción del desequilibrio proyectado. El resto, recaerá sobre el tesoro nacional, que sin nuevo financiamiento continuará apelando al recurso de la emisión.
*Walter Agosto, investigador principal de CIPPEC (Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento)
