Paridad baja: sirve para negociar con los acreedores y que la CGT acepte el retraso salarial

La subestimación de los números convierte el proyecto de ley de leyes en una mera carta de intención para llevar al FMI y al Club de París, y para presentar en la concertación que convocada para cuando asuma el nuevo gobierno.

17 septiembre, 2007

Superpoderes y emergencia harán la ejecución real.

El proyecto de Presupuesto enviado al Congreso por el Ministerio de Economía contiene una mayúscula sorpresa para uno de los soportes institucionales más importantes que ha tenido el gobierno de Néstor Kirchner, la Unión Industrial Argentina: el cálculo de la paridad fue hecho a $3,21.

Esto implica trasladar la inflación del 8 % pronosticada en las cuentas oficiales al tipo de cambio actual, cuando ni el presidente del Banco Central ni el jefe de Gabinete creen públicamente en la información que suministra el Indec. Es obvio que un alza de 0,6% en el índice de precios no causaría preocupación a nadie.

La consultora Federico Muñoz y Asociados estimó que el dólar perdió 13 % de poder adquisitivo en el país como consecuencia del avance de los precios internos sobre la paridad. En la misma proporción había caído entre 2004 y 2006.

¿Por qué el ministro Miguel Peirano, un hombre muy allegado a la UIA, acepta de puño y letra el retroceso cambiario para el ejercicio venidero? La clave técnica está en la disponibilidad del superávit fiscal previsto (3,15 puntos del PIB), que no alcanzaría para aplicar a la compra de divisas que sostenga la moneda.

¿Por qué no hubo una reacción pública del lobbyng industrialista frente al viraje de la que se llama piedra angular del modelo: tipo de cambio alto, superávit fiscal alto y balanza comercial muy favorable?

Pero, en realidad, el proyecto contiene cifras imaginarias que se irán conciliando con los superpoderes, si el gobierno actual prolonga sus fronteras por otros cuatro años. Ni el PIB crecerá 4%, como se subestimó, sino en 16% para la mayor parte de los analistas, ni la verdad de los precios está cerca de 8%. Por lo tanto, el superávit de 3,15% tampoco coincidirá con los números tirados en el papel.

El presupuesto, así como está, tendría una doble utilidad política que prescinde de su verdadera ejecución: las gestiones ante el Fondo Monetario Internacional, en cuanto asuma el nuevo directorio, para abrirle las puertas a una refinanciación de la deuda en default con el Club de París, y facilitarle a la dirigencia gremial la firma de un pacto social que homologue el verdadero deterioro salarial que provoca la inflación real.

Destrabar el circuito institucional de los créditos multilaterales, que tienen liquidez y tasas blandas pese a los barquinazos que puedan seguir dando las finanzas mundiales, es la prioridad de la transición entre dos gobiernos presumiblemente del mismo signo.

De ahora a fines del 2008, entre capital e intereses de la deuda externa vencen unos US$15.000 millones, que ya sin financiación venezolana ni bancos o bonos del sur pondrán a la Argentina de cara a los acreedores vituperados por la administración de Kirchner.

Los organismos financieros ante los que el país deberá rendir cuentas tan exigentes que tornen innecesarias las auditorías quieren escuchar fórmulas antiinflacionarias, como la apreciación cambiaria, para empezar a hablar.

Quién ve un dólar

El jefe de Gabinete, Alberto Fernández, al asociar la suba de los precios con el crecimiento de la economía, desmintió a Martín Redrado, presidente del Banco Central, quien había encontrado en Londres, durante el seminario organizado por la revista Euromoney acerca de las posibilidades de inversión en la Argentina, un gran cuestionamiento a la inflación real vigente y al rol del BCRA en la preservación de la estabilidad del peso.

El ex titular del Banco Central, Javier González Fraga, opinó que “si se mantiene un superávit fiscal de 2 puntos del PIB, la apreciación es inevitable. Los recursos no alcanzarían para pagar los intereses de la deuda, mucho menos para que el Tesoro compre dólares para sostener la cotización. La clave es volver a los 4 puntos de superávit fiscal. El modelo está desviado, no colapsado. A diferencia de los años 90, se puede corregir sin romper ninguna regla”

.

El Presupuesto de Gastos y Recursos de la Nación repite la fórmula que inició Roberto Lavagna cuando era ministro de Economía: subestimar los números de ingresos para atesorar un dinero no presupuestario cuya manipulación y asignación ha sido el eje de la política 2003-2007.

La subestimación consiste en incorporar al supuesto con que se elabora el Presupuesto una tasa de crecimiento inferior a la que realmente se espera. En este caso equivale a 4% del PBI.

Como consecuencia de la inflación que se refleja en el incremento de la recaudación del Impuesto al Valor Agregado, por ejemplo, aún con una tasa subestimada de crecimiento, hay una subida de los recursos para gasto público de $ 170.000 millones, 17,3% más que los gastos de los que dispone en 2007 el presidente Néstor Kirchner.

La diferencia podría mantenerse a favor de Cristina de Kirchner si en 2008 la economía creciera cerca de un 6% en lugar del modesto 4%. El Ejecutivo Nacional explica sus triquiñuelas en que es mejor realizar proyecciones moderadas que aseguran, en el peor de los casos, el superávit fiscal necesario para el plan económico. Pero, si esto fuese cierto, el Ejecutivo tendría que poner un especial énfasis en la rendición de cuentas del Presupuesto, una vez ejecutado, y esto nunca ha ocurrido.

Tal como se ha informado, el proyecto de Presupuesto 2008 que irá a explicar el ministro Miguel Peirano al Congreso, contempla el superávit primario equivalente a 3,15% del PBI, un crecimiento del Producto Bruto Interno del 4%, y una inflación de entre 7% y 8% anual.

Otra de las claves no desentrañadas por el proyecto es la actualización de las tarifas de los servicios públicos, a las cuales se aplicaría una tabla diferenciada por barrios y franjas de consumo para que sean progresivas, lo cual se haría en el marco de la emergencia económica para evitar debates que pongan en tela de juicio la política desarrollada en la materia desde 2002.

Esta actualización progresiva tendrá lugar en la segunda parte del ciclo económico iniciado al salir de la convertibilidad, con lo que sus efectos serán cuanto menos tardíos.

El comentarista Fernando del Corro recuerda, en tal sentido, que “en la Argentina no hay ciclos largos y cortos al estilo Kondratieff: son todos cortos, especialmente los de bonanza, porque el modelo no da para más, y es el mismo de 1880, aunque cambie el nombre de las commodities”.

De su incredulidad en la letra presupuestaria da muestra diciendo que “la política de sustitución de exportaciones está agotada en la medida en que la inflación se come aceleradamente el adelanto cambiario, por lo que, para sostener este esquema, tendrán que devaluar a no mucho andar”.

Señala que la industria creció haciendo mejor uso de su capacidad instalada pero sin mayores inversiones y, que en aquellos sectores en que las hubo, como el de las automotrices, son altamente deficitarios y generadores de ineficiencia social (más demanda energética, más importaciones de combustibles, más atolladeros de transito, entre otras)”.

Del Corro vaticina que seguramente en bastante menos de dos años el país pasará de tener un balance comercial energético superavitario (acaban de darle a Repsol un premio por sus exportaciones), a uno claramente deficitario, “por lo que dejaremos atrás el barril de US$ 35 actual, a uno de US$ 100 importado, lo que de movida nos dará una media del orden de US$ 50”, precisó.

Superpoderes y emergencia harán la ejecución real.

El proyecto de Presupuesto enviado al Congreso por el Ministerio de Economía contiene una mayúscula sorpresa para uno de los soportes institucionales más importantes que ha tenido el gobierno de Néstor Kirchner, la Unión Industrial Argentina: el cálculo de la paridad fue hecho a $3,21.

Esto implica trasladar la inflación del 8 % pronosticada en las cuentas oficiales al tipo de cambio actual, cuando ni el presidente del Banco Central ni el jefe de Gabinete creen públicamente en la información que suministra el Indec. Es obvio que un alza de 0,6% en el índice de precios no causaría preocupación a nadie.

La consultora Federico Muñoz y Asociados estimó que el dólar perdió 13 % de poder adquisitivo en el país como consecuencia del avance de los precios internos sobre la paridad. En la misma proporción había caído entre 2004 y 2006.

¿Por qué el ministro Miguel Peirano, un hombre muy allegado a la UIA, acepta de puño y letra el retroceso cambiario para el ejercicio venidero? La clave técnica está en la disponibilidad del superávit fiscal previsto (3,15 puntos del PIB), que no alcanzaría para aplicar a la compra de divisas que sostenga la moneda.

¿Por qué no hubo una reacción pública del lobbyng industrialista frente al viraje de la que se llama piedra angular del modelo: tipo de cambio alto, superávit fiscal alto y balanza comercial muy favorable?

Pero, en realidad, el proyecto contiene cifras imaginarias que se irán conciliando con los superpoderes, si el gobierno actual prolonga sus fronteras por otros cuatro años. Ni el PIB crecerá 4%, como se subestimó, sino en 16% para la mayor parte de los analistas, ni la verdad de los precios está cerca de 8%. Por lo tanto, el superávit de 3,15% tampoco coincidirá con los números tirados en el papel.

El presupuesto, así como está, tendría una doble utilidad política que prescinde de su verdadera ejecución: las gestiones ante el Fondo Monetario Internacional, en cuanto asuma el nuevo directorio, para abrirle las puertas a una refinanciación de la deuda en default con el Club de París, y facilitarle a la dirigencia gremial la firma de un pacto social que homologue el verdadero deterioro salarial que provoca la inflación real.

Destrabar el circuito institucional de los créditos multilaterales, que tienen liquidez y tasas blandas pese a los barquinazos que puedan seguir dando las finanzas mundiales, es la prioridad de la transición entre dos gobiernos presumiblemente del mismo signo.

De ahora a fines del 2008, entre capital e intereses de la deuda externa vencen unos US$15.000 millones, que ya sin financiación venezolana ni bancos o bonos del sur pondrán a la Argentina de cara a los acreedores vituperados por la administración de Kirchner.

Los organismos financieros ante los que el país deberá rendir cuentas tan exigentes que tornen innecesarias las auditorías quieren escuchar fórmulas antiinflacionarias, como la apreciación cambiaria, para empezar a hablar.

Quién ve un dólar

El jefe de Gabinete, Alberto Fernández, al asociar la suba de los precios con el crecimiento de la economía, desmintió a Martín Redrado, presidente del Banco Central, quien había encontrado en Londres, durante el seminario organizado por la revista Euromoney acerca de las posibilidades de inversión en la Argentina, un gran cuestionamiento a la inflación real vigente y al rol del BCRA en la preservación de la estabilidad del peso.

El ex titular del Banco Central, Javier González Fraga, opinó que “si se mantiene un superávit fiscal de 2 puntos del PIB, la apreciación es inevitable. Los recursos no alcanzarían para pagar los intereses de la deuda, mucho menos para que el Tesoro compre dólares para sostener la cotización. La clave es volver a los 4 puntos de superávit fiscal. El modelo está desviado, no colapsado. A diferencia de los años 90, se puede corregir sin romper ninguna regla”

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El Presupuesto de Gastos y Recursos de la Nación repite la fórmula que inició Roberto Lavagna cuando era ministro de Economía: subestimar los números de ingresos para atesorar un dinero no presupuestario cuya manipulación y asignación ha sido el eje de la política 2003-2007.

La subestimación consiste en incorporar al supuesto con que se elabora el Presupuesto una tasa de crecimiento inferior a la que realmente se espera. En este caso equivale a 4% del PBI.

Como consecuencia de la inflación que se refleja en el incremento de la recaudación del Impuesto al Valor Agregado, por ejemplo, aún con una tasa subestimada de crecimiento, hay una subida de los recursos para gasto público de $ 170.000 millones, 17,3% más que los gastos de los que dispone en 2007 el presidente Néstor Kirchner.

La diferencia podría mantenerse a favor de Cristina de Kirchner si en 2008 la economía creciera cerca de un 6% en lugar del modesto 4%. El Ejecutivo Nacional explica sus triquiñuelas en que es mejor realizar proyecciones moderadas que aseguran, en el peor de los casos, el superávit fiscal necesario para el plan económico. Pero, si esto fuese cierto, el Ejecutivo tendría que poner un especial énfasis en la rendición de cuentas del Presupuesto, una vez ejecutado, y esto nunca ha ocurrido.

Tal como se ha informado, el proyecto de Presupuesto 2008 que irá a explicar el ministro Miguel Peirano al Congreso, contempla el superávit primario equivalente a 3,15% del PBI, un crecimiento del Producto Bruto Interno del 4%, y una inflación de entre 7% y 8% anual.

Otra de las claves no desentrañadas por el proyecto es la actualización de las tarifas de los servicios públicos, a las cuales se aplicaría una tabla diferenciada por barrios y franjas de consumo para que sean progresivas, lo cual se haría en el marco de la emergencia económica para evitar debates que pongan en tela de juicio la política desarrollada en la materia desde 2002.

Esta actualización progresiva tendrá lugar en la segunda parte del ciclo económico iniciado al salir de la convertibilidad, con lo que sus efectos serán cuanto menos tardíos.

El comentarista Fernando del Corro recuerda, en tal sentido, que “en la Argentina no hay ciclos largos y cortos al estilo Kondratieff: son todos cortos, especialmente los de bonanza, porque el modelo no da para más, y es el mismo de 1880, aunque cambie el nombre de las commodities”.

De su incredulidad en la letra presupuestaria da muestra diciendo que “la política de sustitución de exportaciones está agotada en la medida en que la inflación se come aceleradamente el adelanto cambiario, por lo que, para sostener este esquema, tendrán que devaluar a no mucho andar”.

Señala que la industria creció haciendo mejor uso de su capacidad instalada pero sin mayores inversiones y, que en aquellos sectores en que las hubo, como el de las automotrices, son altamente deficitarios y generadores de ineficiencia social (más demanda energética, más importaciones de combustibles, más atolladeros de transito, entre otras)”.

Del Corro vaticina que seguramente en bastante menos de dos años el país pasará de tener un balance comercial energético superavitario (acaban de darle a Repsol un premio por sus exportaciones), a uno claramente deficitario, “por lo que dejaremos atrás el barril de US$ 35 actual, a uno de US$ 100 importado, lo que de movida nos dará una media del orden de US$ 50”, precisó.

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